Los ministros indicaron que no es sostenible una interpretación constitucional que lleve a concluir que la ALDF, en ejercicio de su competencia para regular lo relativo al matrimonio, no pueda extenderlo a las relaciones o uniones entre personas del mismo sexo, que son totalmente asimilables a las relaciones heterosexuales, puesto que la Constitución protege  a todo tipo de familia y sin que el matrimonio entre un hombre y una mujer sea la única forma de integrarla, ni sea un concepto predeterminado e indisponible para el legislador

Por tal razón, el Alto Tribunal determinó que no existe impedimento alguno para que el legislador regule el libre acceso a esa relación jurídica en condiciones de plena igualdad para todos los individuos, con independencia de la identidad o de la diversidad sexual de los contrayentes.

Por otra parte, los ministros resolvieron que en atención a lo dispuesto en el artículo 121, fracción IV de la Constitución Federal, el matrimonio que se celebre en el Distrito Federal entre personas del mismo sexo, tendrá que ceñirse a lo establecido por dicho numeral, el cual dispone que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en el resto de las entidades del país.

Asimismo, el Pleno de la SCJN válido la adopción de menores para los matrimonios entre personas del mismo sexo, toda vez que no vulnera garantías constitucionales.

Lo que debe garantizar el legislador, indicaron, es que en el procedimiento para autorizar la adopción de un menor por parte de una persona soltera o de los cónyuges solicitantes, en aras de lograr el pleno respeto a los derechos de la niñez, se garantice que ésa sea su mejor opción de vida, al margen de la orientación sexual de la mujer o del hombre solteros solicitantes, o de si se trata de un matrimonio heterosexual o de personas del mismo sexo.

Ello, precisaron los ministros, porque una prohibición de este tipo, no encuentra cabida en el texto constitucional, en cuanto consagra el principio de igualdad y prohíbe toda discriminación.

Al empezar la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios gays y que éstos puedan adoptar, Margarita Luna Ramos subrayó que de acuerdo con el artículo 121 de la Carta Magna, cada entidad del país está facultada para legislar sobre actos de estado civil, en tanto que las otras entidades y la Federación, “como receptores de la medida, lo único que van a aceptar es la validez de ese documento para que surta los efectos consiguientes”.

Sergio Valls, ministro ponente, respondió al planteamiento esbozado en una sesión anterior por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, respecto de si la Federación también estaría obligada a aceptar la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “No puede sostenerse que las autoridades federales no deban reconocer la validez de los actos del estado civil de cada entidad”, subrayó.

El que 31 estados regulen el matrimonio de manera distinta al Distrito Federal “no puede, en modo alguno, limitar la facultad normativa de esta entidad, como tampoco obliga a aquéllas a hacerlo en ese sentido”, insistió.

Hubo consenso entre los ministros en que en caso de que la aplicación de la norma capitalina en otra entidad –como serían adopciones, pensiones alimentarias, patria potestad, etcétera– genere un conflicto, serán los tribunales los que definan qué hacer en cada caso, aunque no descartaron que en un futuro próximo la Corte conozca de este tipo de asuntos.

Luna Ramos comentó que un matrimonio gay no puede ser declarado inválido en otra entidad: “¡ah!, pero si solicita una adopción, entonces tendrá que regirse de acuerdo con el Código Civil del estado en el que realiza el trámite”.

Sólo Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre votaron contra la obligación de los estados de reconocer las uniones legales entre homosexuales. Apoyaron la disposición Valls, Aguilar, Sánchez Cordero, Luna Ramos, Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Fernando Franco.

Después empezó el debate sobre la adopción. Valls avaló su constitucionalidad y sostuvo que no por que se trate de una pareja gay se debe prohibir que adopte, porque entonces sería discriminada por su orientación sexual.

Indicó que “lo que debe protegerse en aras del bien superior de los niños y de las niñas es que en el mecanismo para autorizar una adopción se garantice que esa es la mejor opción de vida para el menor, sea que se trate de una pareja heterosexual, del mismo sexo o de un hombre o de una mujer en lo individual”.

Aguirre se pronunció contra dicha postura con el argumento de que “no existen estudios que demuestren la conveniencia o inconveniencia de la adopción por parejas monoparentales y que, por tanto, la SCJN no podía pronunciarse al respecto hasta que cuente con elementos suficientes para decidir sobre el asunto.

