Si sólo tomamos la desagregación del gasto educativo que se asigna a través del FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica) podemos ver que ningún criterio objetivo prevalece para la distribución de recursos entre los estados. Ni los estados ricos reciben más o menos en forma pareja, ni los estados pobres son compensados en montos proporcionales. Ni se premia la calidad, ni se promueve la equidad.
No hay un marco de referencia predeterminado que rija la política presupuestal en materia educativa para los estados. El trato especial al Distrito Federal no tiene que ver con ningún criterio educativo tampoco; simplemente está congelado en base a un acuerdo de otra época y otra realidad.
El problema es, por supuesto, político: la forma en que los acuerdos presupuestales del gobierno federal se fueron alcanzando (desde la crisis financiera de los 1980s) con cada entidad de la República. Pero también es de metodología. No es un tema en el que se deba recurrir a Tena Ramírez o a Serra Rojas; o sea no es una cuestión constitucional, jurídica o administrativa. Es un tema, más bien, en el que las referencias deberían ser economistas como Wallace Oates o Richard y Peggy Musgrave: es una cuestión de la teoría de bienes públicos.
Me explico: la lógica del federalismo educativo, como se ha diseñado en la práctica y se instrumenta en la realidad, no tiene que ver con la lógica de los modelos educativos.
Para empezar, Eduardo Andere (El poder de PiSA, Biblioteca Mexiquense del Bicentanario) muestra que no hay correlación evidente entre el tipo de régimen (unitario o descentralizado, nacional o federalista) que explique los resultados en el desempeño de maestros o el aprendizaje de los alumnos en los distintos países. No es el sistema federalista o nacional de Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos o Francia, lo que explica su desempeño en PiSA.
El problema que enfrentamos en México es de diseño. Si aspiramos a elevar la calidad de la educación en el país, ¿cómo debemos asumir el marco federalista? ¿Como un esquema preestablecido o como una variable dependiente? ¿Se debe ajustar el modelo educativo al sistema federal o éste a la política educativa óptima?
Y puesto en otras palabras: ¿cuál es el mejor nivel de gobierno --federal, estatal o municipal-- para "proveer" la mejor educación como un bien público?
El modelo que muchos ahora impulsan tiene a la escuela como unidad de referencia para determinar la educación. La pregunta entonces es, la "autonomía de las escuelas" funciona mejor en el marco de un régimen federal, nacional o unitario o, bien, en uno estatal, descentralizado?
Hasta ahora el debate sobre el modelo educativo ha sido independiente del análisis del federalismo educativo. O puesto a la inversa, el debate sobre el federalismo educativo transcurre sin considerar a la educación o, más precisamente, a un modelo educativo óptimo. Es como si la calidad educativa no fuera influida por las decisiones de gasto o las asignaciones de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
¿Cuál es el nivel óptimo de gobierno para la provisión de los servicios educativos: el federal, el estatal, el municipal u otro distinto, más extenso que el municipal pero menos que el estatal, uno regional o uno tan focalizado como el de la comunidad escolar? ¿Cuáles son los parámetros e indicadores para tomar esta decisión? ¿Es una decisión que se debe tomar en base a la política que se desahoga cotidianamente en el Congreso de la Unión, o bien, a criterios presupuestales negociados estado por estado con la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Educación, o más bien, debe ser una decisión en base a criterios técnicos ligados fundamentalmente al esquema óptimo para impartir la educación y hacerlo con los estándares de calidad más altos posibles?
Sin respuestas a estas preguntas, no lograremos tener en el futuro, ni un sistema federalista eficiente, ni un modelo educativo de calidad.
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Presidente de la Fundación SNTE
