Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 26 Abril 2019 05:01

El general Manuel Farfán Carriola

El 26 de septiembre del 2009 parecía ser un día normal para los policías José Santiago Bahena y Víctor García Gaspar. Llegaron temprano a las instalaciones de la entonces Policía Metropolitana de Cuernavaca, pasaron lista en el sector uno y se dirigieron a la armería por sus pistolas de cargo, pero no se las entregaron.

La mujer ya entrada en años mandó llamar a la adolescente que hacía las veces de sirvienta y le dijo al hombre que esperaba en la puerta: “No tengo los 80 mil pesos que me prestaste, pero aquí está ésta muchacha, a cambio de lo que te debo”. El acreedor dijo que era una menor de edad, que no quería problemas con la Ley, y se retiró.

Lo anterior no es parte de una novela ni el guion de una película de Alfonso Cuarón, sino parte de una carpeta de investigación, la SC01/2815/09, derivada de hechos reales que ocurrieron en el municipio de Tepoztlán, hace una década.

Fue la disputa legal por la patria potestad de dos niños, uno de cuatro y otro de tres años de edad, hijos de una adolescente de nombre Sandy, indígena de Tepoztlán, en la que se vieron involucrados los tres poderes del estado, mismos que mandaron a sus mejores abogados a litigar el asunto.

Siendo menor de edad, Sandy entró a trabajar con la señora Petra Alvarado, propietaria de una tienda en el municipio de Tepoztlán y una especie de bar.

"Al principio sí me pagaba, me regresaba a mi casa, pero después ya no me dejaba ir y no me quería pagar, máximo me daba 200 pesos cada ocho días, y cuando yo me quería escapar no me dejaba, me amenazaba, que no me fuera porque me iba a matar", declaró la joven indígena.

La empleada doméstica, todavía no cumplía los 18 años cuando quedó embarazada del hijo de su patrona, David Piedra Alvarado, y no sólo una vez, sino dos veces.

Tenía 16 años cuando Petra Alvarado la intentó vender con uno de sus acreedores. "Llegó un señor de San Juan (Tepoztlán), a cobrar 80 mil pesos, pero la señora no tenía dinero y me mandó llamar y le dijo no tengo dinero, le doy a esta muchacha a cambio de lo que le debo", explicó la joven a las autoridades.

El acreedor se resistió a recibirla como pago, para evitarse problemas, y ante ese intento de venderla Sandy tomó a sus dos hijos y abandonó la casa de doña Petra.

Sin embargo, narró que mientras ella fue a buscar algo para darle de comer a los niños, su patrona llegó a la casa de la familia donde los dejó encargados y se los llevó.

Luego de buscarlos durante días, se enteró de que Petra Alvarado los llevó a un orfanato que se encuentra en Tepoztlán (Casa Eugenia) diciendo que los había encontrado en la calle, y de ahí los canalizan al DIF estatal.  

La madre de los dos menores aseguró  que intentó recuperar a sus hijos, pero en el DIF no le permitían siquiera entrar a las oficinas del albergue donde los tenían, hasta que un día le informaron que los habían dado en adopción.

En este ir y venir Sandy conoce a Susana Díaz, de la Comisión de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien a su vez la contacta con el entonces diputado local Fidel Demédicis Hidalgo.

A partir de su intervención, el asunto avanza a pasos agigantados y además salen a relucir presuntas irregularidades en el proceso de adopción por parte del DIF Estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Juzgado Octavo de lo Familiar y la Dirección Estatal del Registro Civil.

Por ejemplo, la Procuraduría del Menor y la Familia ordena al Registro Civil dar de alta a los menores y les cambia los nombres por los de Carlos y René, con los apellidos Hernández Sotelo, mismos apelativos de un empleado del DIF.

Cuando la Procuraduría de Justicia se los encargó al DIF para que los cuidara en lo que se resolvían las dos carpetas abiertas, (una por sustracción de menores presentada por Sandy, y otra presentada por el DIF acusando a Sandy de abandono y maltrato), la Jueza Mariela González hizo caso omiso y se inició el juicio de adopción promovido por una pareja que no podía tener hijos.

