La referida lista da para muchas cuartillas de análisis, pero por lo pronto comenzaremos por analizar los primeros que aparecen y que pertenecen a los partidos que realmente tienen posibilidades.
Comencemos por los senadores, donde se enfrentarán indirectamente Lisbeth Hernández Lecona por el PRI; Víctor Manuel Caballero Solano por el PAN y Juan Salgado Brito por el Movimiento Progresista o de izquierda. Completa la lista Liliana Fernández García por el Partido Verde y Gabriel Ricardo Guadarrama Acevedo, del PANAL.
Por la segunda posición van, en ese mismo orden de partidos, Guillermo del Valle Reyes, Bernardo Pastrana y Jorge Martínez Urioso, éste último colocado ahí sólo para “apartarle el lugar” a Fidel Demédicis o a quien decidan mandar de última hora.
De la lista de candidatos a diputados federales que no tendrán que hacer campaña porque dependerán de los votos que obtengan sus respectivos candidatos presidenciales, sobresale el nombre de Juan Pablo Adame Alemán en primerísimo lugar, lo que demuestra la influencia que tiene el gobernador de Morelos en su partido a nivel nacional y obviamente con la anuencia del presidente Calderón.
La sorpresa es Luis Miguel Ramírez Romero, quien anduvo diciendo que sería candidato a presidente municipal de Cuernavaca y al final apareció en el lugar número ocho de la lista, todavía con amplias posibilidades.
La lideresa priista Maricela Sánchez Cortés hizo lo propio con su hija Maricela Velázquez, quien va en segundo lugar de la lista tricolor. Guillermo Amerena Betancourt, empresario avecindado en Morelos y articulista, va en la posición número 11. Por el PRD no hay ningún morelense y por los demás menos.
Pero lo bueno viene en la disputa por las diputaciones federales, pero donde sí entrarán por sus votos. Ahí se enfrentarán con todo lo que tienen Jesús Antonio Tallabs Ortega por el PAN, Rodolfo Becerril Straffon por el PRI; Francisco Coronato Rodríguez por el PRD y Joyce Rosas Sánchez del PANAL por la representación del primer distrito que abarca Cuernavaca. Eso merece un análisis aparte en próximas entregas.
En el segundo distrito se verán las caras la panista María del Socorro Patiño Alonso (¿quién es?) Georgina Bandera Flores (hija del alcalde de Temixco, Nereo Bandera) y Javier Orihuela García, del PRD. En el tercer distrito van Arlene Núñez Salgado, Andrés González García y Francisco Rodríguez Montero, por el PAN, PRI y PRD, respectivamente. En el cuarto Laura Catalina Ocampo Gutiérrez del PRI, Miguel Ángel Jaime Acevedo del PAN y Eloy Martínez Rojas por el llamado Movimiento Progresista. Finalmente, en el quinto distrito buscarán el escaño Israel Andrade Zavala por el PAN, Eliasib Polanco Saldívar por el tricolor y Víctor Nájera Medina por las izquierdas.
Hasta ahí la dejamos porque hay mucha tela de donde cortar.
¿RETROCESO EN LA UAEM EN MATERIA DE TRANSPARENCIA?
Hace un par de semanas advertimos en este mismo espacio que el nuevo rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, tendría que cumplir con varios compromisos que adquirió con diversos poderes fácticos de la máxima casa de estudios a cambio de sus votos en el Consejo Universitario para llegar a ese cargo. La Federación de Estudiantes, el Sindicato de Trabajadores Académicos y los últimos tres rectores están en esa lista. Los familiares de Gerardo Ávila García son prácticamente inamovibles por los próximos seis años.
Ayer se publicó en los medios de comunicación el cumplimiento de un primer compromiso (de los que se pueden publicar, porque hay otros que se darán “en lo oscurito”) con el Sindicato de Trabajadores Académicos.
En diversos medios de comunicación, el rector Vera Jiménez anunció que se modificará el criterio por cuanto a la difusión de información que hasta ahora había sido pública. No dijo específicamente cómo, pero advirtió que las percepciones nominales de los trabajadores no estarán a la vista de cualquier persona.
El tema parece intrascendente pero no lo es. El criterio de que “difundir cuánto gana un trabajador pone en riesgo su patrimonio e incluso su vida” fue una bandera que utilizó durante mucho tiempo el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Rosas Pérez. Para lo único que le sirvió fue para ganarse el mote de “el enemigo público número uno de la transparencia en Morelos” y terminó por ceder en su intención de que nadie supiera cuánto ganan los servidores públicos del Poder Judicial. Sobra decir que la nómina del TSJ es pública y hasta ahora ningún juez ni magistrado ha salido perjudicado por ello.
