Durante los últimos 30 años, los migrantes mexicanos provenientes de cinco millones de familias campesinas pobres, han enviado cada año 25 mil millones de dólares para aliviar las carencias de sus familias. Se estima que son 11 millones los migrantes indocumentados y dos a tres millones los que están amenazados de ser enviados en 2017 por la nueva administración de EUA. Para enfrentar esta situación es necesario analizar las causas de este problema migratorio.
Las familias campesinas más pobres habitan zonas de baja pluviosidad, con frecuentes problemas de sequía, heladas y plagas que limitan la producción de sus alimentos. Para malvivir tienen que vender a bajo precio los excedentes escasos de sus parcelas, sean maíz, lechuguilla, cera de candelilla, borregos o chivos, o trabajar como jornaleros, con ingresos inferiores a tres Salarios Mínimos Nacionales (cuatro mil dólares anuales), repartidos entre cinco personas, con un ingreso diario inferior a dos USD (US dollars) que es el nivel de pobreza extrema fijado por el PNUD. Para subsistir, envían a EUA a uno o más personas para que remitan los cinco mil dólares que les permitirán subsistir. Por eso la mayoría de nuestras familias campesinas ahora están compuestas de mujeres, niños y ancianos en México y jóvenes migrantes radicados en los EUA.
Este es el origen de la migración clandestina que Trump quiere cancelar, mediante la construcción de un gigantesco muro fronterizo de tres mil kilómetros de largo y ocho metros de alto. El señor Trump ha estimado que costará ocho mil millones de USD pero el diario Washington Post ha obtenido una cotización de 25 mil millones. Para pagar este muro, Trump propone la elevación al 20% de los aranceles para las exportaciones manufactureras desde México con una exención total de sus exportaciones hacia México. Esto se le llama “impuesto de ajuste fronterizo” y su monto podría ser de 40 mil millones de dólares por año.
Sin embargo, hay una alternativa para negociar este problema y consiste en cambiar el enfoque del ejercicio del presupuesto de Sedesol que es de aproximadamente 120 mil millones de pesos (5 mil 500 millones de USD) y convertirlo a inversión productiva para aumentar el valor agregado de la producción rural. Estas inversiones funcionarían como fondos concurrentes a la dedicación de parte de las remesas para mejorar las condiciones económicas de cada familia. De esta forma, en tan sólo cuatro años se invertirían los 25 mil millones de dólares necesarios para aumentar los ingresos de los campesinos pobres. Así, la gran mayoría de nuestros campesinos tendría un ingreso anual por encima de los cinco mil dólares por familia.
Esto es posible si se resuelven tres problemas fundamentales: a) La transformación de los excedentes en productos con mayor valor agregado, b) El apoyo a la comercialización alternativo a la situación oligopólica y c) El apoyo con créditos y asistencia técnica para lograr estos cambios. Por ejemplo: cerca de 150 mil familias productoras de cebada en los Valles Altos de México malviven vendiendo el grano a la empresa Impulsora Agrícola a menos de cuatro pesos el kilo, pero podrían usar el grano para alimentar borregos suplementados con forrajes locales, para obtener una conversión de tres kilos de grano por kilo de carne. Esto multiplicaría casi cuatro veces las ventas porque el borrego se compra a más de 45 pesos kilo. Pero esto requiere crédito para la compra de borregos y para construir las instalaciones necesarias. Como el precio de la cebada de Canadá es más barata que la mexicana, la industria cervecera podría seguir funcionando con grano importado. Pero ahora, más de medio millón de campesinos podrían salir de la miseria, sin depender de las remesas.
En conclusión, es factible modificar radicalmente los términos de la negociación sobre la migración y sobre las remesas de nuestros migrantes, sin tener que pagar el muro que ahora sería obsoleto. Mas ahora creando las condiciones para que se pudieran repatriar a millones de mexicanos, con ventajas para la integración productiva de sus familias. Pero, esto exige una modificación sustancial de la estrategia de Sedesol y Sagarpa, que debería ser orientada al fomento de la productividad en vez del enfoque asistencial hasta ahora vigente.
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