El caso del “niño sicario” –nos ubica- llamó la atención de los medios de comunicación y puso como consecuencia en la opinión pública éste y otros muchos casos que afectan a la sociedad. Como “El Ponchis”, desafortunadamente hay muchos casos, tal vez no tan graves, pero si similares; nos dice la jueza, al hacernos ver la importancia de trabajar en muchos ámbitos para abatir esta grave realidad.

La educación, en todos sus niveles, en casa y escuela, son elementales para revertir el fenómeno que crece y que provocó que el aparato Ejecutivo y Legislativo, hayan visto la necesidad de atender de forma especial a una adolescencia y en ocasiones niñez, manipulada y engañada, por “tener poder y poder tener”. Así de clara es la representante del Poder Judicial en esta instancia.

Ubiquémonos en el marco jurídico:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 18 que “la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.

Y detalla nuestra Carta Magna: “La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente”.

En la Constitución morelense, se contempla el tema en el inciso d) de la fracción II del artículo 19. Es extenso y resultaría tediosa su transcripción y lectura; trasciende el que recoge los principios generales establecidos en la federal. Nuestra Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes dan los detalles aplicables a nuestra entidad.

La reinserción social, otro tema para el análisis, sabedores de que es el principio del Sistema Penitenciario en México ha fracaso rotundamente; no es gratuito que los centros de reclusión sean ubicados como universidades del crimen ante la incapacidad de la autoridad inclusive de mantener y manejar el orden en su interior.

Se escucha absurdo, pero es la verdad, que las extorsiones telefónicas se generan del interior de los penales. Es inconcebible, pero está comprobado, que el tráfico de influencias al interior de las cárceles genera de todo: desde la adquisición de un simple cigarrillo hasta una fuga masiva.

Cómo explicar la fuga simultánea en tres penales de Veracruz apenas la víspera, con un saldo de 32 reclusos hoy en libertad. Tan sólo en el año que corre, suman 8 casos similares en territorio nacional. En un lapso de 30 días, de tres penales en Tamaulipas alcanzaron la libertad 93 reos. Jalisco, Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, vivieron experiencias similares.

La joya de la corona la tiene el penal de Nuevo Laredo Tamaulipas en diciembre de 2010 con 141 detenidos hoy riéndose de la justicia y de sus autoridades; súmele 85 en Reynosa en septiembre de ese mismo año.

La Readaptación Social, hoy redirigida bajo la figura de la Reinserción Social, son un fracaso y una meta inalcanzable. Ana Virinia Pérez, en el caso de los menores en Morelos, nos hace notar la falta de presupuesto y nosotros incluimos la falta de decisión política para lograrla.

¿Hacia dónde vamos y qué esperamos de nuestra juventud? ¿Qué queremos de nuestra niñez y cómo lograr enfocarla, protegerla y blindarla ante estas tentaciones que no respetan ni niveles socioeconómicos ni estabilidad familiar?

Y en los casos que desafortunadamente han caído víctimas de la delincuencia organizada estamos obligados a otorgarles una segunda oportunidad. ¿Seremos capaces? ¿Es tema sólo de la autoridad o debemos involucrarnos la sociedad organizada? ¿Debemos dejar el tema en manos de irresponsables legisladores que lejos de ver la problemática más están atentos por su siguiente paso en la vida pública?

Creo que las respuestas son muy sencillas. Involucrémonos y exijamos. Nuestros hijos pueden ser tentados.