Finalmente, por abrumadora mayoría de votos, fue declarada la constitucionalidad de las reformas promulgadas en el DF, lo que significó un duro golpe para el procurador federal, Arturo Chávez Chávez. Los medios de comunicación enfocaron sus baterías hacia el procurador general de la República como el gran perdedor en este asunto. Sin embargo, nadie mencionó que un grupo de gobernadores panistas secundaron al fiscal de la nación en su intento por evitar los matrimonios y adopciones entre homosexuales.

Uno de esos estados que utilizaron su infraestructura oficial para tratar de evitar lo anterior, fue precisamente Morelos.

El 15 de febrero de este año, el consejero jurídico Manuel Díaz Carvajal, interpuso ante el máximo tribunal del país una controversia constitucional con el fin de que se declarara la inconstitucionalidad de las reformas al Código Civil del Distrito Federal.

Como premisa fundamental se destaca que la promoción de esa demanda de controversia constitucional, obedece a un análisis serio, objetivo y responsable de la reforma impugnada y de las implicaciones y repercusiones estrictamente jurídicas que puede tener en la vigencia y preservación del orden jurídico del estado de Morelos, “muy al margen de cualquier posición ideológica y de cualquier preferencia particular que se pueda tener en esta materia y que se reitere y puntualiza, son siempre muy respetables y respetadas”, dijo el consejero jurídico a través de un comunicado.

El poner en movimiento el aparato jurídico del estado para atender ese asunto se justificó en el hecho de que con esas reformas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 121 fracción IV de nuestra constitución federal, se podría obligar al estado de Morelos a reconocer y conceder plena validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo, celebrados en el Distrito Federal, debiendo reconocerles múltiples derechos que la legislación morelense reconoce y otorga a los cónyuges, entre los que destacan el derecho a heredar y a tomar en adopción a menores de edad o incapacitados.

Lo anterior, sostuvo el jurista, “resulta totalmente contrario a lo que el estado de Morelos prevé en su legislación vigente en materia familiar, tomando en cuenta que en el artículo 68 del código familiar para el estado libre y soberano de Morelos, se consagra expresamente que: “el matrimonio es la unión voluntaria y libres de una hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente.”

Recordó que la propia legislación familiar del estado excluye cualquier pretensión de unión matrimonial que no sea entre un hombre y una mujer, así como también rechaza expresamente la posibilidad de que en un matrimonio no pueda darse la procreación.

“Es evidente que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, resulta contrario e incompatible con una de las principales finalidades que cumple la institución matrimonial de acuerdo con la legislación de nuestro estado, como lo es la procreación de los hijos y con ellos la perpetuación de la especie, pues entre dos personas del mismo sexo es imposible que se dé la procreación”, apuntó Manuel Díaz a nombre de su jefe.

Y agregó que reconocer el derecho de adoptar a un matrimonio conformado por dos personas del mismo sexo resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños, el cual debe prevalecer sobre cualquier circunstancia.

Ahora bien, creo que debe entenderse en su real magnitud la resolución de la Corte, porque tal pareciera que ahora serán los gays los que podrán adoptar con mayor facilidad que los heterosexuales.

Lo que establecieron los ministros es que no está prohibido para los homosexuales adoptar, pero deberán reunir todos los requisitos que la ley contempla para otorgarle a un menor.

Es decir, la autoridad no podrá negarle a ninguna persona el derecho a adoptar a un menor por el hecho de ser homosexual, pero sí por no reunir los requisitos que garanticen la salud física y mental del adoptado.

De ahí que aquellos homosexuales que estén pensando que ya podrán formar una familia,  primero deberán esperar a que el órgano encargado de conceder las adopciones les otorgue su aprobación. Y en Morelos, ese órgano está bajo el control de los panistas, quienes harán hasta lo imposible por evitar que un niño o niña caiga en manos de “un par de maricones”, como dijo el prelado Norberto Rivera.

LOS POLÍTICOS “QUITAPÓN”

Les llaman “los políticos quitapón” o de carátula intercambiable como los teléfonos celulares. Son hombres sin ideología alguna que tienen la facilidad de adaptarse a las circunstancias políticas del momento y quedar siempre dentro del erario público.

