El Congreso de Morelos hizo lo propio y ayer avaló la reforma aprobada por el Senado de la República que eleva a rango constitucional la obligación del Estado de otorgar un apoyo económico de al menos un salario mínimo, por un periodo de hasta 12 meses, a jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen, para que se capaciten en alguna unidad económica.
A grandes rasgos, se trata del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que inició en el año 2019 en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque ha sido señalado por diversas fallas en su ejecución, la autoridad sostiene que es muy exitoso.
Las cifras oficiales refieren que desde su lanzamiento ha beneficiado a tres millones 53 mil jóvenes, y siete de cada 10 egresados han encontrado un empleo o alguna ocupación productiva.
Si tomamos en cuenta que la función principal del Estado es generar las condiciones propicias para que una de sus partes —la población— goce de un nivel de bienestar adecuado, la recién aprobada reforma es un acierto y va más allá de simplemente estigmatizar a un estrato de la población a la que, por años, el propio Estado le ha fallado, al no darle acceso a educación y empleo.
