Se tiene, por ejemplo, la sanción al ex director de Protección Civil del Estado, Daniel Hernández Barenque, quien a pesar de su ignorancia en la materia (era oficinista precisamente en la Contraloría del Estado hasta antes del 2006), en sus últimos meses al frente de la dependencia había aprendido lo esencial y por lo menos sí estaba presente en las inundaciones e incendios a cualquier hora de la madrugada.
Bien haría la Contraloría en aclarar qué hizo Hernández Barenque para que lo inhabilitaran por seis años para ocupar cargos públicos en la entidad. En febrero del año pasado, cuando se anunció su salida de PC, la contralora Patricia Mariscal sólo informó que la sanción fue “por no haber cumplido con atingencia y cabalidad el trabajo encomendado".
La funcionaria dejó atrás aquella “huelga de boca cerrada” a la que se acogió durante el tiempo que Javier López Sánchez fue jefe de prensa del gobierno estatal, y ahora sí soltó un comentario que rayó en la altanería: “el señor fue informado en tiempo de las acusaciones que se le hacían, supo de las revisiones y nunca les dio importancia, tal vez se sentía muy apoyado por alguien o pensó que nunca pasaría nada, ya vio que esto es en serio”, dijo aquella vez, según lo publicado en este medio informativo.
Todo lo contrario ocurrió cuando el compañero Daniel Alcaraz la entrevistó vía telefónica sobre el caso “Power Print”, del que ya comentamos la semana pasada. Dijo que la empresa Power Print, que prestó el servicio de bloqueo de llamadas telefónicas en el sistema penitenciario estatal cumplió con su contrato durante cinco años, después de ello “parece” que los equipos adolecieron de mantenimiento y dejaron de operar, “pero la verdad es que no hay razones para requerirlos”, dijo para dar por terminado el asunto.
La funcionaria insistió en que no hay elementos para considerar incumplimiento, porque “por un buen tiempo” trabajó sobre el contrato adquirido, en todo caso, lo que hay que hacer es revisar cuales son las condiciones actuales de los equipos para ver si pueden volver a funcionar o si se requiere de la contratación de otra empresa.
Y es que, para muchos ciudadanos es evidente que “hay gato encerrado” en una compra que se hace a días de terminar la administración de Sergio Estrada, a una empresa registrada como “impresora de folletos”, que dice vender productos Macrowelle (hornos de micro hondas), y cuyo representante legal renuncia a la empresa semanas después de cobrar los cheques por 15 millones de pesos recibidos como pago por la venta de equipos que en internet se ofertan en 70 mil pesos cada uno.
Hay otro caso evidente de “auditorías light”. Se trata de lo que conocíamos como Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad, una de esas tantas dependencias que si no son “elefantes blancos” poco les falta para serlo (otra es la Comisión de Mejora Regulatoria, de la que nos enteramos de su existencia hasta que la robaron, la semana pasada, y cuyo titular es el ex diputado panista Salvador Sandoval Palazuelos).
Pues resulta que ya no se llama así. De buenas a primeras pasó a ser Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. De hecho, en la página oficial del Gobierno Estatal sigue apareciendo como FFESOL. El titular, desde el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, es el ingeniero mecánico electricista (ya en una columna anterior dejamos en claro que el perfil profesional les importa un bledo), aunque aseguran que quien realmente lleva los manejos es el director administrativo Darío Vanegas Reyna.
Para cambiar de nombre el FFESOL fue objeto de una auditoría por parte de la Contraloría, y de acuerdo a información obtenida por este medio informativo, una de las participantes en la revisión, de nombre Araceli Paulín Galarza, habría sido contratada por el ahora Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo después de que la auditoría fue aprobada sin ningún problema bajo la supervisión de la comisaria Lorena Trejo.
Bien haría la contralora en revisar (o mandar a alguien que revise, porque este es asunto de contadores y ella es abogada) la auditoría que le hicieron al FFESOL antes de cambiar de nombre.
O mejor todavía. Que alguien revise la actuación de la Contraloría Estatal y determine si se está “midiendo con el mismo rasero” a todas las dependencias.
LAS POLÉMICAS REFORMAS AL REGLAMENTO MUNICIPAL
No se sabe a ciencia cierta de quién es la idea, pero lo cierto es que hay un proyecto para reformar el Reglamento de Gobierno y Administración del municipio de Cuernavaca. En el anteproyecto se propone que sea el secretario del Ayuntamiento el que se encargue de prácticamente todas las actividades del Ayuntamiento, exceptuando únicamente la Seguridad Pública.
El anteproyecto propone la desaparición de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Servicios Públicos, Turismo y Fomento Económico, Desarrollo Social y Consejería Jurídica, mismas que serían sustituidas por subsecretarías, cuyo titular tendría un sueldo menor al que hoy percibe, y dependerían directamente del supersecretario del Ayuntamiento.