La Jueza Martha Gutiérrez Vargas, como medida provisional entrega a los menores a la pareja adoptante, y la Jueza de lo familiar Mariela González Gómez hasta el 3 de marzo del 2010 suspende el procedimiento cuando ya el asunto estaba siendo ventilado en los medios de comunicación.

El asunto se politizó. Por un lado estaba el diputado perredista que desde entonces ya soñaba con una candidatura a gobernador del estado y a quien le quedaba “como anillo al dedo” el caso de la adolescente indígena a la que habían despojado de sus hijos.  Del otro lado estaba la presidenta del DIF, Mayela Alemán de Adame, convencida de que los niños estarían mejor con la pareja de adoptantes que con la madre biológica.

En medio estaba la jueza Mariela González del Tribunal Superior de Justicia, y por si esto fuera poco el Poder Judicial federal también intervino, al conceder un amparo a los padres adoptantes para que no les quitaran a los niños. Contratada por Fidel Demédicis, la ex jueza Olga Muro promovió un amparo para exigir que devolvieran a los menores con su madre.

¿En qué acabó ésta historia? ¿

Nadie sabe cómo la convencieron, pero de repente Sandy dejó de luchar por sus hijos, se desistió del amparo y se regresó a Tepoztlán, a la misma casa donde la esclavizaban desde niña. 

A diez años de distancia la abogada Susana Díaz nos cuenta el final de la historia. “Las autoridades le robaron a sus niños a esta muchacha, afortunadamente, encontraron una familia que los ama y cuida con esmero”.

-¿Crees que los niños estén bien?- le pregunto.

-  No sólo lo creo. Estoy segura. Cuando los llevaron a la prueba de ADN, el niño mayor nunca soltó la mano de su papá adoptivo.

HASTA MAÑANA.

 

 

El 11 de junio de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó a través de su secretario ejecutivo una denuncia en la Fiscalía General de Morelos por el probable delito de peculado, en el que 2.7 millones de pesos que fueron erogados de enero a diciembre de 2014 no tenían sustento ni comprobantes fiscales.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó al IMIPE copia de esa denuncia. Le informaron que la misma estaba clasificada como confidencial por contener datos personales “cuya difusión vulneraría el derecho a la intimidad, el honor, el crédito y el prestigio de una persona, así como generar desprestigio de las personas señaladas como indiciadas”.

Después de varios intentos, una copia de la denuncia fue entregada a los solicitantes aunque testándole los datos que ellos consideraban no debían ser públicos. 

Está resolución que permitía al IMIPE clasificar la información, fue impugnada por el organismo solicitante ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 3 de abril, el INAI por mayoría de sus comisionados resolvió que el IMIPE debe modificar su respuesta valorando conforme a la ley qué sí puede clasificar y qué no, además de que deberá proporcionar información sobre el estado de la investigación y denuncia.

“Valoramos que este caso de probable corrupción en 2014 no debe quedar impune, más aun tratándose de una institución que participará en el Sistema Anticorrupción y que es garante de la transparencia”, comentó Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la denuncia?

Está dirigida a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y la firma el licenciado Guillermo Arizmendi García en su calidad de apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

“Que vengo mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 227 párrafo primero, 228, 229, 231, 232 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, a formular denuncia y/o querella por hechos cometidos en perjuicio de mi representada, y que considero constitutivos del delito de Peculado y/o lo que resulte, en contra de (TESTADO) y/o quien resulte responsable, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en (TESTADO), Cuernavaca Morelos”.

En el documento señala que el IMIPE es un órgano constitucional autónomo, y que con fecha 16 de enero el Pleno del Consejo del IMIPE aprobó el presupuesto de Egresos para ese año.

“En sesión de fecha 4 de febrero de (TESTADO) mediante el acuerdo número 25, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobó por unanimidad de votos la contratación de la ciudadana (TESTADO) como auditora Externa, para realizar una auditoría externa detallada al área administrativa a efecto de determinar el resultado de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado los criterios señalados en el presupuesto aprobado conforme a las disposiciones aplicables, así como justificar el cumplimiento del programa operativo anual y sus objetivos en cada área por lo que respecta al soporte del ejercicio fiscal así como los documentos que contengan las cuentas públicas presentadas derivadas del ejercicio (TESTADO) a la fecha”.

