Los gobiernos de Sergio Estrada y Marco Antonio Adame Castillo, se mantuvieron al margen de los “mega proyectos”. Al final de la pasada administración, se anunció la instalación de un “mega proyecto” con la Comisión Federal de Electricidad, el mismo se complicó y se partidizó en las postrimerías del Gobierno panista, y hoy las autoridades estatales entrantes y las federales que concluyen en un mes su gestión, buscan dialogar con los pobladores de la zona de influencia que continúan rechazando y condicionando ese proyecto; esta semana, volvió a anunciarse la reiniciación de las obras en Huexca.
“La incomprensión ciudadana” es una característica común en contra de los planteamientos de diversos proyectos que incluso los simpatizantes llegan a considerar como “una bendición de Dios”, como calificó al proyecto turístico de los noventa el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes; “el rechazo” se planteó con plantones y manifestaciones de pobladores, que aseguraron que el proyecto acabaría con “sus tierras”, y que ellos las defenderían firmemente porque de ahí vivían y sobre todo ahí vivían bien.
Las modificaciones constitucionales a la propiedad colectiva de la tierra en las zonas agrícolas, cambió aquel sentimiento; un importante número de hectáreas fueron comercializadas en forma desordenada y sin proyectos sustentable previos, el día de hoy están convertidas en zonas urbanas, cuyo uso permanente se advierte complejo por la “transformación” que del entorno se realizó para su edificación.
Un ejemplo de esto son los desarrollos inmobiliarios de los municipios de Temixco, Zapata, Jiutepec y Xochitepec, que se han desplegado desde 1990, cuando la Comisión Nacional del Agua, decretó que más de 23 mil hectáreas de cultivos de esos municipios, debían “cerrar” por los altos niveles de contaminación de los mantos freáticos, producto de la explotación irracional para uso industrial en las tres décadas previas, desde que se instaló la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.
Hasta aquella determinación, según informes gubernamentales de la época, eran más de 23 mil los campesinos que vivían del cultivo de hortalizas; sin embargo, la prohibición del trabajo agrícola, así como el cierre de ingenios, decretado por el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, e incluso el fraude de la Casa de Bolsa Chavelas, que “sustrajo” los ahorros de cerca de 17 mil ex trabajadores de la zona de Yautepec, y algunos conflictos sociales, provocaron que la mayoría de los agricultores propietarios de esa región vendieran sus tierras o salieran “expulsados por el hambre” hacia Estados Unidos.
“El indio se quemó tanto con la leche caliente que hasta el jocoque lo sopla”, los pobladores históricos de todas las comunidades de la entidad, advierten que no permitirán la realización de más proyectos en tanto no se solucionen los conflictos que siguen “latentes” por el incumplimiento de las autoridades en proyectos anteriores; los últimos gobiernos han pretendido que los pobladores de comunidades a donde no llegan las mínimas comodidades del siglo XX, acepten y reconozcan las bondades de los proyectos del siglo XXI, esto cuando los gobiernos anteriores, no atendieron sus necesidades de educación, salud o infraestructura urbana en sus comunidades.
En la década de los noventa, los pobladores de Yautepec rechazaron dos empresas por considerarlas peligrosas y que acabarían con el agua, una pretendió ensamblar plumas o bolígrafos y la otra, elaborar shampoo y acondicionador para el cabello; los doctores en Economía, Derecho, Ecología y otras ciencias, no encontraron expresiones que les permitieran coincidir con quienes aún no conocían “El silabario de San Miguel”; el primer conflicto con los morelenses de Jorge Carrillo Olea, fue a consecuencia de la expresión de su secretario de Desarrollo Económico, Ángel Cházaro, en el sentido de que “Morelos sólo produce servidumbre, jardineros y meretrices”.