Si bien es cierto que fue el Sindicato el que le hizo esa solicitud en la reunión que sostuvo con ellos previo a la votación, también lo es que la medida beneficiaría a todos por igual. Siendo realistas, lo único que les preocupa a los trabajadores sindicalizados, es que sus ex esposas estén al tanto de cuánto ganan y lo puedan reclamar ante los tribunales competentes.
Pero si la medida se aplica parejo para todos, serviría de mucho para tapar aviadurías y sobresueldos que se han venido utilizando en los últimos años de manera consuetudinaria. También evitaría que cualquier ciudadano conociera cómo unas cuantas familias tienen hasta siete miembros dentro de la máxima casa de estudios.
Por otro lado, esa disposición no es una ocurrencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), sino un mandato legal derivado de la constitución federal, de tal manera que si la quieren cambiar, primero tendrían que reformar la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales y eso sólo lo puede hacer el Congreso Local.
En este contexto, para quedar bien con los sindicalizados el rector tendría que dar una imagen de que hay un retroceso en materia de transparencia, ya que después de que se firmó un convenio con el IMIPE y que éste último le otorgó una calificación que la ubica en segundo lugar a nivel estatal, al quitar de su página de internet la nómina, automáticamente perdería ese lugar privilegiado.
A menos que la consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga diga otra cosa.
Por lo pronto, y atendiendo a la advertencia del jefe supremo de la UAEM de que ya no sería pública la nómina de esa institución pública, hagamos un último ejercicio de revisión para que cuando la quiten por lo menos nuestros lectores tengan una idea de lo que contenía:
Ninfa Colín Bahena, secretaria particular, 15 mil 896 pesos quincenales; Rosa María Pintos Barrios, coordinadora de Unidad de Género (¿?) 7 mil 388 pesos; Víctor Manuel Rubio Herrera, coordinador general de Comunicación Universitaria, 10 mil 635 pesos; Carlos Pastrana Gómez, director de factibilidad académica, 11 mil 720; Melchor Araujo Macedo, secretario administrativo, 9 mil 727; Wilfrido Ávila García, jefe del departamento de formación artística de la UAEM, 6 mil 717; María Elena Ávila Guerrero, coordinadora general de Planeación y Desarrollo, 9 mil 178, sólo por citar algunos.
Por otro lado, hay “cosas raras” en la página de Internet de la UAEM.
Así que, estimado lector, si usted quiere conocer cuántas personas cobran en la nómina de la UAEM y de cuánto es la percepción, aproveche ahorita y entre a la página web de la UAEM porque en cuestión de días esa información simplemente desaparecerá.
¿Y LOS QUE NO SE APELLIDAN SICILIA?
A un año del lamentable fallecimiento de Juan Francisco Sicilia Ortega no podemos más que unirnos a la pena que aún embarga al periodista y escritor Javier Sicilia, y también exigir la detención de “El Rojo”, único responsable pendiente de ser detenido.
Fue muy emotiva la ceremonia de conmemoración luctuosa en la que se recordó el inicio del movimiento por la Paz y la Justicia. Cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Gobierno para recordar al hijo del poeta que ya se ha convertido en un ícono de los sectores inconformes en este país.
Pero en esta ocasión, yo quiero preguntarle a quienes han venido apoyando a Javier Sicilia en su movimiento, y también a las autoridades que afortunadamente han logrado la captura de la mayoría de los delincuentes que mataron a Juan Francisco ¿y los que no se apellidan Sicilia?
Yo espero que el próximo 13 de abril por lo menos alguno de ellos se acuerde, de que hace dos años seis jóvenes fueron “levantados” en la cancha de futbol de la colonia Pro hogar de Emiliano Zapata y encontrados muertos horas más tarde en la autopista del Sol a la altura del Polvorín. La escena que encontraron los peritos encargados del múltiple levantamiento de cadáveres fue dantesca: apilados como si fueran animalitos, con sus rostros casi infantiles y vestimentas que denotaban un bajo nivel socioeconómico.
Y está muy bien que el gobernador Marco Adame Castillo haya reiterado su respeto a las expresiones de la sociedad civil y grupos integrados en torno al movimiento que lidera el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, “a quien desde el primer momento de conocerse la muerte de su hijo hasta la fecha, se le ha proporcionado el apoyo institucional por parte de los gobiernos federal y estatal para la detención de los responsables de este crimen, y el resguardo hacia su persona”.
Pero qué pasa con el cobarde homicidio de Víctor Manuel González López de 15 años de edad, ocupación peón de albañil; Arturo Leonel Corona García de 20, vendedor de ropa de 20 años de edad; Gilberto Jaimes Lara de 16 años, peón de albañil; Emmanuel Uribe Candia de 18 años de edad, peón de albañil; Mario Reza Sotelo de 21 años, peón de albañil y Carlos Alberto Navarro García de 17 años de edad, de oficio ayudante de electricista, todos ellos vecinos del municipio de Emiliano Zapata.
