Ahora, su posición es vulnerable gracias al proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar en el amparo directo en revisión (517/2011). Y la decisión que tome la mayoría de los ministros de la Primera Sala de la Corte representará un juicio sobre la política de seguridad y justicia del presidente Calderón.
Pero el gobierno no tuvo por qué ponerse en este aprieto. Como en algunos de los ataques clásicos en el ajedrez, pudo haber sacrificado en su momento una pieza importante en el tablero para, más adelante, ganar la partida.
El hecho es que Florence Cassez fue declarada culpable y sentenciada a 60 años de prisión por tres instancias (juez quinto de Distrito en Procesos Penales Federales en el DF; Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito). Pero luego, al convertirse en un alfil de Sarkozy, el gobierno mexicano tuvo la oportunidad de cerrar el expediente para siempre.
De haber concedido la petición de extradición, el caso se hubiera trasladado fuera de la jurisdicción mexicana, y las autoridades lo hubieran podido presentar como un éxito policíaco. Lo que sucediera en Francia después debió haber sido visto como un asunto propio de su sistema judicial, no del nuestro.
La solución legal a un problema político estuvo un tiempo sobre la mesa. El Tratado de Estrasburgo establece que “una persona condenada de una Parte podrá con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada a otra Parte para cumplir la condena que se le ha impuesto. A tal fin, podrá expresar, bien al Estado de condena bien al Estado de cumplimiento su deseo de que se le traslade en virtud del presente Convenio”.
Los procesos judiciales son un conjunto de reglas, recursos, métodos y circunstancias en las que participan un número limitado de actores. Dichos procesos tienen que ver con la inocencia o culpabilidad material del acusado. Pero a veces ese hecho es marginal o intrascendente. Entendido esto por los actores relevantes, se trata de un juego de fuerzas, con reglas flexibles y circunstancias cambiantes. Y, por ello, de estrategia legal y política.
Al permitir que los intereses y maniobras de Sarkozy influyeran (negativamente) en la lógica judicial del Ejecutivo, el affaire Cassez se quedó en México y se abrió una oportunidad para que pudiera ser revisado una vez más. Es cierto que en ese momento resultaba muy improbable que la SCJN admitiera en una “cuarta” instancia la revisión del caso. Pero lo hizo. Y ahora la Primera Sala está llamada a resolver su inocencia o culpabilidad. El proyecto de sentencia de Zaldívar “revoca la sentencia recurrida y ordena la absoluta e inmediata libertad de Florence Marie Cassez Crepin”.
De ser aprobado por mayoría de la Primera Sala, se trataría de una condena a la política policíaca y de justicia del gobierno mexicano: un tipo de sanción a la actual Secretaría de Seguridad por haber violado la ley. El ministro Zaldívar justifica el amparo a Florence Cassez “... cuando la autoridad (policíaca) actúa violentando los principios constitucionales que rigen su actuación...” (Pág. 140)
Como lo dicen todos los libros de texto del ajedrez, “el deseo y la preferencia personal deben dejar el lugar a la lógica y la habilidad para leer el tablero correctamente”. La reina no se sacrificó oportunamente y ahora la iniciativa pasó al adversario, y a la posibilidad de un revés en la Suprema Corte de Justicia.
