Empatar ambos conceptos es cuestión de tiempo. En algunos cambios de administración, primero se legitimó y luego se legalizó el cambio presidencial, en tanto que en otros primero se legalizó y luego se legitimó.
Hasta 1994, el arribo del nuevo gobernador de Morelos era un evento ajeno a la agenda nacional, se realizada aún antes de que se diera la votación federal. Jorge Carrillo Olea rindió protesta el 18 de mayo de 1994, y la votación federal se realizó el primer domingo de julio siguiente. En esa administración se amplió el sexenio 145 días para empatar el proceso electoral.
A partir del 2000, la jornada electoral y el protocolo de entrega-recepción son concurrentes y se realizan durante los siguientes meses. El Congreso de Morelos y el Congreso de la Unión (diputados federales y senadores) entran en funciones el primero de septiembre, el gobernador del estado rinde protesta el 1 de octubre; el presidente de la república el 1 de diciembre y a partir de este año los 33 alcaldes el 1 de enero del año siguiente.
El mandato popular de cambio coincidió en aquella elección: Vicente Fox como presidente y Sergio Estrada como gobernador participaron por el PAN y ambos sustituyeron a gobiernos priistas. Ninguno de los involucrados en Morelos tenía experiencia en relación a la relevancia de cuidar el periodo de transición entre el día de la eleccion y la toma de protesta.
En el 2006 en la eleccion nacional, por menos del uno por ciento triunfó Felipe Calderón, del PAN. En Morelos fue Marco Adame, del mismo partido.
En lo administrativo, el proceso de entrega-recepción fue tranquilo, pero las diferencias entre ambos empezaron cuando se inició el proceso de revisión de las cuentas públicas.
En el ámbito nacional se instalaron oficinas y se crearon comisiones de enlace para la entrega-recepción entre priistas y panistas.
En lo local se dio paso a la realización de una serie de modificaciones legales y constitucionales que modificaban las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo ante el Legislativo y el Judicial.
En el periodo de transmisión de poderes se suceden una serie de eventos que van vinculando y empatando la condición de legal y la de legítimo. Existen los factores internos y los externos. En los internos es qué tanto la presencia del personaje se manifiesta cada vez más como presidente en funciones y qué tanto los analistas, la clase política y la sociedad lo consideren presidente saliente, entrante, electo o que ya concluyó su gestión.
El adjetivo que se agrega al concepto de presidente impacta en el ánimo de los gobernados. En el 2006, Andrés Manuel Lopez Obrador sacudió, logró dividir a la sociedad, cuando con un grupo de sus seguidores “rindió protesta” como “presidente legítimo”. Algunos lo consideraron y lo quisieron considerar como el “verdadero presidente de México”.
El efecto que logró en los medios de comunicación y las actitudes de otros gobernantes y representantes populares afines a su causa o que fueron simpatizando durante el proceso de “las movilizaciones sociales”, logró influir incluso en la agenda del presidente electo Felipe Calderón.
El 1 de diciembre del 2006 existieron expresiones sociales aprobando el bloqueo que legisladores federales estaban realizando para impedir que Felipe Calderón cumpliera con la ceremonia protocolaria para rendir ante el Congreso de la Unión protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Este es el evento más importante de la agenda política nacional y sucede una vez cada seis años y siempre con un protagonista diferente. Antes de ese momento se cumple con el proceso de presidente electo, legal, legítimo o en proceso, entre otros adjetivos.
EL PRESIDENTE LEGÍTIMO
El primer domingo de julio de 1988, varios estados, entre ellos Morelos, otorgaron una mayor votación al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, sobre Carlos Salinas de Gortari del PRI, quien luego de la “caída” del sistema electoral, se convirtió en presiente a los 40 años. Su edad formó parte de los argumentos de sus detractores desde la precampaña, pero rindió protesta ante un Congreso que se negó a someterse sin cuestionar a las determinaciones presidenciales.
Durante el sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid, el 1 de septiembre de 1988, el senador del FDN, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró las “interpelaciones parlamentarias”, al tratar de interrumpir la lectura del documento político por parte del jefe del Poder Ejecutivo, suceso inédito hasta aquella ocasión.
En el Ángel de la Independencia se realizaron plantones y mítines de panistas y simpatizantes del FDN para exigir que “se limpiara la elección”.
La clase política priista de la época cuestionaba la legitimidad de aquel presidente. La madrugada del 10 de enero de 1989 el arribo de las fuerzas armadas a una propiedad privada en Ciudad Madero, Tamaulipas, y la captura de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, líder moral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cambió la percepción social sobre la legitimidad presidencial de Carlos Salinas.
