Ayer, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (PNA), presentó una iniciativa con proyecto de decreto dentro de la sesión ordinaria de la LIII Legislatura Local. Lo novedoso no es que los diputados hayan sesionado ni tampoco que la diputada del partido turquesa haya dado muestras de productividad.
Lo verdaderamente interesante es que la iniciativa con proyecto de decreto es “para actualizar y armonizar el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”, según se dio a conocer ayer mismo a través de un boletín informativo.
Como ya es sabido, la diputada no es abogada, sino que se desempeña (o al menos tiene la plaza) como profesora del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) e integrante del Movimiento Magisterial de Bases, aquella combativa ala del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que tomaba las calles a cada rato durante los sexenios panistas.
Esto nos lleva a la conclusión de que la otrora activista magisterial sólo sirvió de instrumento para introducir la propuesta de reformas al Poder Judicial, una propuesta que no fue consensuada con quienes serán los principales afectados o beneficiados por estos cambios: los magistrados, jueces y litigantes.
Como suele suceder con todas las iniciativas, al principio se resaltan las bondades de la misma y todo parece “miel sobre hojuelas”, pero por ahí, escondidos entre los párrafos, van los cambios trascendentes.
Recordemos que la reforma que regaló 20 años en el cargo a los magistrados del TSJ la propuso un empresario, el diputado cuautlense Enrique Laffite, y que alguna vez un consejero de la Judicatura intentó meter -escondida en una reforma que parecía de trámite- una disposición para que él pudiera reelegirse en el cargo, pero afortunadamente se dieron cuenta y la mandaron al bote de basura.
Luego entonces, que nos disculpe la profesora si estamos siendo injustos, pero no hay que olvidar el viejo y conocido refrán que se refiere a la mula que no era arisca.
Al hacer uso de la palabra ante el Pleno, la legisladora destacó que la iniciativa no generará mayor gasto corriente en el presupuesto público del Tribunal Superior de Justicia ni en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos al momento en que entre en vigor, (explicación no pedida…).
Además “es importante exponer el hecho de que no existe violación o retroceso en los derechos humanos de persona alguna, por el contrario, se logra dar seguridad y certeza jurídica en la denominación de los entes de costo así como de sus respectivas atribuciones al interior y exterior de estos entes del Poder Judicial, toda vez que la Ley Orgánica no está actualizada ni armonizada con la Constitución”.
La legisladora propuso reformar, modificar, adicionar y derogar diversos capítulos, artículos y fracciones de la Ley citada, debido a que al estudiar la norma se encontró que en su momento el legislador en turno fijó su atención únicamente a la reforma del plano constitucional, omitiendo realizar en sincronía las reformas pertinentes a la norma secundaria.
Por ello muchas actividades de la vida interna del Tribunal Superior de Justicia y del entonces Consejo de la Judicatura, hoy Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se realizaban tomando los lineamientos o interpretaciones de los artículos relacionados al tema del Poder Judicial del Estado de Morelos que contempla la Constitución Política de nuestra entidad federativa.
En su exposición de motivos, la diputada Blanca Nieves Sánchez consideró impostergable proceder al cambio de la denominación del máximo órgano administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, para sustituir de sus articulados al Consejo de la Judicatura por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, cuya integración es muy distinta.
Señaló que, la Ley cita en su articulado a dependencias y funcionarios que forman parte del TSJ y, ponderando el hecho de que los servidores públicos deben estar mejor preparados y capacitados, se proponen nuevos requisitos para ser designados, por ello se expone la presencia de la Oficialía Mayor, como un ente administrativo dependiente del TSJ.
Dijo que en el proyecto se plasma al Departamento de Orientación Familiar y al Centro Morelense de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, dependencias que forman parte de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y que en el marco vigente no se contemplan.
Se derogan potestades establecidas legalmente tanto del TSJ como de la actual Junta de Administración, como es el caso de la remisión de ternas en las que contenían las propuestas de tres profesionistas del derecho para que de ellos el Congreso del Estado de Morelos procediera a la designación del magistrado que se incorporaría a los trabajos y funciones del propio Tribunal.
“Es importante establecer en este trabajo parlamentario el hecho de que se han eliminado figuras que se desprendían de otras normatividades, pero que en la actualidad, están abrogadas, por lo que es innecesario que se sigan contemplen en la ley actual”, destacó.
También, que se contempla en la Ley en comento que se dé la progresividad de los capítulos en el Título Décimo Segundo, y esto es así, ya que solo se menciona CAPITULO DE LAS SANCIONES, cuando lo correcto es que diga CAPITULO CUARTO, denominado, DE LAS SANCIONES, para mantener un orden cronológico progresivo en la conformación del texto legal.
De igual forma, en dicho capítulo se precisa lo referente a la figura de la prescripción y la incorporación de la figura de la caducidad de la instancia, figuras jurídicas esenciales y que deben estar contempladas en cualquier procedimiento, y esta normatividad que contempla sus lineamientos muy especiales, deben ser lo más detallados y completos para efectos de no recurrir a la suplencia de otra normatividad.
“La iniciativa de la diputada Blanca Nieves Sánchez fue remitida a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del Estado, para su análisis y dictamen”, termina diciendo el comunicado.
En los próximos días, a medida que “rolen la iniciativa”, sabremos qué esconde (si es que esconde algo) la llamada “Ley Blanca Nieves”.
HASTA MAÑANA.