El 16 de abril  (se entiende que de 2015 aunque el IMIPE se empeña en ocultar el año en que ocurrió el hecho), la contadora dio a conocer en sesión de Pleno las irregularidades detectadas en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de (TESTADO).

“Las irregularidades detectadas en la contabilidad del IMIPE, consisten en la expedición de diversos cheques de la cuenta 65501572567 del Banco Santander, cuyo titular es el IMIPE, así como transferencias bancarias en línea y depósitos realizados por el ciudadano (TESTADO) de la cuenta del IMIPE a su cuenta personal número (TESTADO) de la institución bancaria Santander; disposiciones por un monto total de 2,784,825.83 (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticinco 83/00) Con motivo de lo anterior, se hicieron constar diversos conceptos en las correspondientes pólizas de egresos, sin contar con la factura o comprobante correspondiente que justifique los pagos y depósitos realizados, es decir, el detrimento patrimonial deriva de diversos conceptos de gastos no comprobados”.

Aunque la denuncia está llena de rayas negras que cubren lo que según ellos no debe ser público, se deduce que es un varón y que ocupaba el cargo de coordinador, y si tenía a su cargo el manejo de los dineros se intuye que era un coordinador de administración o finanzas.

Y su jefe era el doctor Víctor Díaz Vázquez, presidente del IMIPE durante ese periodo. 

Los tres comisionados del IMIPE se lavan las manos al aprobar por unanimidad la propuesta de presentar una denuncia contra el funcionario, pero quedan muy mal parados al resistirse a sacar a la luz pública el nombre del responsable del mal uso de esos casi tres millones de pesos y las circunstancias específicas en que se dio el delito.

¿Cuánto representa 2.7 millones de pesos? Una  bicoca en comparación con el presupuesto del IMIPE o de todo el gobierno estatal.

Pero lo grave es que esto ocurra dentro de un organismo que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad.

Por otra parte, nadie se puede explicar por qué a casi cuatro años de distancia la Fiscalía General no ha judicializado la carpeta, si ya se tiene bien definido que el dinero que salía de la cuenta de la institución gubernamental, era canalizada a la cuenta personal del desleal empleado.

¿Qué más necesita saber o demostrar el fiscal Uriel Carmona para solicitar la orden de presentación correspondiente? ¿Están esperando a que prescriba el delito?

HASTA MAÑANA.

Martes, 23 Abril 2019 05:03

Los delincuentes no leen periódicos

Los delincuentes no leen periódicos ni ven noticieros en la televisión. Por eso es que nos causa risa escuchar a políticos que sostienen que la delincuencia bajó en cuanto ellos entraron a gobernar, o que se recrudeció la violencia como una reacción a sus acciones contra los malhechores.

La delincuencia común y la organizada tiene sus propias agendas y éstas no tienen nada qué ver con los tiempos políticos. Al ratero que sale a la calle en busca de un ciudadano despistado para arrancarle la bolsa o el celular, o el que sale por las noches a ver qué casa encuentra sin medidas de seguridad para robarle, le importa un soberano cacahuate quién esté gobernando el municipio, el estado o el país. Ellos van por el dinero, así de fácil.

El “jefe de plaza” de un lugar tiene por encargo garantizar que la droga llegue a los distribuidores y que estos la vendan y el dinero producto de la venta regrese por el mismo camino; cuidan que no haya competencia de otros cárteles y a ellos menos que a nadie les conviene “calentar la plaza” con un homicidio innecesario.

Lo más que llegan a relacionarse con el medio político son los capos regionales y esto es antes de las elecciones. Los líderes de una región suelen apoyar con recursos económicos a algunos candidatos. Si el candidato triunfa, exigen la devolución de su aportación y una ganancia.

