En México nos hemos acostumbrado desgraciadamente a que la democracia representativa fue cerrándole el camino a la ciudadanía hasta que llegó el poder decisorio de las candidaturas y las luchas electorales a las cúpulas partidistas. Esto es contrario a toda idea de democracia; es más, se puede dudar que vivamos en una democracia representativa ya que su lugar lo ha tomado una partidocracia permanente y poco democrática. Porque si vemos lo que está pasando, nos damos cuenta de que el juego de un Congreso dividido es tratar de bloquear lo más posible las acciones de un gobierno, para que en los procesos electorales puedan echarle en cara que no se cumplieron los objetivos que habían propuesto. Es por eso que en la escala de valores de los mexicanos, los diputados y las policías están más o menos al mismo nivel.
En la discusión de la reforma política hay dos aspectos que pintan de cuerpo entero este problema. El proyecto de la revocación del mandato era precisamente una forma de someter al Poder Ejecutivo y tener acceso a concesiones, ya sea de tipo político o de tipo burocrático, para poder romper las oposiciones a un proyecto gubernamental. La revocación del mandato por el Congreso vendría a traer anarquía a nuestro país; imagínense muchos de los diputados que están permanentemente en los periódicos haciendo gala de su impunidad, hasta de su mal gusto y de su ignorancia, que pudieran en un momento dado paralizar al país removiendo a un Presidente de la república. Esto sería, como ya decía, un camino a la anarquía y una ruptura completa con la vida institucional de un país.
El otro aspecto es la reelección de los diputados y alcaldes. Esto se planteaba como una forma de que la sociedad premiara o castigara a sus legisladores. La oposición vino de parte especialmente del PRI que trató de hacer ver que la no reelección propiciaba la renovación de las élites. La realidad es que no, que no es por ahí, sino que el tener la reelección y poder revalidar su cargo ante la sociedad le quitaría poder a las cúpulas partidistas. Es decir, no hay la idea de circular las élites sino de mantener el mando político de manera que los posibles candidatos tengan que recurrir a las cúpulas para obtener sus candidaturas y esto naturalmente les mantendría el nivel de poder que tienen en este momento las camarillas que deciden en los partidos.
Cada reforma que ha dado el Poder Legislativo ha ido en sentido inverso, es decir, restándole legitimidad al proceso democrático y dándole instrumentos para que las élites partidistas mantengan sin lugar a dudas la hegemonía dentro de sus partidos. Y esto no es solamente en un partido, el PRI lo bloqueó por esas razones. Pero también lo estamos viendo en Acción Nacional cuando se quieren reservar el 50% de las candidaturas para ser designadas directamente por el Comité Ejecutivo Nacional, léase la Presidencia de la república. Esto le quitaría de un golpe cualquier aspecto democrático a cualquier partido. No se diga el caso de la izquierda tan dividida que es difícil pensar que las élites políticas de esos partidos vayan a ceder un ápice de poder para mejorar el sistema político.
Para enderezar el camino, los que forman el sistema político lo que deben hacer es replantear el papel de las cúpulas partidistas y abrir la posibilidad de que los candidatos independientes tengan también el mismo apoyo económico que están gastando los partidos políticos con registro. Es claro que el registro se ha convertido en un negocio particular, el registro da dinero, da presencia, inclusive da paso a pactos electorales que aseguren el acceso a posiciones políticas de poder.
