Ciertamente la posibilidad de que una persona que ha laborado para una institución de gobierno o bien para una empresa privada reciba una pensión por jubilación es un derecho consagrado en la Ley Federal del Trabajo y representa el único ingreso para millones de mexicanos. Lo que no se vale, es que valiéndose de esa figura jurídica, todos los municipios y el gobierno estatal estén siendo sistemáticamente saqueados por gente sin escrúpulos.
No es concebible que en un mismo país haya personas de 70 años que reciben menos de tres mil pesos mensuales y gente de menos de 40 años recibiendo una pensión jubilatoria de 43 mil pesos mensuales de por vida.
Y esto ocurre en los tres niveles de gobierno. Vamos por partes:
En los últimos años el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.
Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, lo utilizara para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin un retorno de inversión.
"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo Animal Político descubrió un fraude por siete mil millones de pesos. Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso.
Sólo hay información disponible sobre los montos entregados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y se desconoce totalmente cómo maneja esos fondos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que concentra el 90 por ciento de las pensiones de los trabajadores formales del país.
A partir de 1997 se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), pero el problema es que se trata de un esquema de despojo para los trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a través de las Afores.
Hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, los fondos de retiro se calculaban en 2.8 billones de pesos y ese monto se estaba utilizando para cubrir el gasto corriente.
En el plano estatal, los poderes Ejecutivo y Legislativo de la pasada administración se coludieron de una manera grotesca. Prácticamente actuaron como integrantes de la delincuencia organizada a fin de determinar qué iba a hacer cada quien para lograr un botín millonario: El gobernador Graco Ramírez envió una lista de sus funcionarios para que el Congreso emitiera su respectivo decreto de jubilación; los presidentes municipales de su partido aportaron constancias falsas para acreditar años de servicio, y los diputados aprobaron (en sesiones de madrugada y en sedes alternas) la lista de beneficiarios de “pensiones doradas” en las que ellos incluyeron a sus familiares y colaboradores cercanos.
La LIV legislatura trató de revertir esas jubilaciones, pero lo único que logró fue ahorrarles sus mensualidades para después entregárselas en una sola exhibición al ganar sendos amparos. A la fecha, seguimos preguntándonos si esos asuntos se perdieron por torpeza de los abogados del Congreso o porque así estaba diseñado y sólo le hicieron al cuento.
Ahora vámonos a los Ayuntamientos. Resulta que los Cabildos también pueden conceder jubilaciones, y casi siempre los beneficiarios son familiares de los regidores o incondicionales del presidente municipal en turno.
Obviamente que donde se pueden dar las pensiones más “jugosas” es en la capital del estado. Ahí, recientemente la organización civil “Morelos Rinde Cuentas” llegó a una alarmante conclusión:
El gobierno capitalino destina actualmente un gasto mensual de 12.8 millones de pesos para el pago de este concepto a mil 275 extrabajadores. El promedio mensual de jubilación es de 10 mil 098 pesos, en tanto la jubilación máxima es de 59 mil 695 pesos y la mínima es de mil 507.
Las cantidades destinadas al pago de pensionados y jubilados es de más de 50 millones de pesos anuales, cantidad que seguirá aumentando debido a que vienen en camino otros decretos, siendo alrededor de 500 personas las que han solicitado se les reconozca la antigüedad en el servicio para fines de pensión o declaratoria de incapacidad.
Así como vamos, llegará el punto en que serán más las personas que cobran sin trabajar que los que están activos, perjudicando el patrimonio y los resultados del municipio, ya que a pesar de que una plaza se desocupa la tienen que seguir pagando, generando un detrimento en la prestación del servicio.
Es pues un barril sin fondo.
El asunto no está nada fácil de resolver, pues aun cuando los diputados promulgaran una reforma que aumentara los años de servicio que se requieren para jubilarse, ésta tendría que aplicarse para los nuevos empleados, dado que la Constitución es clara en el sentido de que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Son derechos ya adquiridos que no pueden quitarse de un plumazo.
Además, una reforma en ese sentido perjudicaría a miles de trabajadores de los tres poderes del estado y de los 36 municipios de la entidad, que todos los días dejan parte de su vida en trabajos realmente difíciles esperando completar los 18 años de actividad que actualmente contempla la Ley del Servicio Civil para el estado de Morelos.
Lo que no se vale es lo que hacen otros: comprar constancias de que comenzaron a trabajar en un municipio como Huitzilac o Puente de Ixtla y lograr un nombramiento de director para obtener una pensión mayor a 40 mil pesos.
O bien, aprovechar que la Ley del Servicio Civil establece la posibilidad de que una persona mayor de 55 años sólo requiere 10 años de servicio (no necesariamente ininterrumpidos) para obtener una jubilación por edad avanzada de la mitad de su sueldo, que por lo general es de director para arriba.
Y eso ha venido ocurriendo sexenio tras sexenio y trienio tras trienio.
HASTA MAÑANA.
