Las palabras textuales del mandatario fueron las siguientes: “Trabajamos sin politizar, sin ceder a presiones ilegítimas, ni a chantajes inadmisibles de quienes pretenden hacer de la seguridad una bandera para intereses inconfesables”.
Durante una ceremonia desarrollada en el Salón Bicentenario del Palacio de Gobierno, Adame Castillo leyó un resumen ejecutivo respecto a su Cuarto Informe de gestión administrativa que, desde mi particular punto de vista, fue la continuación de otro “cuarto informe” entregado en septiembre del año pasado a la LI Legislatura tras una reforma al artículo 33 de la Constitución Política local para modificar la presentación de dicho documento sin necesidad de que el jefe del Poder Ejecutivo acudiese a leerlo -de manera obligada- ante al pleno legislativo (durante los meses siguientes, hasta concluir 2010, se desarrolló la glosa correspondiente). Aquella reforma fijó el 15 de febrero como límite para la entrega del informe anual del gobernador en turno, exceptuando el último, que deberá ser enviado al Congreso, a más tardar, el primero de septiembre de 2012. Así, el Quinto Informe de Adame Castillo se dará a conocer a los diputados locales el 15 de febrero de 2012 y el Sexto a principios de septiembre del mismo año. Vaya berenjenal.
Adame no acudió al Congreso para entregar personalmente el Cuarto Informe y envió como su representante al secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, quien acudió acompañado por el secretario de Finanzas y Planeación, Alejandro Villarreal Gasca. El asunto no fue más allá de un protocolario encuentro en la sede de la Junta Política y de Gobierno, presidida por el panista Luis Miguel Ramírez Romero, para la “entrega-recepción”, y ya. Sin embargo, entonces seguían resonando en el Congreso las palabras expresadas minutos antes por Adame en Palacio.
Luego de leer un apretado resumen sobre lo conseguido durante los pasados cuatro años en Morelos, pero sobre todo en los últimos doce meses (los datos ya se habían difundido en septiembre de 2010, pero en fin), Marco Adame sostuvo que “se han tomado acciones para combatir la inseguridad, particularmente en lo concerniente a temas vinculados con el crimen organizado”. Y vino el señalamiento, sin la mención de siglas partidistas específicas: “Trabajamos sin politizar, sin ceder a presiones ilegítimas, ni a chantajes inadmisibles de quienes pretenden hacer de la seguridad una bandera para intereses inconfesables”.
Desde luego que los destinatarios de esos conceptos fueron los líderes estatales del PRI, encabezados por el diputado local Amado Orihuela Trejo, aspirante a la candidatura gubernamental de su partido, quien anteayer se lanzó en contra del gobernador con epítetos asociados al recurrente clima de inseguridad, aderezado por renovadas acciones de células criminales que todavía se mueven a nivel estatal. No se olvide que el territorio morelense, como si se tratase de un mercado regional, es disputado por tres cárteles, no obstante la cruenta lucha sostenida en su contra por las fuerzas federales. Además, el pasado fin de semana surgió el atentado en contra de la regidora (priísta) de Yecapixtla, Fidelina Vidals Rojas, cuyo intento de homicidio, según exponen varias líneas de investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia, pudo partir de un “fuego amigo”. Era un secreto a voces en Yecapixtla que la funcionaria municipal recibió amenazas de muerte por personeros del PRI.
Antes de remitir el informe al Congreso, Marco Antonio Adame lanzó una nueva convocatoria a la unidad para enfrentar los desafíos en materia de violencia, la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Dijo: “Ante los enormes desafíos que hoy se nos presentan y que laceran a la sociedad, nada mejor que permanecer unidos en la búsqueda de soluciones de fondo y oportunas. Es por ello que reiteramos la convocatoria permanente a todos los sectores de la sociedad morelense, a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno para que juntos redoblemos esfuerzos en pos de esos objetivos”.
Empero, tras la ceremonia en Palacio y la entrega del Cuarto Informe, el Comité Estatal del PAN, en voz de Germán Castañón, abrió fuego (otra vez) contra Amado Orihuela Trejo, “en cuyo paso por el Congreso no presentó ninguna iniciativa o exhorto relevante que mejorara el marco de derecho en torno a asuntos de seguridad o justicia”. “Su omisión en la más importante tribuna del Estado le resta calidad moral para exigir resultados en temas que ignoró o en los que no supo, o no quiso cumplir con su responsabilidad”. Sopas.