En abril de 1989 el entonces senador y ex gobernador del estado de San Luis Potosí Carlos Jongitud Barrios declinó a la presidencia de Vanguardia Revolucionaria, grupo político afiliado al Partido Revolucionario Institucional que controlaba al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En febrero logró sacar adelante la nominación de Refugio Araujo como secretario general del SNTE.
Luego de un movimiento de agremiados inconformes, Refugio Araujo renunció al liderazgo, que fue asumido por la profesora chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales, quien había sido secretaria de Finanzas de esa organización.
Al inicio de esa administración Fernando Gutiérrez Barrios era el secretario de Gobernación, Enrique Álvarez del Castillo el procurador general de la república y Javier Coello Trejo subprocurador de la lucha contra el narcotráfico, quien detiene a Miguel Ángel Félix Gallardo, en aquel momento el narcotraficante más buscado.
Al inicio de aquella administración se inició el Programa Nacional de Solidaridad, estructura integrada con todos los programa de apoyo social que se habían creado en las diversas administraciones.
Se impulsaron sus acciones en todo el territorio nacional y cada año se realizó la Semana Nacional de Solidaridad, durante la cual se propiciaban intensos recorridos por diversos estados de la república (en cada una visitó Morelos en más de una ocasión) para entregar obras y advertir cómo se estaba combatiendo la pobreza y la falta de educación y atención de la salud hasta en las comunidades más alejadas del territorio nacional. En 1991 logró el “carro completo” en la eleccion federal.
El 1 de diciembre de 1994 fue el último presidente priista que le entregó el poder a otro priista.
El 23 de marzo de 1994 fue asesinado el candidato priista Luis Donaldo Colosio; lo sustituyó en la nominación el coordinador general de la campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. Al inicio de la administración de Zedillo, Raúl Salinas de Gortari fue detenido y procesado por diversos delitos, Jorge Carrillo Olea, gobernador de Morelos, pidió licencia en mayo de 1998. A la semana de la salida del mandatario estatal, Zedillo visitó Morelos y ahí prometió “sacar a las ratas inmundas de Morelos”.
LA REFORMA DEL PODER
Las condiciones bajo las cuales se aplica el ejercicio del poder, la relación que mantiene la estructura gubernamental con todos los actores sociales, el sobreposicionamiento de los poderes facticos y el rompimiento del pacto y del tejido social, son algunas de las bases con las cuales debe iniciarse la revisión integral del “Poder en México”, la agenda anunciada por Andrés Manuel López Obrador, para dar seguimiento al reclamo de que se limpie la elección, obliga a la clase política nacional, a asumirse como clase política e impulsar los cambios que la sociedad ha ordenado desde que determinó una representación plural en el Congreso de la Unión en 1997.
Andrés Manuel López Obrador en 1983 fue presidente del comité directivo estatal del PRI en Tabasco. Hoy le acompañan “distinguidos cuadros priistas”: Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación, que reconoció la “caída del sistema” en 1988 y Manuel Camacho Solís, jefe de gobierno del Distrito Federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien se negó a reconocer y apoyar la designación de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la república.
Para poder participar en el pasado proceso electoral, todos los candidatos, desde los que buscaron la modesta posición de regidor en el último lugar de la lista de sus partidos para el último municipio del último estado, hasta los cuatro que contendieron por la Presidencia de la República, firmaron un registro y recibieron el código electoral correspondientes -en el proceso federal el código nacional y en los estados la ley de cada entidad-; ahí estan establecidas las leyes cuyos artículos delimitan las condiciones de la contienda. Todos las aceptaron.
Existieron señalamientos de inconformidad, como el vertido en Morelos por el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Carlos Salgado Ponce, en el que rechazaron la aplicación de la ley federal en cuanto a la limitación para contratar espacios en la radio y la televisión para externar su inconformidad por la aprobación de una ley que le otorga al gobernador saliente el pago por parte del estado de un cuerpo de seguridad para que lo proteja en el futuro.
Los ciudadanos deben preservar intactos sus derechos politicos, entre los que destacan la libertad de expresión, señalaron los hombres de negocios, cuando expusieron su inconformidad contra la ley electoral.
Los militantes de los partidos politicos, los funcionarios públicos que arribaron a un puesto de elección popular, los candidatos y las autoridades electorales, aceptan cumplir y vigilar que se cumpla la ley electoral; si consideran que es ajena a las necesidades nacionales sobre el tema, deben impulsar modificaciones que la adapten a esas necesidades.