En ese Gobierno se terminó de construir el penal de Atlacholoaya, y se dejaron de edificar planteles de educación media básica, media superior y superior, uno de los argumentos de campaña del siguiente gobernador, Sergio Estrada, fue “acabar con las escuelas gallinero”; durante el Gobierno de José Raúl Hernández Avila en Cuernavaca, un padre de familia como expresión de agradecimiento por la remodelación de los sanitarios de una primaria pública dijo “ahora sí sentimos que entramos a un baño de Sanborns”.
En el 2008, Marco Antonio Adame Castillo firmó un acuerdo para “elevar la calidad de la educación” sin consultar a los maestros, eso provocó que se suspendieran las clases durante varios meses en la mayoría de los planteles educativos de la entidad y además el rompimiento de ese sector con el Gobierno panista; los efectos de aquella diferencia se reflejaron en la derrota del partido gobernante en la elección de 2009.
La normal de Amilcingo
El pasado sábado 20 de octubre, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, acudió a la escuela normal rural de Amilcingo, a reunirse con un grupo de las 375 alumnas que integran ese plantel, a quienes les propuso la instalación de tecnología de punta para su educación, la mejora total del plantel educativo y becas-salario para las estudiantes.
La escuela normal rural “Gral. Emiliano Zapata” de Amilcingo, se inicia en el año de 1973, cuando –a partir de la necesidad de contar en la región oriente con una escuela de carácter profesional– personas de esta comunidad como Vinh Flores Laureano (luchador social), Nabor Barrera Ramírez (ayudante municipal), Benedicto Rosales Olivar (presidente del comisariado ejidal) y Eva Rivera Barrera (directora de la primaria “Emiliano Zapata”), empezaron el día cinco de noviembre de 1973 a organizar a la gente de la región y a jóvenes de diversas localidades –y con muchos deseos de seguir estudiando- para exigir una nueva institución educativa que diera respuesta a sus demandas sociales.
El proceso de fundación implicó un movimiento social que inició con un primer mitin en Cuautla, el 21 de marzo de 1974, mismo que fue encabezado por las alumnas de la escuela normal rural “Vanguardia” de Tamazulapan, Oaxaca; incorporándose al apoyo las normales rurales de Teteles, Puebla y Tenería, Estado de México; el cinco de mayo de 1974, se efectuaron dos grandes acciones: la “Marcha Nacional Campesina, Estudiantil y Obrera” que se desarrolló en la ciudad de México, y la “Huelga Nacional de Normales Rurales y de Secundarias Técnicas”, misma que duró un mes, a esta huelga se anexó la Universidad Autónoma de Agricultura y Ganadería de Chapingo.
Como resultado de estas movilizaciones, el gobernador Felipe Rivera Crespo, y las autoridades federales, se vieron presionados para dar una respuesta a dicha demanda, la cual fue atendida el día 30 de mayo de 1974, según cuentan los propios historiadores de dicho plantel.
El cuatro de junio de 1974, Luis Echeverría Álvarez emite un decreto presidencial para expropiar 50 hectáreas en el pueblo de Amilcingo; el día seis de junio de 1974, otro decreto presidencial, autoriza la fundación de la escuela normal rural para hijas de campesinos de escasos recursos económicos. El día 15 de julio de 1974, con la presencia de autoridades federales y estatales, se coloca la “primera piedra” de lo que sería el edificio para dicha escuela.
El primero de octubre de 1974, ya con el aval de la SEP, se inician las clases formalmente en la escuela normal rural “Gral. Emiliano Zapata”; aunque en la práctica, las clases habían iniciado desde 1973 en las oficinas de la ayudantía municipal de Amilcingo, bajo la conducción de la profesora Eva Rivera Barrera y del profesor Vinh Flores Laureano.
Esta escuela normal en 1973, tenía un carácter mixto y dio cabida a hombres y mujeres, sus maestros eran docentes de la región que colaboraban de forma gratuita. Los alumnos eran alojados en las casas de las personas de la comunidad, a quienes ayudaban en las tardes en las labores del campo, a fin de agradecer su hospitalidad y para sostener su alimentación.
