“El tiempo de respuesta para resolver las controversias de los usuarios se redujo a menos de la mitad, al pasar de 53 días hábiles promedio en 2006 a 25 días en 2010.

Las resoluciones a favor de los usuarios se incrementaron de 30% en 2006 a 57% en 2010.

En 4 años aumentaron 10 veces las llamadas diarias atendidas en el Centro de Atención Telefónica.

Las consultas a la página web aumentaron 53%, pasaron de 94 millones en 2006 a 14.4 millones durante 2010.

La Condusef se ha convertido en asesora de millones de mexicano de clase media y sabemos que la atención a los usuarios de servicios financieros puede mejorar más, pero existen datos que demuestran que hemos avanzado durante esta administración”.

Hasta aquí el texto. Las cifras siempre son frías pero, a final de cuentas, reflejan el quehacer institucional de la Condusef. Ello no implica ni quiere decir, sin embargo, que las personas dejen de ser acosadas por los representantes de las instituciones bancarias, o peor aún, a través de los despachos jurídicos que contratan los bancos para el cobro de deudas.  En muchos casos, por encima de los acuerdos existentes entre la Condusef  y la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob), en los que ésta se obliga a realizar su gestión sin amenazas, maltratos, ofensas o engaños, se constituye en una virtual persecución en contra, incluso, de quienes no tiene adeudos con el sistema financiero.

Personas que no tienen crédito alguno -o contrato bancario- han padecido el acoso de los despachos de cobranza en sus hogares. Estos ciudadanos, sin ser deudores de la banca “reciben” los cobros de otras personas que en su momento vivieron en ese lugar. Y por más que tratan de explicar a los bancos que no se trata de ellos, reciben llamadas telefónicas durante todo el día, incluida la madrugada, o bien, son visitados por personal de los despachos en sus domicilios para  pedirles que cumplan con su “obligación”.   En las redes sociales, blogs, You Tube, o en las páginas en internet se pueden encontrar infinidad de casos con soporte de audio que describen los atropellos de la banca.

Las entidades financieras de la banca comercial, en efecto, tienen el derecho de  requerir el pago de una deuda. Pero ésta se debe ejercer sin atropellar la dignidad del deudor. Se tienen que cumplir con los principios rectores del G-20 en materia de protección a los usuarios de servicios financieros. Las malas prácticas de los bancos dañan a los usuarios de la banca, más aún, gravitan en la posibilidad de que la población en general se anime a ser usuario de la misma, optando por acceder a otras fuente de de financiamiento que –en muchos casos- son poco claras.

Y eso implica que la propuesta del G20 "Principios de Alto Nivel para la Protección de los Consumidores de Servicios Financieros”, suscrita por nuestro país como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se cristalicen en nuestro país; son obligaciones legales del Estado mexicano en defensa del los usuarios de la banca. Al legislativo, por su parte le queda la tarea de ser más claros en las iniciativas respecto a  la defensa de  millones de usuarios mexicanos que utilizan los servicios bancarios a lo largo y ancho del país.

ALREDEDOR DEL PAÍS

SEP.- Le deseo, desde este espacio, una pronta y completa recuperación a Alonso Lujambio, Secretario de Educación Púbica y estimado ex-compañero en el Consejo General del IFE.

LIBROS.- “La disputa por la educación” es el título del libro que en este momento se encuentra en prensa. Con el sello de Santillana esta obra está coordinada por el autor de estas líneas y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez. Recoge las voces de algunos de los principales actores que, desde hace muchos años, son copartícipes de las mejores causas sociales en el ámbito educativo e intelectual, siempre a favor del progreso individual y colectivo. Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del IPN; Fernando Gonzáles, subsecretario de Educación Básica de la SEP;  Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura de Sonora; Rafael  López Castañares, Presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Margarita Zorrilla, director general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE);  Miguel Agustín Limón, director general de la Comisión Nacional del Libro de Texto (Conaliteg);  Esteban Moctezuma, de la Fundación Azteca; David Calderón, de Mexicanos Primero, y los especialistas Carlos Muñoz Izquierdo, Eduardo Andere, Luis Maldonado, Juan Carlos Palafox, Humberto Valverde, Rosalba Sierra, conforman el núcleo de visiones sobre  el entorno del  sistema educativo.

SEGOB.- Mi sentido pésame a la familia de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación y funcionarios públicos de esa dependencia y militares que fallecieron en el lamentable accidente aéreo.  Perdieron la vida en el cumplimiento del ejercicio público.

SRE.- Llama la atención la falta de cuidado, y respeto a los principios legales (constitucionales), la forma en que la Secretaria de Relaciones Exteriores regula e implementa la política consular. En particular, la discrecionalidad y autoritarismo con la que controla -o no- la expedición de pasaportes.