Por todo lo anterior, quien esto escribe rechaza adjudicar el número de víctimas de los homicidios al gobernante en turno. No son los 200 mil muertos de Felipe Calderón ni los 150 mil muertos de Enrique Peña Nieto. Hay una responsabilidad indirecta porque en teoría todo lo que ocurre en un lugar –tanto bueno como malo– es responsabilidad del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la República, sin embargo, no puede achacársele el delito como si él lo hubiera cometido.

Ciertamente la constitución habla de que el estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero ni con 200 mil policías se podrá evitar que usted sea asaltado al salir de su casa o al viajar en un microbús. Se puede reducir el riesgo poniendo cámaras de videovigilancia, lo que también servirá para (posiblemente) detener al delincuente después de que haya cometido su fechoría, pero nada garantiza que uno de los miles de jóvenes que transitan por la ciudad de pronto saque un arma y asalte a la persona que va pasando.

Bajo esa perspectiva, es tonto el candidato que promete terminar con la delincuencia, pero más tonto el votante que se lo cree.

Graco Ramírez Garrido prometió “acabar” –así de tajante- con la delincuencia en año y medio. Ya como gobernador, primero dijo que él había dicho que en ese tiempo estaría la infraestructura necesaria para reducir la incidencia delictiva. “No me pidan milagros”,  declaró cuando ya se acercaba el plazo. Y terminó por reconocer que se equivocó al prometer que acabaría con la delincuencia en 18 meses, “en la efusividad de las campañas electorales, eso me pasa por hablador. Me tardé más pero lo logré”, según él.

Obvio que no terminó con la delincuencia. Lo que hizo Graco fue pagar una costosa campaña publicitaria para que hubiera la percepción de que estábamos rodeados de cámaras de videovigilancia y que había miles de policías. También (a través de Alberto Capella), maquilló las cifras que se enviaban al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que pareciera que se había reducido la incidencia delictiva.

Que quede claro: ni lo de Minatitlán, Veracruz fue una acción dirigida a afectar políticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni lo de Cuautla fue orquestado por Graco Ramírez para desestabilizar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Que grupos políticos hayan aprovechado las dos circunstancias para golpear a los gobiernos federal y estatal eso es innegable, pero son cuestiones colaterales.

Dicho sea de paso (y con todo el dolor del mundo), los niños asesinados también son hechos circunstanciales. Tanto en Minatitlán, como en Cuautla, y hace apenas unas cuantas horas en Tabasco, los ataques iban dirigidos a presuntos delincuentes que desafortunadamente estaban acompañados de menores de edad, según los informes oficiales.

Ayer escuchábamos la conferencia “mañanera” de López Obrador. Me van a odiar, pero parecía que estaba escuchando a Graco Ramírez.

Y es que el también tabasqueño se pasó los primeros tres años de su gobierno culpando de todo a los gobiernos anteriores. “Ya no se tolera la impunidad arriba.  En Veracruz había mucha complicidad, eso ya se termina. Desde luego hay una inercia que poco a poco tendrá que irse enfrentando”, dijo el presidente.

“¿Que estamos haciendo? Estamos empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento. Y yo considero que nos va a llevar a algún tiempo pero va a empezar a bajar. Nuestros adversarios quisieran que fracasáramos pero se van a quedar con las ganas”, apuntó.

Y luego remató: “Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera tenemos autoridad política. No hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito. No estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”.

No pude evitar recordar a Graco Ramírez. Ya sólo faltó que dijera: “Yo no bailé con las hijas de los narcotraficantes”, su frase que repitió hasta el cansancio en alusión a Sergio Estrada Cajigal y su presunta relación sentimental con la hija de Juan José Esparragoza “El Azul”.

Y AMLO está cometiendo el mismo error que el perredista: poner un plazo fatal para bajar la delincuencia: Ya dijo que en seis meses, cuando todos los jóvenes tanto estudiantes como no estudiantes estén recibiendo sus apoyos de la Secretaría de Bienestar Social, “y la delincuencia ya no tenga de dónde agarrar jóvenes para reclutar”.  “Becarios, no sicarios”, decía el odiado Graco.

“Y sí. Nosotros también tenemos un gobernador honesto como Cuitláhuac García y un comisionado de Seguridad que es buena gente”. Lo malo es que a los delincuentes eso les importa poco.

