Es cuestión de horas para que el Poder Judicial de la Federación emita el acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de inactividad con motivo de la contingencia causada por la epidemia del coronavirus, y a partir de ello harán lo propio los tribunales de todo el país, incluyendo el de Morelos. Es decir, que los abogados deberán seguir esperando para reiniciar sus litigios y, por lo tanto, continuarán sin ingresos monetarios.
Los litigantes no están exentos de la crisis económica generada por el Covid-19, y así lo han manifestado diversas organizaciones que están proponiendo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado pongan en marcha una serie de mecanismos cibernéticos que les permita hacer su trabajo.
El problema es que, por ahora, la autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones, por más voluntad política que haya.
Así lo explica el abogado morelense Omar Mondragón López, (con quien tuve el gusto de compartir el aula en la UAEM y que posteriormente estudió una Maestría en la prestigiada Universidad de Harvard) en un artículo publicado recientemente en la revista Nexos.
“El problema durante la pandemia no ha sido la falta de interés para innovar; más bien, se trata de la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local”, advierte.
Explica que la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas de congresos académicos no lograron durante los últimos veinte años: el salto de un tema académico, a uno de interés general.
Y es que, la inclusión digital es un derecho humano reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la Constitución en 2013, cuando dice en su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
“Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha sido —al menos en México— una batalla contra el principio de legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los tribunales”, afirma.
El 8 de junio de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura Federal anunció la tramitación en línea de todos los asuntos presentados en sus órganos jurisdiccionales, independientemente de su instancia y materia, varios poderes judiciales de los estados lo imitaron.
La mayoría, no obstante, desperdició el periodo de cuatro años que medió entre el nacimiento de la obligación constitucional en junio de 2013 y el retiro de la potestad legislativa en las materias civil y familiar en septiembre de 2017. “Hoy la posibilidad de innovación está cerrada para esas dos materias”, sentenció el jurista.
En su opinión, México transita entre dos extremos: por un lado, el México desarrollado de la justicia federal y la justicia local de algunos estados diligentes como Coahuila y Nuevo León y; por el otro, “el México retrasado de todos los poderes judiciales locales impedidos para ofrecer servicios remotos, como Morelos y Chiapas”.
Sin que parezca una defensa para el Poder Judicial de Morelos, el actual presidente tomó el cargo el 18 de mayo pasado en medio de la pandemia, de ahí que no se le pueda achacar responsabilidad alguna, máxime que apenas unas semanas después de recibir la presidencia, remitió al Congreso Local una propuesta de reformas que permita reactivar algunas de las funciones de los tribunales.
Recientemente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.
En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones.
Refirió que si bien existe la reforma al Artículo 73 Fracción XXX y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 la cual fue en tiempos de “normalidad” se consideran que por la cuestión de la pandemia del virus covid-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos jurisdiccionales, como estas propuestas ante el Congreso del Estado.
Vale la pena mencionar que, con anterioridad (específicamente el 22 de abril pasado) el maestro Omar Mondragón López interpuso un recurso de amparo para obligar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones a las que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.
“Como en toda acción contenciosa, es imposible conocer su resultado con antelación, pero no hace falta tener certeza de que un juez de distrito compartirá nuestros argumentos. Con suficientes ciudadanos que compartan la voluntad de reclamar, exigir, de demandar la inclusión digital en la impartición de justicia local, el poder legislativo federal escuchará y no cometerá el error de posponer más la implementación de la justicia electrónica local. No es momento de pedir, menos aún de esperar, es momento de demandar”, concluye su artículo Omar Mondragón.
Ahora el balón está en la cancha del Poder Legislativo. Esperemos que así como interrumpieron su cuarentena y/o sus vacaciones para tratar de reformar la Constitución para aumentar el número de diputados, los integrantes de la actual legislatura trabajen hasta la madrugada para modificar las leyes que sean necesarias a fin de que el estado garantice el derecho a la justicia, y de paso los abogados litigantes puedan tener trabajo para llevar el diario sustento a sus casas.
HASTA MAÑANA.
