La confianza –o la desconfianza- en la investigación es el fondo; sin embargo, han sido varias las indagatorias que por sus características eran obligación de los estatales y por alguna de las causas mencionadas, son atraídas por la Procuraduría General de la República, pero los resultados no sólo han sido magros sino un verdadero fracaso, por no llamarlas tomadura de pelo.

Apenas este viernes por la noche –auténtico sabadazo-, dos de los tres presuntos implicados en el plagio del empresario suizo Olivier Tschumi el pasado 19 de noviembre en Cuernavaca, fueron liberados por falta de elementos en su contra. Oportuno como siempre, el colega David Monroy recogió la declaración de su abogado defensor, Christian Fragoso, quien también dio por hecho la pronta liberación de la tercera persona arraigada de nombre María José Flores Pérez.

En diciembre de 2010, el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, solicitó a la PGR la atracción del caso del menor –presunto sicario- detenido en el aeropuerto Mariano Matamoros por tratarse de un delito de narcotráfico.

El menor debía ser trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones de Morelos, de acuerdo con las leyes locales, y ello, como es obvio, generaba un alto riesgo para la entidad. Las investigaciones federales siguen pero no ha habido algún avance, que se haya hecho público, que en verdad nos convenza del desmembramiento de esta banda.

Está por demás entender que la institución de procuración de justicia federal tiene para su trabajo muy variados elementos, personal, laboratorios, agentes, sistemas inteligentes, facultades, presupuesto y muchas otras cosas más, para garantizar que su trabajo es eficaz, eficiente y certero. Una investigación ministerial si bien es cierto no debe responder a tiempos, plazos fatales o presiones externas, tampoco puede ser echada abajo por falta de elementos cuando inclusive existen detenidos, señalados todos ellos, como presuntos responsables, insistimos, como consecuencia de la misma investigación, bajo el argumento judicial de la falta de pruebas.

Esta decisión del juez no solamente descubre la incapacidad, sino la irresponsabilidad de los agentes del Ministerio Público encargados del caso.

Particularmente en el caso de Oliver Tschumi vemos varios escenarios, todos ellos vergonzosos que obliga a la nueva titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, aunque ella misma tiene su gran traspiés en el llamado “michoacanazo”, a tomar cartas en el asunto:

La familia del suizo secuestrado, hasta el momento desaparecido, se quedó sin nada. Sin detenidos, sin el dinero entregado, sin saber del paradero de su familiar, y, lo más grave, sin esperanza.

Los detenidos, de ser inocentes, pasaron por un vía crucis, a propósito de las fechas, al cual nunca debieron ser sometidos. Nadie les devolverá los momentos de incertidumbre, ni a ellos ni a sus familias. Nadie, absolutamente nadie, les devolverá lo perdido durante esos largos días de haber sido señalados como presuntos responsables de un delito no cometido.

Los detenidos, de ser culpables, habrán burlado a la justicia por la ineficacia de quienes tuvieron en sus manos la investigación. Habrán cobrado un dinero ilícito, mantendrán en el secreto el paradero del secuestrado; o en su caso, que esperemos no se cumpla, la ubicación de su cuerpo.

Los casos de atracción por parte de la Procuraduría General de la República se suman día a día; llegarán a ser innumerables y con ello, prácticamente sin solución.

La PGR no es sinónimo de garantía.