Posteriormente, al ser autorizada la modalidad de escuela normal para mujeres, los hombres fueron reubicados en las normales rurales para varones del país, mientras que las mujeres –ya alumnas formales de esta escuela- fueron ubicadas temporalmente en Cuautla, en el “Internado para niños indígenas de Casa Blanca”, donde estuvieron en un periodo aproximado de tres meses, mientras se construía su escuela.
Por otra parte, la fundación de esta escuela normal rural también tuvo -a corto y a mediano plazo- su cuota de represión y de sangre. Sus principales líderes y representantes fueron reprimidos y algunos asesinados. Eva Rivera Barrera, por participar en la organización del movimiento social en Amilcingo y en el mitin del 21 de marzo de 1974, fue cambiada -de forma arbitraria- de esta comunidad a una escuela en el municipio de Tlaquiltenango, aunque poco después fue reinstalada.
El día 13 de noviembre de 1975, a las 22:30 horas, cuando se dirigía a su casa acompañado de su esposa e hijos, fue asesinado Benedicto Rosales Olivar; además fueron también ultimados, en el ejido de Tepexco, Puebla, Vinh Flores Laureano y su tío Enrique Flores, el día siete de septiembre de 1976.
Por último, el 25 de julio de 1979, a las 9:00 horas, en la carretera que comunica a Huazulco con Amilcingo, fue asesinado Nabor Barrera Ramírez, quien fungía en ese entonces como presidente municipal del recientemente creado municipio de Temoac, cargo que desempeñó durante 24 días.
La represión de 1997
El cuatro de agosto de 1997, luego de casi un mes de protestas e inconformidad por el cambio en los requisitos de ingreso a la escuela normal rural de Amilcingo, desembocó la madrugada de ese domingo en un desalojo violento, donde unos 250 agentes policíacos disolvieron a golpes un plantón de más de 200 estudiantes y aspirantes a esa escuela, quienes exigían la rectificación de las medidas.
El operativo policíaco que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Cuernavaca, tuvo como saldo a diez aspirantes golpeadas, tres desaparecidos, decenas de jóvenes con crisis nerviosa y el extravío de pertenencias de las estudiantes que provenían de Morelos, Guerrero, Veracruz e Hidalgo.
Este desalojo se dio tres días después de que las alumnas se instalaran en un plantón frente al Palacio de Gobierno, y unas horas antes de que aquel lunes, las autoridades educativas comenzaran a repartir las fichas para el examen de ingreso, según información difundida en esa fecha.
A las dos de la madrugada, alumnas y aspirantes a estudiar en esa normal femenina fueron despertadas a golpes y empujones por centenares de agentes judiciales, mujeres policía y elementos de diversas corporaciones policíacas comandadas por el subsecretario B de Gobierno de Morelos, José Luis Mussi y el coordinador de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Torga.
Los policías rodearon a los jóvenes -la mayoría mujeres y algunos varones provenientes de normales de otros estados- y a quienes se resistieron, los persiguieron por las calles del centro de la ciudad.
Según los agredidos, los responsables del operativo les gritaban que no tuvieran miedo porque se trataba de policías que no les iban a hacer daño. Pero, no fue así porque “nos jalaban del cabello y luego nos pegaban con los escudos y las macanas hasta que nos levantaban del piso”, dijo Dolores Luna.
Algunos de los inconformes intentaron huir de los policías en los autobuses que tenían en su poder, pero no pudieron marcharse porque las llantas de los vehículos estaban ponchadas y las mangueras de los frenos habían sido cortadas, por lo que finalmente caminaron en grupo hacia el sur de la capital morelense.
Una hora después se refugiaron en la terminal de autobuses de la “Flecha Roja”; ahí permanecieron hasta las seis de la mañana.
En el lugar, contaron los hechos y mostraron las huellas de los golpes que recibieron. José Alberto Ramírez, de 20 años, tenía una cortada en la mano. Antelmo Lugardo Reyes, de 25, se quejó de dolores en la cara, las piernas y una oreja.
