El brillante trabajo de Villalobos se tituló “México mirándose al ombligo”, conteniendo el desglose de antecedentes y circunstancias actuales que envuelven el fenómeno de la inseguridad nacional. Supone que la crisis de seguridad mexicana tiene mucho que ver, como ha ocurrido en otras partes, con su transición a la democracia. “No es fácil pasar de una seguridad basada en el derecho del Estado a una basada en el Estado de derecho”, señaló.
Retomando los conceptos del ex comandante sandinista inferimos que si la seguridad en México estaba basada en el control social y en una coerción sin control, nadie veía problema en que las policías fueran mal pagadas, poco preparadas y corruptas. “Pero con la transición, la coerción pasó a ser controlada, la justicia se volvió relevante y el control social se desmontó porque la llegada del pluralismo rompió la relación partido-Estado-organizaciones sociales y no ha sido sustituido por un control social democrático que funcione desde la diversidad de pensamiento”, indica Villalobos.
Después de una extensa interpretación histórica respecto de las actuales condiciones de inseguridad nacional, emite su opinión tocante a la legalización de las drogas en México. Usted, como quien esto escribe, coincidirá con Villalobos en que un cambio tan drástico daría legitimidad y fuerza a los cárteles, desmoralizaría a los policías y soldados que están arriesgando sus vidas enfrentándose a los narcotraficantes, borraría la contención moral de la sociedad frente a las organizaciones criminales, y más gente se sentiría tentada a entrar en el “negocio”. Hasta esta parte del análisis deseo quedarme con lo referente a un escenario donde los miembros de las fuerzas armadas pudieran sentirse desmoralizados.
Es así como me referiré a la declaración vertida anteayer por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, tras su encuentro con 18 presidentes municipales de las ciudades más violentas del país (Cuernavaca entre ellas) y sus respectivos jefes policíacos. Consideró que la victoria sobre el crimen organizado “es impensable” en el corto plazo, por lo que lo único que puede hacerse “en el hoy, en diciembre y el año que entra es enfrentar a los criminales”, pero aseguró que el problema sí puede resolverse.
Si interpretamos las palabras de Felipe Calderón, es obvio concluir en que el Ejército seguirá sustituyendo a la Procuraduría General de la República, sus homólogas estatales y todas las corporaciones policíacas de este país en el combate al crimen organizado. Habrá que esperar, pues, la llegada de 2012 y el arribo del nuevo presidente de la República en diciembre del mismo año. ¿Mantendrá a la milicia en las calles? Esa es la gran incógnita por ahora. Pero mientras dure el sexenio calderonista no veremos virajes significativos en la guerra del gobierno federal contra las bandas delincuenciales. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá con incrementos presupuestales (este año se le asignaron 60 mil millones de pesos), al igual que la Secretaría de Seguridad Pública Federal (cuyo presupuesto en 2010 ascenderá a 40 mil millones de pesos). ¿Y el gasto social? ¿Y el gasto en infraestructura? Bien, gracias.
Durante su reunión con los alcaldes de 18 ciudades violentas, Calderón admitió que la lucha por la seguridad en México seguirá cobrando vidas humanas (casi 30 mil en lo que va de su sexenio), y mencionó algo que nos interesa a los cuernavaquenses. Dijo que nadie quiere ser policía por los bajos sueldos. “Debe pagárseles bien e incluso lo que ganan los regidores. En lugar de 30 regidores, 15 buenos mandos policíacos que ganen lo que le pagamos a los regidores, que reciban los coches que les estamos dando a los regidores. ¿No sería mejor darle coches blindados a los comandantes policíacos que a los regidores?”, manifestó el presidente. La mera verdad, amables lectores, parafraseando a don Pedro Ferriz Santacruz, no sé si ponerme a reír, llorar o rezar frente a tales declaraciones, porque si algo prevalece a nivel nacional y particularmente en Cuernavaca y demás municipios morelenses es el abuso de quienes integran los cabildos. Un regidor de nuestra capital “gana” 52 mil pesos mensuales, mientras un alto comandante de policía preventiva recibe, si bien le va, alrededor de 18 mil pesos mensuales. Luego seguimos con este interesante asunto.