Y por otra parte, el día a día transcurre en una dinámica de relativo orden público, aplicación de la ley (dentro de márgenes más o menos ordinarios –que no estrictos-, de acuerdo con nuestra tradición política, jurídica y cultural) y tranquilidad social.

Es difícil, sin embargo, aislar la anterior visión contradictoria sobre el estado de la gobernabilidad en el país, del clima de inseguridad –producto de la delincuencia y de la “guerra contra el narcotráfico”- que domina el escenario nacional. Pero es necesario hacerlo para lograr un análisis útil en el contexto de una explicación sobre la construcción de la democracia a partir de lo que los organismos electorales y otros actores pueden hacer desde el ámbito de la educación y, en particular, de los contenidos cívicos.

Es un dato real la insatisfacción con la política –debido al marco conceptual dominante de la política actual, no sólo en México, sino en la mayor parte de América Latina- y, específicamente, con la política democrática. Por ello, la pregunta que no puede obviarse es: ¿qué se requiere modificar en el diseño institucional de la política en nuestro país para que ésta, por decirlo llanamente, funcione bien o, simplemente, mejor?

En México tenemos una vida democrática que hace un par de décadas no se hubiera imaginado; se tienen las instituciones electorales que se han construido y sirven de modelo para países que están en vías de construcción de sus democracias; sin embargo, el país está demandando que el régimen funcione y satisfaga sus necesidades, por lo que necesitamos un Estado que le dé a la democracia la funcionalidad que no ha tenido, pues el mundo globalizado en el que se ha insertado, así lo exige.

El país tiene un grado de madurez democrático suficiente para poder dar pasos adicionales en la construcción plena del sistema institucional. Y uno de esos pasos es garantizar que los institutos electorales funcionen plenamente de manera autónoma y con ello puedan servir como referentes y guías para la extensión de una cultura democrática. Quienes integran los institutos electorales: servidores públicos, representantes, consejeros electorales y representantes de partidos políticos, están en una función privilegiada por convertirse en faros, guías, para impulsar la cultura democrática, la deliberación, el análisis de las políticas públicas, la discusión democrática y el debate.

Se puede seguir consolidando estas autonomías. Los mecanismos específicos que han tomado las legislaciones estatales o federal, en su caso, los partidos políticos y sus representantes ante los congresos de los estados, modifican en cuestiones importantes que afectan directamente a los institutos electorales

A los partidos políticos, en tal sentido, les toca entrar en un proceso de doble reflexión al margen de los procesos de campaña  que ya están en marcha. No pueden ser juez y parte en muchas de las materias electorales. Hace 16 años los partidos políticos estuvieron a la altura de las circunstancias históricas, cuando contribuyeron a la creación de institutos electorales; hoy tendrán que hacer  una profunda reflexión para llegar a la conclusión de que es necesario que den un paso atrás -respecto a los institutos electorales en su conjunto- que permita a los organismos electorales su consolidación de árbitros plenos, ajenos a los partidos políticos. Ese es el costo que tienen que asumir los partidos políticos para que los institutos electorales del país actúen con plena autonomía.

* Exconsejero electoral del IFE, y director de Última Instancia, revista de estudios jurídico-electorales

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