Otras jóvenes tenían moretones en los brazos y el rostro, varias de ellas manifestaban crisis nerviosa. Además no alcanzaron a recoger sus pertenencias y algunas hasta estaban descalzas.
Desde el jueves anterior al ataque, las aspirantes estaban en plantón frente al Palacio de Gobierno para presionar a las autoridades para que dieran marcha atrás en su decisión de restringir el acceso a la escuela sólo a morelenses, y exigir como requisito un promedio mínimo de ocho.
A partir de ese diez de julio, día en que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos publicó la convocatoria de ingreso a la escuela normal rural “Emiliano Zapata”, de Amilcingo, comenzaron las protestas. Las aspirantes inconformes con los nuevos requisitos enviaron cartas, hicieron una marcha, bloquearon durante horas la Autopista del Sol y finalmente decidieron instalarse en la Plaza de Armas, con el fin de que interviniera en su favor el gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea, quien una y otra vez reiteró que no se modificarían las características de la convocatoria.
Media hora después de iniciado el desalojo, las pertenencias de las estudiantes (mochilas, ropa, víveres y trastos) estaban colocadas en montones frente al Palacio de Gobierno. De acuerdo con un comunicado de las autoridades estatales, en el lugar también fueron halladas dos pistolas, una calibre 22 y otra 25.
Los artículos fueron aventados a un camión para que el agente del Ministerio Público, José Núñez Levaro “hiciera un inventario”.
El boletín gubernamental dijo que “fue así como, sin violencia de ninguna clase, las aspirantes a la normal fueron retiradas a la calle Gutenberg, y se les solicitó informaran a dónde les llevarían los camiones que utilizaban; ellas pidieron que a la estación de la Flecha Roja”.
Al amanecer, representantes del Partido de la Revolución Democrática de Morelos acudieron a la terminal de autobuses, y en medio de la vigilancia de decenas de patrulleros de tránsito, trasladaron a las jóvenes al local perredista en esa ciudad.
Por la tarde, los normalistas pasaron lista y reportaron la ausencia de Prisciliano González Baltazar, Elvia López, Olivia López y Perla Rodríguez. Sobre estas desapariciones, la Procuraduría de Justicia de Morelos informó no tener conocimiento y negó haber detenido a alguien.
Durante el resto del día, decenas de policías vigilaron la Plaza de Armas de la capital morelense, mientras otros se encontraban en los alrededores del edificio del PRD, y consignaron en aquel día, la situación a los medios de comunicación.
Las ordenes de aprehensión
El siete de agosto de 1997, trescientas aspirantes a la normal rural de Amilcingo y grupos de normalistas de otras entidades, apoyados por campesinos de al menos cuatro pueblos de la zona oriente, mantuvieron tomada la caseta de cobro de Alpuyeca de la Autopista del Sol; efectuaron un boteo y desplazaron a los cobradores, sin llegar a bloquear la carretera. Posteriormente regresaron a Cuernavaca a instalarse en la escuela Narciso Mendoza, de la colonia Amatitlán, donde se les permitió quedarse.
Por otra parte, trascendió que además de la denuncia interpuesta ante la PGR por la gerencia de la autopista, existían al menos otras 14 averiguaciones previas en contra de las aspirantes, conocidas popularmente como las amilcingas, por delitos como ataques a las vías generales de comunicación, robo, daño en las casas y lesiones, estas derivadas de los disturbios que habían realizado.
El procurador general de Justicia, Carlos Peredo Merlo, confirmó que las denuncias habían sido recibidas en las subprocuradurías, tanto la metropolitana como la de la región oriente, por lo que, en cumplimiento de la ley, se habían comenzado a integrar las diversas indagatorias.
Asimismo, trascendió extraoficialmente que las estudiantes tomaron la decisión de replegarse en la escuela Narciso Mendoza para después partir al pueblo de Amilcingo, a fin de tomar el plantel como última medida de presión en contra de las autoridades.