Es una propuesta que ya hubiesen deseado Roque González Cerezo y Carlo Defernex, pues prácticamente nada se movería en el Ayuntamiento capitalino sin pasar por el “número dos” de la institución municipal.
Sin embargo, y a decir de conocedores del Derecho, el Ayuntamiento puede hacer lo que se le antoje siempre y cuando no vaya en contra de leyes superiores y mucho menos de la constitución.
Y es que, la referida propuesta cuyo autor sigue siendo una incógnita, pretende despojar a la Sindicatura de su representación jurídica del Ayuntamiento que le concede la Constitución federal, la del estado y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Es decir, el Cabildo pretende que un reglamento pase por encima de la constitución del Estado y la de la República. Una de las fracciones del citado documento, establece entre sus atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento “intervenir en los juicios en que el Ayuntamiento sea parte, tenga interés jurídico o bien, cuando se afecte el patrimonio municipal”. Incluso, “fungir como delegado jurídico de los miembros del Cabildo y demás titulares de las dependencias de la administración pública municipal”, en las acciones y controversias que pudieran iniciarse, así como comparecer en amparos ante jueces federales.
De darse esta reforma, ya nadie querrá ser candidato a alcalde, sino secretario del Ayuntamiento, pues será más fácil y no requiere pasar por las urnas.
EL COLAPSO DE LOS JUICIOS ORALES
En el asunto de los juicios orales está sucediendo algo muy grave. En la última sesión de la Barra de Abogados, su presidenta Adela Manzanarez comentó a la asamblea que en una reunión con la subsecretaria jurídica de gobierno, Myrna Álvarez Uriarte, que tenía como finalidad solicitar capacitación para los abogados de la región sur, la funcionaria le informó que no sería posible traer gente de Chihuahua a enseñar juicios orales a Morelos “porque el sistema acusatorio adversarial en Chihuahua ha colapsado”.
Obviamente la noticia dejó estupefactos a los barristas. Y es que, desde que se comenzó a hablar de juicios orales en Morelos, se tomó como ejemplo a Chihuahua al grado de la exageración. Chihuahua era la perfección, los pioneros del sistema; el ejemplo a seguir.
Entonces ¿qué sucede cuando nuestro modelo colapsa? ¿A quién vamos a seguir ahora?
Lo peor del caso es que, según Adela Manzanarez y ella a su vez reproduciendo lo dicho por la funcionaria estatal, “el sistema colapsó porque sus principales operadores fueron privados de la vida”.
Es por ello que la Barra de Abogados acordó invitar a abogados y servidores públicos de Chihuahua para escuchar de viva voz, qué es lo que está ocurriendo en esa entidad donde se iniciaron los juicios orales.
De ser cierta esa versión, ahora resulta que Morelos se ha quedado solo con este sistema que no termina de convencer a los litigantes. Por principio de cuentas, la mayor parte de juicios orales los ha llevado la Defensoría Pública por dos simples razones: son los mejor capacitados y no cobran. Así las cosas, se torna difícil el panorama para uno de los proyectos más importantes de la administración de Marco Adame, cuya desaparición o modificación representaría un duro golpe político.
A ello hay que agregarle la falta de convencimiento entre los profesionistas del Derecho de nuestra entidad. En su última edición, el semanario “Siete Días” que editan Alfredo y Omar Salazar, hace públicas las opiniones del ex procurador Arturo Estrada Carrillo y la Juez Hilda Montes, mismas que coinciden en que el nuevo sistema está provocando que auténticos delincuentes vuelvan a las calles.
Y por si no fuera suficiente, el testimonio de los padres de una joven asesinada en Temixco que dejan al descubierto algo gravísimo: los soldados que llegaron al lugar del crimen dejaron sus pisadas por todos lados y se llevaron los casquillos que eran evidencia fundamental para resolver el crimen.
La pregunta es para el procurador o para los funcionarios (si es que hay) que encabezan el proyecto de juicios orales en Morelos: ¿quién le va a enseñar a los militares lo que deben hacer o dejar de hacer cuando llegan a la escena de un crimen? ¿En qué parte del Código Procesal Penal se contempla a los militares?
Y sólo para completar la información, reproduzco lo publicado por Maciel Calvo en La Unión de Morelos:
“Es necesario que el Congreso declare la incorporación de Morelos al sistema de justicia oral para que delincuentes reciban castigo. Imputados procesados bajo el nuevo sistema de juicios orales, podrían evadir la justicia si el Congreso del Estado insiste en incumplir con su obligación de emitir la declaratoria de incorporación de Morelos al nuevo sistema de justicia penal”. Lo anterior, fue advertido por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, quien alertó que Morelos podría ser el reflejo de lo que ha sucedido en el estado de Oaxaca, donde incluso los tribunales colegiados han emitido una tesis aislada en la que se sostiene que el sistema de justicia penal no es válido si no hay tal declaratoria.
