Que un grupo de muchachos buscaba pleito y gritaba al interior de la Feria de Cuernavaca hace dos meses y que luego de pasar de manos de los policías federales a miembros del Ejército Mexicano, no se volvió a saber de uno de ellos, de Jethro precisamente. Su compañero fue encontrado severamente golpeado, amarrado y vendado en Coatatelco, en Miacatán, al surponiente de esta capital, pero vivo.

En una palabra, era un secreto a gritos.

Incluidos los medios que no tenían certeza de lo que sucedió ese día, todo se manejaba de voz en voz, con temor fundado, porque los presuntos responsables eran elementos de las fuerzas armadas. Obviamente que al detener a dos de los presuntos (uno de ellos se apellida Orizaba Guerra y siempre se habló del “teniente Guerra”, recuerden), se aplica la justicia militar y se impone un criterio en que son excepciones al interior de las filas castrenses los que “se van por la libre” y cometen excesos. Falta, importantísimo, que con las consecuencias dolorosas para la familia, prueben que alguno de los varios cuerpos atribuidos a Jethro sea el de él, por una razón tan poderosa como cruel: sin cuerpo del delito no hay delito. Duro pero necesario.

En esos puntos de angustia se encuentra la familia del joven ingeniero mecánico morelense desaparecido forzadamente –como queda probado ahora— en los primeros días de mayo pasado.

Este evento enseña rostros graves de la realidad mexicana; uno sería que a la vista de decenas, de centenas de personas, corporaciones o miembros de las fuerzas armadas, apresen y desaparezcan personas, lo que se incluye en el contexto histórico de la represión, de aquella guerra sucia cuando grupos subversivos. Hoy, so pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, no hay que alzar la vista, ni arquear la ceja, menos contestar altisonante, porque se desconoce de qué humor se encuentren los que, suponemos y dice la ley, nos tienen que cuidar. Para eso les pagamos.

Queda demostrado que no es simple hacer o deshacer sin consecuencia. Organismos civiles como la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos o recomendaciones de instituciones de peso como Amnistía Internacional intervienen cuando la razón y los elementos les asisten. Otros como la Comisión estatal de Derechos Humanos y su presidenta Lucero Benítez Villaseñor no quedan bien parados, cuando menos con los familiares inmediatos de algunas víctimas. Sin embargo, estas instituciones, civiles y públicas, aunque no hacen el contrapeso que la sociedad deseara, funcionan cuando al frente está gente probada en la lucha histórica como José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla.

El viernes pasado fueron detenidos Aguilar Guerrero y Orizaba Guerra y han declarado ante el Ministerio Público militar. La semana pasada fue encontrado el cuerpo de un joven en una barranca de Ciudad Chapultepec y de inmediato se dijo que era Jethro. No fue así. Ayer buscaban en algún lugar de Atlixco, Puebla, porque según la confesión de los militares aprehendidos “allá llevaron el cuerpo”. Falta conocer si así es. Persiste la esperanza de que lo regresen con vida, pero revisando eventos parecidos, es poco probable. El asunto, insistimos doloroso pero necesario, es que se acredite la culpabilidad de los militares detenidos. Y para ello se necesita probar el delito, y para ello el cuerpo del joven desaparecido.

Un Magistrado, Uno…

Un correo aparecido aquí el lunes generó controversia: lo del magistrado que falta. Nos ha aclarado alguien que sabe. Es uno solo. La licenciada María del Carmen Cuevas fue ratificada, contando para ello con la anuencia inicial de la fracción del PAN, con la operación del secretario general del gobierno y posterior aprobación de las fracciones. El que queda, según los medios ayer, es disputado por un buen número de abogados, suponemos que la mayoría calificados. Vean si no: Aurora Salgado Jaimes, Jesús Valencia Valencia, Jaime Castera Toscano, Elda Flores León, Laura Galván Salgado, Luis Jorge Gamboa Olea, Nicolás Arturo Garduño Sámano, José León Rodríguez, el infaltable Alejandro Hernández Arjona (que no se quita el estigma de Agustín Montiel, El Mico y Anexas) y otro que se apunta en todas: Marco Antonio Ponce Santiago, burócrata de tiempo eterno. Claro, falta el aludido ese lunes, Carlos Edmundo Cuenca Jardón. El que en el argot político le diríamos “El Bueno”, el elegido pues. El resto sirve para que parezca democrático, pero en efecto los dados han sido cargados. Este señor Cuenca Dardón, según los que le han tratado, se calificaría en su “Le Mundo” el maestro Andrés Alberdi Aburto, “más pesado que una vaca en brazos”. Se hablaba de 209 millones de pesos “en la operación”. La fuente nos asegura que no ha sido así, pero que “Cuenca va a ser”.

La magistrada Carmen Cuevas fue ratificada y está bien. Seguramente la paisana morelense –creemos que debe estar orgullosa de nacer en la calle de Zarco, casi frente donde está la mejor pozolería del mundo: “La Flor del Maizal”— conoce su oficio; es hija de un hombre infaltable en el Poder Judicial de Morelos, toda una institución.