De las diez hasta las 13:30 horas, las amilcingas permitieron el paso de automóviles, camiones de carga, autobuses de pasajeros y traileres, sin que los conductores pagaran el peaje respectivo, pero a cambio de una cooperación voluntaria para apoyar su movimiento y sostener la causa.
No hubo una estimación de la cantidad que reunieron durante más de tres horas de boteo.
El gerente de la Autopista del Sol, Arturo Muris, dijo que las pérdidas para los concesionarios fueron de aproximadamente 300 pesos por minuto, según el aforo vehicular que había en esa temporada vacacional, por lo que la cifra se puede calificar como “escandalosa”, si se toma en cuenta que fueron poco más de 219 minutos los que se dejó de cobrar el peaje.
Por lo anterior, se presentó la queja ante la delegación del circuito 18 de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde formalmente se hizo una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal en turno, quien abrió la averiguación previa 586/97-01 por ataques a las vías generales de comunicación, robo y lo que se configure, en contra de los resultaran responsables.
En este contexto, el comandante del destacamento Cuernavaca de la Policía Federal de Caminos (PFC), Juan Manuel Orozco y Sánchez, manifestó que únicamente se causaron daños a los concesionarios de la Autopista del Sol; sin embargo respecto a los ataques a las vías generales de comunicación, aseguró que en ningún momento se bloqueó la carretera.
Concluyó que la corporación a su cargo se limitó a resguardar el orden y a vigilar que no se cometieran ilícitos o agresiones en contra de los usuarios de la autopista.
El subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Mancera Corcuera, luego de reunirse en privado con el gobernador Jorge Carrillo Olea, reiteró la necesidad de que no se permitiera rebasar la matrícula de ingreso autorizada para las normales, a fin de respetar la asignación de recursos presupuestales, que en el caso de la normal de Amilcingo era de 13 millones 800 mil pesos al año.
Insistió además en la conveniencia de que la entidad, incluso otros estados, ampliaran la oferta de educación terminal para los egresados de bachillerato, a fin de no saturar las instituciones formadoras de docentes.
En su oportunidad, Jorge Carrillo dijo que comenzó las acciones conducentes ante las autoridades educativas y de los lugares de procedencia de las inconformes, para que aquellas jóvenes que no tuvieran cabida en la normal de Amilcingo, fueran recibidas en otras instituciones.
Inclusive, puntualizó, que las jóvenes tuvieran opción a otras carreras, si es que satisfacían los requisitos para cada caso. Lo anterior se dio a conocer durante la inauguración de la 12va. Reunión Binacional de Educación Migrante, en Cocoyoc.
Finalmente, las aspirantes advirtieron que no darían marcha atrás en sus demandas de que se disminuyera el promedio (de ocho a seis) para solicitar ficha, que se mantuviera abierta la zona de influencia a otros estados, que se ampliara la matrícula a 120 espacios más y que se instauraran dos nuevas carreras: educación física y educación especial.
El caso Michoacán
El 15 de octubre de 2012 en Michoacán, y después de no alcanzar ningún acuerdo sobre la cancelación de la reforma curricular de las escuelas normales rurales entre el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo, y los estudiantes normalistas, el dirigente envió un ultimátum a los alumnos para desalojar las tres escuelas normales a más tardar a las dos de la mañana del 15 de octubre, o de lo contrario instruiría a la fuerza pública para recuperar los inmuebles, acción que lamentablemente se concretó.
A las 01:50 de la madrugada, unidades federales y estatales, comenzaron a formar grupos sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro para ingresar a las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga, con el objetivo de “recuperar” las escuelas.
El operativo duró alrededor de tres horas, registrando una gran resistencia por parte de los estudiantes, padres de familia y comuneros de Cherán y Tiripetío.
En Cherán, la policía detuvo a 60 estudiantes y tres mujeres que acudieron a apoyar a los normalistas. La organización de la población les permitió todavía mantener en sus manos la normal rural de Cherán.
