Uno de los principios generales de los Derechos Humanos es el de la Progresividad, que básicamente significa que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos.

Bajo esa premisa, es inexplicable que haya un proyecto para desaparecer el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, creado en 2002 como organismo descentralizado del Gobierno del Estado y transformado en órgano público autónomo por decreto constitucional publicado el 16 de agosto del 2018 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

De igual manera, es desafortunado que el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien es doctor en Derecho, haya declarado la semana pasada que “el propósito es fortalecer la Secretaría de la Mujer y capitalizar al máximo todos los recursos que existan por la misma causa”.

Sabemos que hay una tendencia a nivel nacional a desaparecer los órganos autónomos, una moda que inició Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) en venganza por haber sacado a la luz pública muchas cosas que el expresidente hubiese querido que se mantuviera en la opacidad, pero el gobierno de Morelos no tiene por qué continuar con esa tendencia.

El Instituto de la Mujer en Morelos no debe desaparecer. Aunque existe la Secretaría de las Mujeres, el Instituto ha sido el resultado de una lucha histórica por los derechos y el bienestar de las mujeres. Es un espacio que ha logrado visibilizar las demandas de las mujeres, defender sus derechos y ser un motor de cambio en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Si bien la Secretaría tiene un rol importante, el Instituto sigue siendo crucial para profundizar en políticas públicas con perspectiva de género, atención especializada y acciones que respondan de manera integral a las problemáticas que enfrentan las mujeres morelenses.

Si lo que quieren es el lugar de la actual presidenta, Isela Chávez Cardoso, pues que tengan un poquito de paciencia porque ella (quien no es monedita de oro y entre mujeres menos) terminará su periodo en unos meses, pero no desaparezcan una institución que ha sido el resultado de años de trabajo de muchas lideresas de esta entidad.

Y si las diputadas y los diputados quieren realmente hacer algo por la Institución, que le asignen una partida extra a su presupuesto para que pueda comprar un inmueble, pues no es justo que el IMM ande como “judío errante” por toda la ciudad de Cuernavaca, y cada vez que una mujer requiere de sus servicios tiene que investigar primero dónde se encuentran ubicadas sus instalaciones.

COMIENZA EL EXPERIMENTO DE LA 4T

Ayer, los internautas amanecimos con las redes sociales llenas de “posts” de personas, algunas que ya conocíamos, otras que nunca habíamos escuchado su nombre, pero que se anuncian como candidatos a los cargos de Ministros, Magistrados y Jueces, todos federales.

Es el resultado de una ocurrencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que, mientras los legisladores federales y los miembros de su gabinete le obedecían ciegamente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le objetaron algunas órdenes, por lo que decidió quitarlos a todos y poner gente afín a la llamada Cuarta Transformación, y de pasada a los magistrados y jueces de Distrito.

Recordemos que, si bien es cierto que el Senado de la República es el que designa a los ministros de la SCJN, se acostumbra que sea el presidente en turno el que decide a quien poner.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, se han designado cinco ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación:​

Juan Luis González Alcántara Carrancá, nombrado en diciembre de 2018 para ocupar la vacante dejada por el ministro José Ramón Cossío Díaz. El presidente AMLO se dijo “traicionado” por el ministro al no acatar las recomendaciones que le envió.

Margarita Ríos-Farjat, designada en diciembre de 2019 tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. En sus resoluciones no se mostró partidaria de la 4T, y no quiso postularse para ministra en la nueva modalidad de elección popular.

Yasmín Esquivel Mossa, propuesta y ratificada en marzo de 2019 para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos; ha protagonizado un polémico episodio al interior del Poder Judicial, al ser acusada de plagiar su tesis. Es candidata a ministra en las elecciones de junio próximo.

Loretta Ortiz Ahlf, nombrada en noviembre de 2021 en reemplazo del ministro José Fernando Franco González-Salas. Es abiertamente “amlover” y pretende continuar en el cargo, pero ahora por elección popular.

Lenia Batres Guadarrama, designada en diciembre de 2023 para ocupar el puesto vacante tras la renuncia del ministro Arturo Zaldívar. Ha protagonizado varias escenas que la ubican como ultraizquierdista y fiel seguidora del lopezobradorismo, aunque también ha salido a relucir su escasa preparación académica.

De hecho, las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel comenzaron sus campañas para continuar en su cargo como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este domingo en medio de promesas, apoyos y retomando el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

El candidato a ministro de la SCJN, el morelense Antonio Sorela Castillo, inició su campaña con una transmisión en vivo por Facebook en la que habló de las bondades de la reforma judicial. El viernes “recibió la bendición” de Lenia Batres en un video en el que anunció la presentación de su último libro “Derechos Humanos en debate: Reflexiones sobre su alcance en un mundo globalizado” dentro de su círculo de estudio y ayer domingo encabezó una caminata que partió del zócalo a la casa de Emiliano Zapata, en Anenecuilco, con una buena concurrencia.

Bertha Paredes Noyola, candidata a magistrada penal y administrativa, comenzó su campaña con una caminata en la ciclopista de Cuernavaca (donde ella corre cinco kilómetros diarios), acompañada de deportistas, profesionistas y público en general, explicando la forma de votar el próximo uno de junio.

Edie Sandoval estuvo el sábado en la Universidad de Ciencias Jurídicas donde impartió una plática sobre impartición de justicia sin pedir el voto para no infringir la normatividad. El candidato a magistrado federal inició formalmente su campaña en redes sociales y estará recorriendo universidades y comunidades para tratar de convencer a la ciudadanía de que voten por él. Hasta hace unos meses Edie Isidoro era juez penal y se caracterizó por su firmeza al sancionar conductas de corrupción en los gobiernos municipales y estatales.

¿Se acuerdan de Francisco Santillán? El que fuera presidente del Partido Nueva Alianza y secretario del Trabajo en el sexenio de Graco Ramírez, hoy es candidato a magistrado especializado en material laboral y con muchas posibilidades de ganar porque va por el segundo distrito electoral.

Mañana seguimos “barajando” nombres de candidatos a puestos de elección popular en el Poder Judicial, algo inédito en nuestro país.

HASTA MAÑANA.