Me refiero a los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el DF y organismos descentralizados.
Los gobernadores, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas (también locales), son servidores públicos y se hacen acreedores a las sanciones previstas por el mismo capítulo de nuestra Carta Magna. De hecho, la Constitución Política de Morelos -acatando el principio de supremacía constitucional- precisa, para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos a quienes desempeñan empleos, cargos o comisiones en nuestra entidad y los 33 municipios.
Lo anterior me sirve para comentar que el conocido y combativo abogado Juan Juárez Rivas, fundador de una asociación civil denominada Educa (dedicada a defender los derechos de niños adscritos al sistema de educación básica morelense), logró que algunos diputados locales escucharan su exigencia de cancelar el pago de aguinaldos a los legisladores, regidores, presidentes municipales y funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, por no ser trabajadores (ya lo indiqué líneas atrás) y, al contrario, constituir la parte patronal o formar parte de ella.
Como muchos de ustedes recordarán, Juan Juárez Rivas demandó por la vía penal a quienes integraron la L Legislatura y a los actuales diputados por haber cobrado de manera ilegal el aguinaldo de 90 días. Y después de mucha insistencia, anteayer consiguió que la Junta Política y de Gobierno, que preside el panista Luis Miguel Santamaría, abriera un espacio en su agenda para recibirlo y escuchar sus planteamientos. En este contexto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Omar Guerra Melgar, declaró que si el aguinaldo es ilegal, el Congreso debe suspenderlo, pero también ordenar que ninguna autoridad perciba dicha “prestación” que solo corresponde a los trabajadores. “Es un tema polémico, pero sencillo. Si no es algo a lo que se tenga derecho, pues simple y sencillamente que se elimine”, añadió el priísta. Cabe subrayar que Guerra Melgar ha sido el único diputado local que se ha pronunciado por desaparecer cualquier tipo de préstamos entre funcionarios de primer nivel.
Empero, lo deseable es que la insistencia de Juan Juárez Rivas no se quede en una mera expresión de cortesía por parte de la Junta Política y de Gobierno, ni tampoco sirva para el discurso superficial y efímero. El tema de los aguinaldos, tal como lo describí al principio de esta columna, debe ser analizado y debatido de manera responsable. En el caso de los miembros de la LI Legislatura de Morelos, es injusto que cada uno se embolse 180 mil pesos durante uno de los periodos del año más caracterizados por las penurias económicas gravemente arraigadas entre amplios sectores sociales.
Los comunicadores sociales de Morelos llevamos lustros escuchando interesantes planteamientos para disminuir el aguinaldo de 90 a 45 días, pero nada ha sucedido. Ni creo que suceda, mientras los diputados y demás integrantes de la burocracia dorada no tomen conciencia sobre este evidente robo institucionalizado. Hace décadas se perdió la esencia de elevar la prestación, tal como se encuentra establecida en la Ley Federal del Trabajo, hasta alcanzar los exagerados niveles de la actualidad. Si don Lauro Ortega Martínez viera lo que sucedió con su iniciativa, aplicada en 1985, estaría en completo acuerdo para eliminarla.
Empero, cualquier reforma tendría acotaciones, manteniendo inalterable la facultad de los ayuntamientos -fracción IV del artículo 115 constitucional- para administrar libremente su hacienda, aunque miles de funcionarios municipales sigan asignándose salarios y prestaciones vergonzantes. Y ni qué decir sobre las contradicciones existentes en la Ley del Servicio Civil del Estado frente a los textos constitucionales aludidos. En otra ocasión seguimos con este interesante asunto. Mientras tanto es encomiable la posición adoptada por Juan Juárez Rivas, con quien seguramente coincidirán miles y miles de ciudadanos morelenses. Estaremos pendientes y después diremos.