Iba otro joven que apareció por los rumbos de Coatetelco, golpeado, amarrado, del que poco o nada se habla. Dice el diputado Fidel Demédicis que Mauricio Vega Chavaje le ofreció detalles, números de unidades de la Policía Federal y las que finalmente se llevaron al muchacho, del Ejército. Con todos esos elementos, queda preguntar quién va a decir qué sucedió con el joven Sánchez Santana.

Una lectura sola, grave, mucho, permanece: cientos vieron, decenas de oficiales municipales federales y de la milicia, lo vivieron, pero nadie ha querido decir nada. Lo que en un principio trataron de adjudicárselo al gobierno de Cuernavaca y luego a la PFP, está en los terrenos respetados pero obligados a esclarecer el asunto, de los militares. Ya no es asunto que en el camino tuviera remedio, se trata de informar y hacerlo claro. Si hay responsables, que aparezcan. Imposible ocultarlo, porque el Caso Jethro hace rato que traspasó las fronteras de Morelos y de México mismo.

Pudo haber excesos con los jóvenes, que se haga lo que se debe en estos casos y que las Fuerzas Armadas ofrezcan a la sociedad argumentos tan sólidos y el ejercicio legal que corresponda. Es cierto, al tema del joven desaparecido le falta todavía espacio de especulación, advertencias o hasta agresiones políticas o físicas, pero la liga se ha estirado demasiado y en cualquier momento se revienta. Si la familia calló, tienen sus razones y hay que respetárselas. Eso sí, el político que trate de capitalizarlo y se autonombre paladín de las libertades, habrá que exhibirlo. Es la vida de un ser humano. Y están en juego los respetos a las instituciones.

ONCE AÑOS DE VIOLENCIA FEMINICIDA EN MORELOS

(Informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos con fecha del 10 de junio del presente mes)

Cada niña o mujer asesinada había experimentado durante su vida múltiples formas de violencia, daños a su integridad, dignidad y desarrollo que atentaron contra su libertad. Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica.

291 feminicidios en 11 años

13 mujeres asesinadas en 2011 hasta 07 de junio

40 mujeres asesinadas en 2010 hasta 28 de octubre

36 mujeres asesinadas en 2009

31 mujeres asesinadas en 2008

29 mujeres asesinadas en 2007

20 mujeres asesinadas en 2006

122 mujeres asesinadas del 2000 al 2005

Municipios donde ha ocurrido

Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Puente de Ixtla, Huitzilac, Tepoztlan, Ciudad Ayala, Emiliano Zapata, Miacatlán y Amacuzac.

En los últimos cuatro años se duplicó la violencia feminicida y prevalece la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres. En el año 2006, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registro 20 homicidios de mujeres, en el 2007 el número aumentó a 29, en el 2008 la cifra creció a 31, en el 2009 se documentaron 36 casos, hasta octubre del 2010 eran ya 40, y en los 6 meses de 2011 ya se han contabilizado 13.

Vemos como prevalece la impunidad en el esclarecimiento de los homicidios, pues las instituciones de procuración y administración de justicia no sólo siguen menospreciando sino que están estigmatizando a las víctimas. Antes las autoridades prejuzgaban, decían que los asesinatos ocurrían porque las mujeres eran prostitutas o andaban en líos amorosos, eludiendo con ello su obligación de realizar una investigación a fondo; posteriormente que eran problemas de índole personal toda vez que era el novio o esposo el agresor, ahora los asesinatos de mujeres son relacionados con el crimen organizado, dando una salida fácil y llena de complicidades para no investigar y esclarecer el móvil real.

No debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a la víctima, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida de sus seres queridos y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en el ámbito social, familiar, cultural.

Es por ello que hacemos un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.