Y agregaría a esta lista el nombre de Alan Cerón Moreno, desaparecido desde el 24 de diciembre del 2012, así como los cuatro muchachos (el menor de ellos de 13 años), asesinados y descuartizados en la colonia Alta Vista de Cuernavaca.
En todos estos casos las autoridades correspondientes deben poner la misma dedicación para encontrar y castigar a los responsables, porque con todo respeto para Javier Sicilia el dolor de un padre o madre al perder un hijo en estas circunstancias es exactamente el mismo.
JUICIOS ORALES Y PERIODISTAS
El siguiente texto es de Marco Lara Klahr, de los pocos especialistas, o quizás el único en México, que maneja el periodismo desde un punto de vista del Derecho. Y se refiere a un encuentro con periodistas del estado de Chihuahua, donde ya se aplica desde hace años el llamado Sistema Acusatorio Adversarial:
El programa abrió con la Mesa de debate «La experiencia de los periodistas a seis años de la implementación del sistema acusatorio en Chihuahua», para dejar claro que a los convocantes nos interesaba escuchar, problematizar y aprender todos de la experiencia de todos, sin pretender que nosotros teníamos las verdades y respuestas -en realidad, nuestra única certeza era la de que los periodistas y los medios estamos obligados en la coyuntura actual de reforma de la justicia penal a definir nuestra posición, respondiendo a las interrogantes de si a) tenemos claro qué sistema queremos, b) cuál es y b) qué esperamos de él o de qué manera queremos que el Estado trate a los miembros de nuestra comunidad imputados o víctimas de un delito.
Al menos para mí, el gigantesco aprendizaje es que los periodistas chihuahuenses suelen hacerse esas mismas preguntas y buscar respuestas, independientemente de que estén siendo capaces de cambiar su ejercicio profesional. Entre mis apuntes sobre lo conversado durante la mesa con la que abrió el taller, sobresalen estos:
1. Quienes desde el gobierno implementan el sistema de justicia acusatorio han menospreciado su operativización política; reformaron leyes e instituciones, y capacitaron como sea a los operadores, pero desdeñaron la sensibilización y profesionalización sistemática de un actor tan relevante como los periodistas. Un colega lo describió así: «Hemos vivido este proceso aislados y eso ha producido reticencias del gremio», mientras que otro consideró que lo anterior fue parte de una estrategia deliberada de desinformación.
2. Los periodistas siguen teniendo lagunas sobre la «complejidad técnica» del sistema implementado.
3. Hay prácticas comunicacionales de la policía municipal, la Fiscalía General del Estado, la Policía Federal y el Ejército contrarias al espíritu de la reforma.
4. Los jueces llegan a comunicar de manera ineficaz y autoritaria sus decisiones de imponer reservas de información durante las audiencias públicas, y temen aparecer en televisión razonando sus decisiones.
5. Las audiencias públicas muchas veces son simulaciones donde los ministerios públicos acuden no a debatir, sino a leer escritos, como en el viejo sistema.
6. No hay reglas claras sobre la información que debe ser reservada.
7. En las instituciones que intervienen en el sistema no hay comunicadores profesionales que hayan sido periodistas y comprendan sus necesidades.
8. En ciertas coyunturas, la agenda de los políticos avasalla las decisiones judiciales y las reglas de respeto a los derechos que impone el sistema acusatorio.
9. Al final, la desconfianza en el sistema persiste y eso no permite a los periodistas comprender y transmitir siquiera las razones legítimas de la reforma.
10. El periodismo está inmerso en una tradición jurídica inquisitoria que conjura contra el espíritu garantista del sistema acusatorio.
11. En los medios prevalecen enfoques y agendas fundamentados en la denigración y juzgamiento de personas imputadas de delito y hasta de las víctimas.
Nadie pretende que estas verdades sean absolutas o las únicas. Pero explican en parte por qué el sistema acusatorio tiene tan «mala prensa» y no guiarse por ellas para mejorar su capacidad comunicativa es seguir desperdiciando la inestimable posibilidad de que los periodistas y los medios nos convirtamos en agentes de cambio por un sistema penal eficaz y justo, no defendiéndolo, sino, paradójicamente, observándolo y criticándolo de manera informada y persistente por aquello que hace mal, para que lo haga bien.
Ojalá que Marcos Lara Klahr caiga en la cuenta de que Morelos también aplica este mismo sistema de justicia, y que los reporteros de esta entidad también tenemos mucho qué contar al respecto.
