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Apenas al arranque de esta semana, autoridades estatales informaron sobre la localización de cuerpos inertes de tres mujeres; con este hallazgo son siete casos durante octubre. En cuatro días tan sólo sumaron cinco los crímenes.
Los municipios de Huitzilac, Tlaquiltenango, Jojutla y Emiliano Zapata han sido los escenarios de tan lamentables sucesos; por lo menos en esas demarcaciones han sido abandonados los cadáveres. El alto nivel de agresión que presentan los cuerpos ha sido un factor que ha llamado la atención de los investigadores.
En la comunidad de Coajomulco, en los alrededores de la autopista México-Cuernavaca, fue localizado el cuerpo de una mujer sobre la cinta asfáltica, presumiblemente con el cráneo desecho. Se estima que la mujer laboraba como cajera en un conocido centro nocturno de la ciudad de Cuernavaca. Ya fue identificada.
De igual modo, en el municipio de Tlaquiltenango las autoridades encontraron los cadáveres de dos mujeres que aún permanecen en calidad de desconocidas; ambas estaban completamente desnudas y tenían un tiro en la cabeza.
El repunte de estos casos se presenta después de que en Morelos fue tipificado el feminicidio, hoy contemplado, con sanciones específicas en nuestras normas. Los antecedentes obligaron a los legisladores a impulsar esta reforma que por desgracia aparenta no haber amedrentado a los criminales.
En 2005, el colega Justino Miranda reportaba que de 2002 a marzo de ese año sumaban 43 las mujeres muertas con violencia. Hacía notar que en su mayoría se trataba de mujeres jóvenes o de avanzada edad, atacadas sexualmente y asesinadas, víctimas de la violencia extrema de desconocidos o personas cercanas.
En junio de este año nuestro Congreso aprobó por unanimidad reformas al Código Penal de Morelos, en las cuales se tipificó el feminicidio como delito que se castiga con penas de 30 a 70 años de prisión.
Cuando entre el homicida y la víctima exista “relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho”, se caerá en este precepto.
El mismo criterio se aplica si existe relación laboral, docente o de cualquier otro tipo “que implique confianza, subordinación o superioridad”; asimismo, si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le infligieron lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; si existen antecedentes de amenazas, acoso o lesiones infamantes del homicida; si el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en un lugar público o si la víctima estuvo incomunicada.
En caso de que se compruebe que había relación sentimental o familiar, se impondrá al acusado, “además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio”.
Lamentablemente, queda demostrado que el Código y su reforma no solamente no han inhibido la conducta, tal parece que ahora se trata de encuadrarla exactamente en lo que está penado.
Ciudad Juárez es un caso cuyo interés internacional ha permeado por su gravedad; nada comparable con Morelos. Sin embargo, un solo caso debe ponernos en alerta máxima.
La cifra más reciente indica que son tres mil 100 las mujeres asesinadas en 2010 y 300 en el primer mes y medio de 2011 en Juárez; por supuesto que hay gran controversia sobre las estadísticas reales.
Un estudio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, a partir de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2010, indica que 13 de las 50 ciudades más violentas en el mundo están en México. De modo que estiman que para el 2011 la cifra se eleve a 19 ciudades, lo que concentraría el 39% del total.
El estudio muestra que las ciudades más violentas del país se encuentran en Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa; Torreón, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Durango, Durango; San Luis Potosí, San Luis Potosí.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal explica a través de su página www.seguridadjusticiaypaz.org.mx que para realizar el pronóstico se tomaron en consideración dos factores: la tasa más baja del ranking 2010, es decir, la que correspondió al lugar 50, y los datos preliminares sobre incidencia delictiva, con nivel de desagregación municipal del periodo enero-agosto de 2011, que hace dos semanas publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No permitamos que la cifra suba, que se incremente en nuestro estado. No hay de otra: tomemos nosotros mismos esa alerta de género y extrememos precauciones.