Fueron militantes de partidos, durante una gestión como representantes populares, los que acordaron en el Congreso de la Unión la aprobación de la ley electoral que rige las contiendas que se realizan en lo federal y en cada una de las entidades, por ello la firma de los pactos de civilidad confirman las intenciones de violentar una reglamentación que aceptaron cumplir cuando se inscribieron.
El curso legal que sigan las inconformidades que se han planteado en el ámbito nacional y estatal lo determinarán las autoridades de los tribunales electorales, que son depositarios de la responsabilidad pública de la impartición de una justicia pronta y expedita en todos los ámbitos y que deben actuar sin tomar en cuenta manifestaciones, tomas de vías públicas, o expresiones en medios de comunicación y redes sociales. Su actuación al margen de los mandatos legales es considerado en ellos como delito.
El ciudadano puede realizar todo lo que la ley no le prohíbe, el funcionario debe cumplir con lo que la ley le manda, el integrante del Poder Judicial debe vigilar que todos cumplan la ley, por ello la legalidad de las elecciones está a revisión de los ciudadanos, lo demás son opiniones, que se vierten en las conferencias de prensa para impactar en el ánimo de la sociedad.
La necesaria reforma del poder, que se planteó en 1994 como parte de un proyecto de gobierno que se frustró a través del magnicidio, debe replantearse primero para lograr las condiciones mínimas necesarias para que todos los mexicanos puedan y se vean comprometidos a cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ella emanan, como lo establece el protocolo de la toma de protesta de todos los cargos públicos, incluido el presidencial.
Cuando se cumpla la Constitución, deberá iniciarse el proceso ordenado de su revisión, actualización y vinculación al proyecto nacional que le dio origen, ser la carta magna que garantice los derechos y las libertades de todos, ése debe ser el objetivo primario de todas las reformas que plantean y prometen todos los gobiernos, utilizar la Constitución como el acuerdo nacional que impulse la búsqueda de la felicidad y la calidad de vida en todos los ámbitos de todos los mexicanos, así debe interpretar la clase política que gobernará en los próximos años a partir del primero de septiembre cuando se instala la máxima representación popular en el Congreso de la Unión, quienes se integren al Poder Ejecutivo en los ámbitos, municipales, estatales y federal deben someterse a los lineamientos establecidos por la sociedad a través de las expresiones de sus representantes populares (diputados y senadores).
El mensaje mediático que continúan enviando los líderes de todas las fuerzas políticas, los electos, los que no triunfaron y los que están por concluir sus gestiones, es que las reformas comprometidas durante las campañas, fueron expresiones momentáneas inmersas en el proceso que dominaron las encuestas, los debates y la violencia verbal y la “real” del crimen organizado, ir a la raíz de los grandes temas sigue siendo un tema ajeno a la agenda de la espectacularidad mediática de los “actores políticos”.
IMPUGNACIONES CRUZADAS
El Partido de la Revolución Democrática impugnó el proceso electoral federal, en el caso del presidente de la república, donde el resultado otorga ventaja en el número de votos a favor en todo el territorio nacional a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. En Morelos el Partido Revolucionario Institucional impugnó la elección de gobernador, donde el resultado otorga ventaja en el número de votos a favor en la entidad a Graco Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática.
En ambos casos la determinación de qué impugnación procede y cuál es rechazada, está en manos del Tribunal Electoral correspondiente, el efecto inmediato para el cual se destinan una parte importante de los esfuerzos y recursos en estas impugnaciones construidas desde la precampaña en los “cuartos de guerra” de todos los candidatos y los partidos politicos con posibilidades reales de triunfo (PAN, PRI y PRD), es el impacto que pueda tener en la ciudadanía, ahora ya no con fines electorales: es para legitimar o deslegitimar una autoridad.
Antes de que concluyera la primera semana posterior a la elecciones, los candidatos a gobernador de Tabasco y Morelos del PRI salieron en forma simultánea a dar ruedas de prensa acompañados de los representantes nacionales de su organización para reconocer que el voto no les favoreció el día de la elección.
Con este mensaje se inició públicamente el proceso de negociaciones para “legitimar” una elección que se desprestigió por la sobre exposición de encuestas y debates que no coincidieron ni cualitativa ni cuantitativamente con los expresado directamente en las urnas por los votantes.
Los que participaron con su sufragio y los que determinaron no acudir a la gran fiesta cívica, reiniciaron sus actividades cotidianas que interrumpieron el viernes anterior a la elección, los “ejércitos de militantes, acarreados y simpatizantes” de cada partido han estado y están a la expectativa de cualquier instrucción que sus organizaciones les den, para realizar manifestaciones, marchas bloqueos y plantones, hoy elevadas al rango de “reuniones de información”.