“Advirtió que esto podría ocurrir también en Morelos, pues todos los procesados por el sistema de juicios orales desde el 30 de octubre de 2008, fecha en que entró en vigor en dicho sistema en nuestro estado, hasta la fecha pueden recurrir al amparo y podrían dar en cualquier momento una sorpresa a la procuración e impartición de justicia”.
LAS “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”
El proyecto de “Escuelas de tiempo completo” sonaba bastante bien, pues se ofrecía que, como una ayuda para las madres trabajadoras, los alumnos podrían permanecer más tiempo en el plantel desarrollando actividades extras como deportes, música y danza, además de proporcionarles la alimentación correspondiente.
Sin embargo, el problema viene cuando una escuela se convierte en un “semi internado” pero con las mismas instalaciones y personal que tenía anteriormente.
Recibí el siguiente correo electrónico de una madre de familia de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, de Cuernavaca, donde explica la realidad de este programa:
“La que suscribe, madre de familia de la escuela AQUILES SERDAN de Cuernavaca, Morelos, manifiesto ante ustedes mi inconformidad con lo que se ha dado en llamar ‘escuela de tiempo completo’, toda vez que al momento de inscribir a nuestros hijos a esta escuela se nos hizo la ‘invitación’ a firmar una carta compromiso donde se aceptaba que la escuela fuera de tiempo completo, con la amenaza que si no firmábamos no podríamos inscribir a nuestros hijos”.
“Ahora tenemos una ‘escuela de tiempo completo’, a pesar de que no cuentan con un comedor y existe escasez de agua. La directora nos dijo que desde el IEBEM se le indicó que la escuela sería de tiempo completo, que habría aulas o salón de computo, siendo que lo único con lo que cuenta dicha escuela es con el espacio para desarrollar las tareas cotidianas que se realizan en la misma. Es insuficiente una maestra para calificar tareas, cobrar lo de la comida, organizar la alimentación de los alumnos, batallar con los alumnos que no son educados en casa y hacer la limpieza del salón”.
“La realidad es que nuestros hijos si bien comen en esta escuela, no existe la garantía de que los niños se laven las manos ni antes ni después de comer o cuando van al baño, que la comida sea supervisada tanto la que compran como lo que los padres de familia le ponen a los niños”.
“El agua es un gran problema en esta escuela para nuestros hijos, porque si bien la directora de la escuela nos ha informado que el agua no es su obligación o su responsabilidad, ya que ella dice que este es un problema que tendrá que resolver la Ayudantía Municipal del lugar donde se encuentra la escuela, la realidad es que hace falta agua y un intendente para la limpieza de la escuela”.
“Ante esta situación la mayoría de los padres de familia CALLAN POR TEMOR de que haya represalias en contra de sus hijos. El proyecto de la escuela de tiempo completo es un proyecto que sería realmente importante y productivo siempre y cuando las instalaciones fueran adecuadas, sin carencias como las que se han mencionado, con profesores y auxiliares bien capacitados que cubrieran ese horario, con supervisión de la alimentación, con un comedor para los aproximadamente 180 alumnos”.
DE TODO UN POCO.-
Farol de la calle…..- No lo va usted a creer, pero recientemente nos enteramos de que el terreno que ocupa el Registro Público de la Propiedad, recientemente convertido a Instituto, y cuya función consiste precisamente en inscribir las escrituras que se van generando de las diferentes operaciones de compra-venta, ¡no tiene escrituras! y por lo tanto no se encuentra registrado a sí mismo. A la solicitud de información que hicimos al respecto nos contestaron que el proceso de escrituración ¡está en trámite! Pero de eso ya pasaron varios meses y en alguna oficina de Gobierno se encuentra atorado el procedimiento. Ver para creer.
“La Barbie” en Morelos.- Hace un año platicaba con un joven abogado de reconocido apellido en una fiesta de litigantes. “Estaba yo en el Clássico con unos cuates cuando vi llegar a un tipo alto, delgado, de facciones finas, rodeado de guaruras que lo seguían hasta al baño. Saludó a un abogado de nombre (…) y después estuvo tomando toda la madrugada. Me acerqué al abogado y le pregunté quién era porque yo pensé que era un artista. “Es ‘la barbie’ güey”, me dijo como presumiendo que sólo a él lo había saludado.
A un año de distancia las cosas han cambiado mucho. El jefe de “La Barbie” está muerto, Edgar está detenido; el joven abogado hoy es un alto funcionario de un Ayuntamiento y el otro abogado, aquel al que saludó “La Barbie”, hoy lo que menos quiere es que se sepa ese episodio de su vida.