Por dentro son la misma persona, con los defectos que ya traen acendrados desde tiempo atrás, pero cambian de carátula o de camiseta según sus conveniencias. Así, un año aparecen como panistas, luego como perredistas y después como priístas.

Los partidos políticos (al menos los que tienen más años de existencia)  no surgieron de la noche a la mañana, sino que es el resultado de toda una lucha de hombres y mujeres que siguieron una misma ideología.

Así, por ejemplo, los documentos básicos del PRI establecen que ese partido “se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que cree opciones diferenciadas de desarrollo y que permita que el individuo elija entre alternativas diferentes, y así ejerza cabalmente su libertad”.

“El PRI postula un Estado social, un Estado con un claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para supe­rar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación, y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones de desarrollo de la nación. De ahí la vigencia de los valores expresados en el lema del partido: Democracia y Justicia Social. El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio”.

Por su parte, tradicionalmente el PAN sigue los lineamientos centro humanista. Sus principios de doctrina fueron aprobados por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1939, y están planteados a partir de la definición de 4 principios fundamentales del Catolicismo: Dignidad de la Persona Humana, Bien Común, Solidaridad y Subsidiariedad. Su ideología no admite el aborto ni los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El PRD nace como una coalición de diversos partidos políticos de izquierda si bien sus fundadores pertenecían al PRI pero al ser rechazados por su propio partido fundan el PRD, antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista (PMS) que nace de la fusión de 6 fuerzas políticas de Izquierda a nivel Nacional: Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC) y el MAUS; más adelante se unen a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Entre los ideales que le dieron origen se cuentan el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la libertad de expresión, la defensa de los derechos civiles y el combate a la corrupción.

Algunos miembros del partido han adoptado recientemente nuevas posturas ideológicas, como son la defensa del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia.

Como se podrá observar, las ideologías son totalmente diferentes, de ahí que –en teoría- nadie podría cambiar en cuestión de días su forma de pensar. Pero en los hechos existen muchos políticos que cambian de partido como cambiar de ropa interior, y lo peor de todo es que hay gente que vota por ellos.

Usted, estimado lector, ponga los ejemplos que quiera, que en el Congreso encontrará varios de ellos, quienes han encontrado en la política su modus vivendi.

Pero para ser ese tipo de políticos se requiere un requisito que no cualquiera tiene: no tener una pizca de vergüenza.

MORELENSES ANDAN BUSCANDO CHAMBA EN PUEBLA

En junio pasado se publicó en varios periódicos de Puebla que el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Puebla A.C., Jorge Domínguez Martínez, advirtió que maestros de los estados de México, Morelos y Michoacán, e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), llegarían a esa ciudad el día de la elección para operar a favor del candidato del PAN y el PANAL, Rafael Moreno Valle.

A consecuencia de este hecho, el Consejo Democrático Magisterial Poblano presentó  una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la PGR, contra 26 líderes nacionales y los representantes de las secciones 23 y 51 del SNTE en el estado, por el delito de desvío de recursos hacia la campaña de los candidatos de Compromiso por Puebla.

Como ya todos sabemos, Rafael Moreno Valle ganó las elecciones y, efectivamente, los maestros de Puebla y estados vecinos operaron a su favor por órdenes de su lideresa nacional, Elba Esther Gordillo.

Sin embargo, en lo que se equivocó el abogado que a su vez operó a favor del candidato prísta, Javier López Zavala, es en la participación de maestros morelenses.

Y es que dicen que los profes de Morelos sí llegaron a Puebla  en varios autobuses encabezados por su líder estatal Moisés Armenta, pero se encontraron con que había tantos maestros cuidando las urnas que ni acreditaciones les dieron, mucho menos comida.

Así que, los que no se regresaron de inmediato, aprovecharon el domingo 4 de julio para conocer Zoofari y la ciudad poblana.

Sin embargo, ahora que ya ganó Moreno Valle, más de uno procedente de Morelos se le ha acercado para venderle la idea de que le debe el triunfo.

No descartemos pues, que en unos meses veamos nombres conocidos en el gabinete de Moreno Valle.