“Fue un error que el gobernador anterior haya dejado a su fiscal”. Lo dijo el presidente López Obrador en Veracruz, pero tiene plena aplicación en Morelos.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

¿Sabe usted cómo se llama actualmente el director de la Policía Ministerial? Yo tampoco. Y seguramente alguien dirá que ya no existe esa corporación, ahora se llama “Policía de Investigación Criminal”, pero es la misma que alguna vez se llamó Policia Judicial (indebidamente porque no dependía del Poder Judicial, sino del Ministero Público) y a partir de los gobiernos panistas pasó a ser la Policía Ministerial.

Viernes, 19 Abril 2019 05:33

Cuautla, “en el ojo del huracán”

Lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Cuautla bien podría ser el libreto de una de esas series de Netflix donde los diferentes grupos (formales y fácticos) se disputan el poder. Y es que no solamente hay drama y acción, sino que también los escenarios van cambiando día con día, así que hay que estar bien enterados de lo que está ocurriendo hoy, porque mañana puede cambiar radicalmente.

Vamos analizando cronológicamente:

El 13 de abril del 2019, sábado por la tarde, hombres armados irrumpieron en el restaurante “Los Estanques”, en Cuautla.  Autoridades oficiales confirmaron en ese momento la muerte de seis personas, cuatro adultos y dos menores de edad. Con el paso de los días fallecería una menor y una mujer mayor.

Lo primero que todo pensamos y causó la indignación generalizada, es que se trataba del clásico ataque porque los dueños no accedieron a pagar la famosa “cuota” también conocido como “derecho de piso” que solicitan los grupos de delincuencia organizada.

Luego trascendió que entre las víctimas había dos médicos, lo que incrementó la indignación porque ese gremio tiene un amplio reconocimiento en la sociedad.

 Los nombres de los médicos que ese día estaban como comensales son Guillermo Domínguez Muñoz, quien tenía poco tiempo de haber dejado la dirección del Hospital General de Cuautla, y Alejandro Elizalde Hernández, oriundo de Huexca.

Durante todo el domingo las redes sociales se llenaron de reproches al gobierno del estado y durante toda la mañana del lunes reporteros de todos los medios esperaban afuera de Palacio de Gobierno a que saliera  el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros, a quien le exigían una explicación.

Fue hasta pasadas las 3 de la tarde que el vicealmirante hizo una declaración a los medios de comunicación que vino a dar un vuelco a la situación, y los médicos pasaron de víctimas a sospechosos.

Y es que, según Ortiz Guarneros, no hubo amenazas previas o solicitudes expresas de dinero por parte de alguno de los cinco grupos de delincuencia organizada que se disputan el territorio morelense, en contra de los propietarios de “Los Estanques”.

De acuerdo a testigos, llegaron dos familias y pidieron un lugar “apartado, privado”, a lo que los meseros contestaron que no tenían nada con esas características, ante lo cual los visitantes optaron por quedarse, pero pidieron que las mesas estuvieran en la parte de atrás del restaurante.

Al poco tiempo llegó una camioneta tipo Suburban de donde descendieron varios sujetos fuertemente armados y comenzaron a disparar específicamente contra esas dos familias. Habiendo podido hacerlo, no le dispararon a ningún otro comensal ni a trabajadores del restaurante, advirtió el marino. “Mañana el fiscal les va a dar más detalles en conferencia de prensa”, anunció Ortíz Guarneros.

El detalle que le vino a dar un ingrediente político al asunto es que hubo una “filtración” de unas fotografías de pantallas de conversaciones en “Whatsapp”, en las que alguien que al parecer trabaja en el Ayuntamiento de Cuautla estaba organizando una marcha en contra del gobierno estatal.

En esas conversaciones el empleado municipal le pedía a los miembros del grupo de “Whatsapp” hacer viral unos videos en los que se pedía la renuncia del gobernador y de Guarneros. “En el estacionamiento estaremos pasando lista el licenciado Ricardo Robledo y un servidor”, advierte el usuario.

