Nunca hubo buena relación entre el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y el comisionado de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, pero el asunto se convirtió en conflicto a partir del 25 de marzo del 2015, cuando escoltas del hoy titular de la SSP en Quintana Roo golpearon y robaron a un grupo de jóvenes que salían de una fiesta celebrada en una casa aledaña a la residencia del funcionario.
Cuando Capella quiso resolver el asunto “en corto”, ya los nombres de los policías agresores y detalles de los hechos estaban en manos de la prensa. Capella responsabilizó de ello a Rodrigo, ya que los únicos que sabían de la denuncia eran los agentes del MP que la iniciaron y los policías ministeriales que realizaron la investigación. “Esto no se va a quedar así”, le advirtió el tijuanense al fiscal general.
“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio de ese año, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia. También estuvo presente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rafael Gómez Olivares, quien manejaba una especie de “Cisen en chiquito”.
Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.
La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.
“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.
El tijuanense montó en cólera. “Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad”, le espetó a la servidora pública.
“Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar”, intervino Rodrigo Dorantes.
Pero el pleito Dorantes-Capella ya se había iniciado y no cabían los dos en el gabinete. “La gota que derramó el vaso” fue el caso de un elemento de la Policía del Mando Único detenido por agentes de tránsito acusado de participar en el asalto a una casa de la colonia Gualupita de Cuernavaca.
Esa noche, 25 de julio del 2015, sujetos armados entraron a una casa donde se desarrollaba una fiesta y asaltaron a los invitados, y luego escaparon a bordo de un Chevy blanco. Las víctimas pidieron ayuda a la Policía y unos agentes de tránsito encontraron un vehículo con esas características, en el que viajaban dos hombres, uno de ellos armado.
Muy pronto, la versión de que policías del Mando Único habían participado en el asalto a una fiesta corría “como reguero de pólvora” ante la satisfacción del fiscal Rodrigo Dorantes. Pero resultó que las víctimas no reconocieron a los detenidos y ante la falta de elementos la juez oral tuvo que dejarlos en libertad el 28 de julio.
Al otro día Rodrigo Dorantes presentó su renuncia, no sin antes entregar al Congreso local y al gobernador un oficio en el que denunciaba que temía por su vida, y señalaba como responsables de lo que pudiera pasarle al comisionado Capella y a su ex subordinada, Adriana Pineda.
En cuanto se conoció de la renuncia de Rodrigo Dorantes, la Policía del Mando Único prácticamente tomó por asalto las instalaciones de la FGJE de la avenida Emiliano Zapata.
Como de película, elementos de la Policía Preventiva Estatal (Mando Único), arribaron al edificio principal de la Fiscalía General del Estado. Al frente iba el todavía director de la Policía Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Marín, quien asumió “de facto”, la coordinación de la Policía de Investigación Criminal.
Los preventivos estatales se hicieron cargo de las entradas y salidas del inmueble, anotando la hora en que entraban los servidores públicos y la hora en que se retiraban. Había micrófonos y cámaras de video por todos lados.
Para los policías ministeriales era peor. Los preventivos les exigían portar todo el tiempo su gafete de identificación, y les revisaban las armas y los vehículos, iniciándoles procedimientos administrativos a los que se oponían. Los “ajustes de cuentas” estaban a la orden del día.
Como encargado de la oficina del fiscal quedó Javier Pérez Durón, un agente del Ministerio Público que “subió como la espuma” en el directorio de la Fiscalía después de que Graco Ramírez asumió el cargo de gobernador. Y es que –él nunca lo negó- es sobrino de Olga Durón, primera esposa del entonces mandatario estatal.
Pero la que llevaba realmente los asuntos importantes era Adriana Pineda Fernández. Y para no fallarle, Graco Ramírez envió al Congreso Local una terna integrada por su sobrino Pérez Durón, Adriana Pineda y Norma Toledo, ésta última también funcionaria de la Fiscalía. Y los diputados se decidieron por el sobrino del gobernador.
No se sabe si esa fue la condición para dejarlo en el cargo o Pérez Durón se sometió de mutuo propio, el hecho es que la Fiscalía pasó a ser –en los hechos- una oficina que dependía de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
El colmo fue que hasta la oficina de prensa de la Fiscalía estaba subordinada a su similar de la CES: Un boletín emitido el sábado 29 de agosto de 2015, refería que “la Comisión Estatal de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, informan que la mañana de este sábado se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en el municipio de Puente de Ixtla”.
Agregaba que a las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 066 que en la calle Luis G. Urbina, casi esquina con calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la Colonia Jardines de la Herradura, municipio de Puente de Ixtla, se encontraban dos hombres sin vida.
Derivado de lo anterior, “elementos del Mando Único y de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar” (siempre juntos) donde encontraron a los masculinos fallecidos por disparos de arma de fuego.
Y para finalizar, el boletín oficial advertía que ambas corporaciones “realizaron el levantamiento de cadáver”, y que “la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizarán las investigaciones correspondientes para la identificación de estas personas y para la detención del o los presuntos responsables de la comisión de este delito”.
De ese tamaño era el poder que le dio Graco Ramírez a Jesús Alberto Capella.
HASTA MAÑANA.
