Sánchez Vela emitió su declaración en el contexto de una importante conferencia de prensa ofrecida el jueves de la semana pasada por Juan Manuel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien advirtió que la negligencia en los 220 municipios adheridos al FASP será sancionada hasta con cárcel. Se han detectado, dijo, depósitos bancarios alternos a las cuentas oficiales, a fin de que los funcionarios hacendarios involucrados puedan conseguir intereses manipulados a su antojo. Además de Ayala, Xochitepec y Yautepec, durante 2010 también recibieron recursos federales los siguientes municipios: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco.
Es importante recordar lo que Alcántara Soria documentó el 7 de enero, ante sus homólogos estatales, sobre el incremento del homicidio doloso en 12 por ciento (durante 2010) en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León y Michoacán, entidades que concentraron el 70 por ciento de la incidencia de este delito. En tanto, la comisión del secuestro creció un siete por ciento a nivel nacional y la incidencia se concentró en los estados de Chihuahua, Durango, Morelos y Guerrero. Estas y otras condiciones de inseguridad, así como el incumplimiento de los objetivos diseñados por la Federación hacia la consecución de mejores cuerpos policíacos, serán factores, durante 2011, para sancionar a las autoridades irresponsables.
Siempre hablando con un tono de advertencia, Alcántara Soria añadió: “La estadística que hoy en día tenemos, cerrada al año 2010, nos dice que el 93 por ciento de los delitos que se cometen, incluyendo homicidios, robos o secuestros, son competencia de las autoridades estatales, no de la autoridad federal, y sobre ese renglón vamos a actuar en consecuencia”. Más claro, ni el agua, pero hasta no ver no creer.
Cabe subrayar que durante el encuentro del secretario ejecutivo del SNSP con sus homólogos estatales estuvo presente el coronel José Herrera Chávez, quien regresó a Morelos con datos que ubican a nuestra entidad en un sitio nada envidiable. Todavía no sucedía el asesinato del alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, mismo que abrió un nuevo frente de disputas entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y grupos sociales dedicados a la defensa de derechos humanos y el combate a la impunidad.
En la Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, Alcántara Soria expresó que “no hemos puesto suficiente énfasis en los tres órdenes de Gobierno en la prevención del delito y, en general, en la prevención social de la violencia”, de ahí que por lo menos el 10 por ciento de la bolsa de recursos destinada a seguridad pública, que equivale a 13 mil 800 millones de pesos, se aplique a prevención del delito. Es necesario, dijo, “provocar” que haya una sola estrategia, un solo programa, una sola perspectiva de inversión de los tres Fondos de recursos en cada entidad. Refirió que hay subejercicios de hasta 70 por ciento en los recursos federales, tanto en los estados como en los municipios. “Lamentablemente esto se debe a que las secretarías de Finanzas estatales utilizan esos recursos para meterlos a generar rendimientos financieros y no han tenido la capacidad los operadores de seguridad pública y procuración de justicia de los estados de exigirles a las secretarías de Finanzas que les entreguen oportunamente el fondo federal, conforme a sus programas de inversión”, dijo.
La semana pasada, en la Primera Reunión de Concertación entre Estados y municipios para definir las normas de entrega de subsidios de seguridad, Alcántara dijo que se entregarán 30 millones de pesos a los Estados para crear la nueva Policía Estatal Acreditada que todos deberán integrar con un mínimo de 422 elementos, misma que será la base del modelo de policía de mando único. Abundó que estos recursos podrían llegar a 100 millones de pesos por entidad; sin embargo, esto dependerá del cumplimiento de las metas. ¿Pura palabrería en materia de prevención del delito? A ver.