El acuerdo de civilidad que los candidatos presidenciales signaron el jueves anterior a la contienda, incluye la libertad para la realización de las “reuniones informativas”, para difundir los avances y establecer las siguientes acciones que deberán realizarse para que se limpie la eleccion, luego de que se ofreció no realizar bloqueos ni plantones y menos de carácter nacional, organizados por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.
Puede y debe existir un grupo que se reúna para informar las propuestas anti Peña, el pacto de civilidad lo permite, pueden continuar las difamaciones entre priistas y perredistas en las redes sociales, éstas al no existir jurídicamente no generan ninguna sanción por informar sin confirmar cualquier hecho o difundir cualquier mensaje en contra de funcionarios actuales o futuros.
Graco Ramírez concedió una entrevista en la que expresó su intención de continuar avanzando en el proyecto del Movimiento Progresista de Morelos y dejar que sean las autoridades electorales las que determinen libremente el proceso de las impugnaciones.
El primer presidente del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, Juan Ignacio Suárez Huape -que impulsó la candidatura de Mario Rojas Alva en el proceso preelectoral- exigió a todo el Comité Estatal del PRD a que se sumen a las acciones de la agenda propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los mensajes mediáticos y “legítimos” de las impugnaciones es que lo que suceda en el DF, puede revertirse en Morelos.
El proceso postelectoral tiene una agenda diferente a la que cumplió en 2006: los bloqueos y las tomas de la vía pública quedaron descalificadas, ya que trajeron como consecuencia el que muchos de los que votaron por López Obrador perdieran su empleo por el cierre de las empresas de la zona de Paseo de la Reforma que permaneció cerrada durante varios meses, lo que significó la animadversión de los directamente afectados y de sus familiares.
Aquellas movilizaciones arroparon la ceremonia de toma de protesta en el zócalo de la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo”, Con ese carácter recorrió todo el territorio nacional, y en muchos puntos del país logró el sentimiento de que en el “singular” tiempo de los “hubieras”, “nos hubiera ido mejor con él como presidente”, su gestión como “legítimo” concluye al cumplirse los seis años. Sin embargo la “legitimidad” puede incluir la “reelección” que la legalidad hoy sólo permite en los sindicatos y para los partidos como instituciones: el PRD puede lograr la reelección, el PRI y el PAN también, siempre que registren a un candidato diferente al que triunfó en la ocasión anterior.
LA ENTREGA RECEPCIÓN
El lunes el gobernador electo Graco Ramírez, estableció la posibilidad de impulsar la contratación de un despacho privado de auditores para que revise las cuentas públicas que analiza la Auditoría Superior Gubernamental, que dirige Luis Manuel González Velázquez, ex presidente del PRI, a quien confirmó en el cargo la actual legislatura para concluir un periodo más de gestión, que incluye los primeros años del gobierno que encabezará el propio Ramírez Garrido Abreu.
Tambien señaló que el gobierno de Morelos no cumple con los protocolos de seguridad. El gobierno del Estado informó que se continúa trabajando en dar seguridad a todos los morelenses. Graco Ramírez señaló que es insuficiente un presupuesto de 600 mil pesos para la realización de los trabajos de entrega recepción, y que en el periodo anterior fue de dos millones de pesos, que ellos no creyeron que podían perder el gobierno del Estado y señaló que es lo que marca el presupuesto y que no se puede modificar.
Este proceso de entrega-recepción incluye la revisión del destino de los créditos que se otorgaron a diversos municipios, entre los que destacan Cuernavaca y Cuautla, que fueron gobernados durante los últimos tres años por el PRI y que a partir del 1 de enero serán gobernados por el mismo partido y por el PRD, respectivamente.
El argumento para realizar la revisión de la aplicación de los créditos es que se aprobaron desde el Congreso del Estado, que tiene 15 diputados priistas, cuando contó con el aval del gobierno panista.
Las auditorías son una revisión a la rendición de cuentas que hoy consideran está partidizada por la militancia de su titular y el origen de su nombramiento. Cualquier modificación deberá transitar por el proceso legal correspondiente en la próxima legislatura, en la cual ningún partido en los individual logró tener el 30 por ciento (10 legisladores) en su integración y que requiere en la mayoría de los casos de más de 20 votos para su aprobación.
El proceso de entrega recepción tendrá etapas intensas en lo informativo y en lo jurídico. La reforma del poder debe incluir un sistema de rendición de cuentas ajeno a las “inquietudes” de los legisladores y de los partidos que los impulsaron.