Eso desató una guerra en Facebook a través de páginas falsas en las que se recordó que Lucía Meza fue diputada local por el Partido de la Revolución Democrática y trabajó muy de cerca con el ex gobernador Graco Ramírez, además de que su esposo fue subsecretario de Gobierno.

Y lo que es un secreto a voces: que ante las limitaciones del alcalde Jesús Corona quien ha tomado las riendas del Ayuntamiento de Cuautla ha sido Lucy Meza, Ricardo Robledo y su familia.

Por si esto fuera poco, en el movimiento en defensa de los médicos agredidos aparece Arturo Cruz Mendoza, médico de profesión, presidente municipal de Cuautla hace varios años y quien le dio la primera oportunidad de trabajo a la hoy senadora Meza.

Hábil como siempre ha sido (supo cambiarse del PRD a Morena justo a tiempo), su equipo de Lucía Meza difundió un boletín en el que “respaldó la postura del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la estrategia de seguridad anunciada el día de hoy (miércoles 17), tendiente a garantizar la protección de la integridad física de los turistas que acudirán a Morelos en este periodo vacacional de Semana Santa”.

 “Coincido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco en que existen actores políticos que se aprovechan de las circunstancias adversas y de hechos sangrientos, para generar confrontaciones. A esos actores políticos yo les digo que no se van a salir con la suya, no van a lograr desestabilizar al gobierno ni a destruir las alianzas en favor de Morelos”, concluye el comunicado.

Pero el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no se quedó atrás, y en un “jugada maestra”, se sentó a dialogar con los médicos de Cuautla y les puso al fiscal Uriel Carmona para que les explicara los avances del caso.

La información oficial es que el gobierno se comprometió a llegar hasta sus últimas consecuencias  para hacer justicia al médico que falleció. Pero de acuerdo con fuentes internas del gobierno estatal, en la reunión privada “se abrieron” los funcionarios y les dijeron a los galenos que sus colegas están metidos hasta el cuello en asuntos de drogas, lo que hizo que dieran marcha atrás a sus intenciones de encabezar movilizaciones.

¿Y se acuerdan que había varios heridos hospitalizados? Pues resulta que entre esos están dos de los atacantes, lo que echa por tierra la versión de que fue un ataque directo y refuerza la hipótesis de que fue un enfrentamiento entre dos bandas antagonistas.

Incluso dan un nombre: Raymundo Castro Salgado, apodado El Ray. Aunque al principio sobresalió la hipótesis de la confusión (que hizo famosa Carpizo McGregor en el caso del Obispo Posadas Ocampo), al final se mantiene la posibilidad de que iban por “El Ray”, pero también que hubiera una relación de amistad entre el supuesto jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación y los médicos atacados, uno de los cuales, por cierto, sigue vivo.

HASTA EL LUNES.

 

Antes de irse de vacaciones, los diputados de la LIV Legislatura Local aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para dar marcha atrás a algunas de las ventajosas modificaciones legales que hicieron “los diputados de Gayosso” antes de irse, una de ellas la que disponía de escoltas y una pensión vitalicia para los fiscales que el gobierno de Graco Ramírez le heredó al de Cuauhtémoc Blanco.

Cabe recordar que en sesión plenaria de la Quincuagésima tercer Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el día 10 de julio de 2018 fue aprobado el decreto número tres mil doscientos cuarenta y ocho, por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; y se reformaron, adicionaron y derogaron distintas disposiciones de diversas leyes estatales y el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; adscribiendo la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El decreto citado en el párrafo inmediato anterior fue publicado el 11 de julio de 2018, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 5611 alcance, adquiriendo vigencia a partir del día 12 del mismo mes y año.

“Del análisis del decreto número tres mil doscientos cuarenta y ocho, por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; los iniciadores observamos un desacierto normativo que se aleja de la Constitucionalidad local y federal”, refiere la iniciativa de reforma que tuvieron a bien enviar a este columnista.