Después de Cherán, la Policía Federal ingresó a la normal de Tiripetío, en donde detuvo a 120 estudiantes después de resistirse a la fuerza policial. Sobre la normal rural de Arteaga, se difundió que los estudiantes salieron de ella antes de que llegara la fuerza policíaca. 272 estudiantes detenidos, una veintena de autos incendiados y varios heridos, fue el saldo de la operación.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha declarado que es legal y era necesaria la intervención coordinada de autoridades estatales y federales para liberar las normales. Los medios oficiales destacan la acción de la recuperación de 87 autobuses retenidos por los estudiantes, mientras que la sociedad michoacana repudia la acción tomada por el gobernador Fausto Vallejo.
Ante estos hechos, se han recibido dos pronunciamientos de apoyo a los estudiantes, uno por parte de la sección XVIII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y otro por parte de los estudiantes politécnicos.
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán y el procurador de justicia del mismo estado, adujeron que el operativo se realizó sin violencia y que se encontraron nexos (propaganda) de la organización “La Familia”, por lo que dijeron, se van a hacer las investigaciones pertinentes. Entre las acciones de apoyo a los estudiantes destacaron: el movimiento de los comuneros de Cherán, que se reunieron en la plaza pública, la manifestación de normalistas frente a la Procuraduría de Justicia de Morelia, para exigir la liberación de todos los estudiantes detenidos durante el operativo policial, el bloqueo del libramiento a la altura de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la carretera Siglo 21 que corre de Morelia a Pátzcuaro, a la altura de Uruapan y Pátzcuaro, de la carretera libre Morelia a Pátzcuaro por normalistas y maestros de la CNTE, y un paro de labores de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII, en solidaridad y apoyo a los estudiantes.
La educación en Morelos
Los gobiernos del Partido Acción Nacional, mantuvieron una “sana distancia” de la estructura educativa tradicional; la dependencia más importante por el presupuesto que maneja y el número de empleados que tiene asignados, es el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, ahí están ubicados la mayoría de los más de 25 mil trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE Sección XIX), que lo convierten en el más numeroso de la entidad.
Nombraron una decena de directores del IEBEM; en la Secretaría de Educación estuvieron dos ex presidentes de la Unión Nacional de Padres de Familia de Morelos, Ramón Tallabs (2000-2006) y José Luis Rodríguez Martínez, durante la administración pasada, quien luego del conflicto magisterial del 2008, fue nombrado delegado de la SEP en Morelos.
El pasado fin de semana se reeligió al frente del SNTE a Elba Esther Gordillo, su familiar Erika Hernández Gordillo, es diputada en el congreso local por el Partido Nueva Alianza, sobre el cual, la ex priista mantiene también el liderazgo, incluso impulsó la candidatura del abanderado priista a la gubernatura Amado Orihuela Trejo, quien pretende recuperar el liderazgo estatal del Partido Revolucionario Institucional.
Son más de 500 mil los pobladores del estado de Morelos que enfrentan rezago educativo, pueden estar alfabetizados, pero carecen de la certificación oficial de primaria o secundaria terminada, lo que les impide ingresar a la economía formal, donde se generan los empleos que prometen los proyectos de inversión que se están impulsando; la reunión con el grupo de “amilcingas” puede interpretarse como simbólica, y con otras características, sin embargo es en ese plantel donde los ideales que lo impulsaron y donde el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, se ubican los elementos básicos para la construcción de los acuerdos con todos los pobladores.
Amilcingo, donde se ubica la normal rural pertenece a Temoac, Huexca donde pretenden construir el proyecto de la CFE, a Yecapixtla, Anenecuilco y Chinameca, donde nació, luchó y murió Emiliano Zapata, pertenecen a Ciudad Ayala; los tres municipios son colindantes y han tenido experiencias históricas y sociales comunes. Han aceptado y rechazado proyectos. Sus vínculos de identidad persisten.