Aseguran los iniciadores de la propuesta que “de manera desatinada la Quincuagésima tercer legislatura, dispuso que los Fiscales General, Anticorrupción y Antisecuestro al dejar el cargo contarían con el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo de su desempeño, así mismo de manera excesiva determinaron que dichos funcionarios recibirían de manera vitalicia el equivalente al cincuenta por ciento de su último salario neto, situación que consideración de los suscritos escapa de legalidad”:

Esgrimen los siguientes argumentos:

Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de pensión se define como la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad (SIC) orfandad o incapacidad.

Así mismo el Diccionario Jurídico Mexicano, tomo VII, edición 1982, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la palabra pensiones proviene del latín pensio-onis, que se traduce como la cantidad que se asigna a uno por méritos o servicios propios.

En ese contexto se arriba a la conclusión que la disposición normativa que prevé que los Fiscales General, Anticorrupción y Antisecuestro se harán acreedores a una remuneración económica de manera vitalicia, no constituye figura distinta a la de una pensión, que dicho sea de paso se aleja incluso del significado del propio vocablo.

De lo antes expuesto se aprecia que lo dispuesto en el ordinal 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado encuadra en las hipótesis gramaticales antes referidas. De tal suerte que resulta que el dispositivo legal citado se aleja significativamente de lo previsto en las disposiciones Constitucionales que a continuación se enuncian:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 127. …

  1. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 131. …

  1. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Así las cosas, de una revisión integral de los artículos 79-A y 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, encontramos que no fue ánimo del legislador disponer una pensión vitalicia a los Fiscales tantas veces referidos, por tal motivo al no existir una justificación plena que genere un apego a Constitucionalidad, los iniciadores consideramos dicha disposición inviable.

“Los iniciadores estimamos que para otorgar una pensión en dichos términos, la misma debió ser prevista con anterioridad en el marco constitucional que da origen a la Fiscalía General (79-A y 79-B), tal y como se da en el caso de los “haberes de retiro” de los Magistrados integrantes del Poder Judicial, los cuales si se encuentran previstos en los párrafos octavo y noveno del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, situación que con respecto a la multicitada pensión vitalicia no acontece”, agrega.

En ese contexto, la presente iniciativa plantea modificar de manera integral el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de suprimir el marco normativo que da lugar a una excesiva e injustificada pensión vitalicia que a futuro impactaría en el presupuesto público otorgado a la Fiscalía General del Estado.

“De igual modo no pasa desapercibido el riesgo latente que conlleva el haber ostentado el cargo de Fiscal General, Anticorrupción o Antisecuestro, sin embargo la medida de adoptar idéntico dispositivo de seguridad durante su retiro se considera excesiva, de tal suerte que para efectos de garantizar la seguridad por el cargo desempeñado, se propone una custodia permanente de dos escoltas, mismos que salvaguardaran la integridad de los ex funcionarios por el mismo tiempo que desempeñaron el cargo, pudiendo ampliarse el número de escoltas por acuerdo del Fiscal General en turno”.

Ahí están los argumentos de los diputados (o sus asesores), mismos que seguramente serán objeto de revisión por los tribunales constitucionales, luego de que Uriel Carmona o Juan Salazar Núñez, o ambos, interpongan sendos amparos contra dicha disposición legal para evitar que les apliquen una ley en forma retroactiva.

HASTA MAÑANA.

 

Factores externos y circunstancias atípicas hicieron que en los últimos dos años en Morelos el “derecho a saber” haya atravesado por sus peores momentos, con instituciones gubernamentales que disfrutaron de la opacidad  propiciada por la transición normativa y con un órgano garante (el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística), entrampado y cuestionado, en manos de la persona que menos experiencia tiene en este rubro, la psicóloga Dora Ivonne Rosales Sotelo.

El asunto de los hechos ocurridos el pasado sábado en la comunidad de El Hospital, municipio de Cuautla, ha dado un giro inesperado.

En los últimos meses del gobierno de Marco Adame Castillo sucedió algo inusual en materia de transparencia: el director del Sistema DIF Morelos, Rafael Martínez, interpuso un amparo para impedir que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) proporcionara a un particular la copia de todas las facturas pagadas por esa dependencia de gobierno a la empresa La Cosmopolitana S.A. de C.V., principal proveedora de los desayunos escolares.

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