Al respecto se han escrito cientos de cuartillas tratando de explicar el suceso, al margen de las investigaciones llevadas a cabo por autoridades federales y estatales para ubicar a los homicidas. El abogado de la familia Sicilia, Juan Hernández Barros, difundió ayer los datos de dos presuntos implicados en el múltiple asesinato, de lo cual comentaré más adelante. Sin embargo, me parece importante plasmar a continuación algunas estadísticas elaboradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mismas que usted puede consultar en el portal de dicho organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a fin de evaluar la problemática delictiva local.
Respecto al caso de Morelos, este sangriento muestreo advierte que en los últimos cuatro años aumentó el número de asesinatos. Mientras en 2007 se registraron 611 homicidios, en 2010 la cifra casi se duplicó, al cometerse mil 108 de estos actos violentos. De igual forma, en el mismo periodo los homicidios clasificados como ejecuciones se incrementaron 10 veces: en 2007 se reportaron 32, pero en 2010 el número creció a 335. Empero, la entidad morelense no se compara con las cifras correspondientes al Estado de México, donde hubo 735 ejecuciones, mientras en Chihuahua la cantidad osciló entre 6 y 7 mil muertos.
Otro punto relevante es que conforme la violencia cobró fuerza en medio de la guerra declarada por el gobierno federal contra los carteles de la droga, y a su vez la que simultáneamente libran grupos rivales de la delincuencia organizada, fue como el número de víctimas menores de edad (niños y jóvenes) creció a la par. En 2007, de un total de 611 homicidios, 32 estuvieron presuntamente ligados con el crimen organizado, pero de estos el 6.9 por ciento de las víctimas fueron jóvenes cuyas edades fluctuaban entre los 21 y 30 años. En el medio delincuencial, la mayoría de esos muchachos son conocidos como “chapulines”, pues deambulan de una organización a otra, asumiendo los riesgos implícitos.
A pesar de lo antes dicho, en 2008 comenzó a notarse no sólo un incremento en los homicidios relacionados con el crimen organizado, sino que las víctimas eran cada vez más jóvenes y hasta menores de edad. De los 737 homicidios registrados en ese año, 48 fueron relacionados con el crimen organizado y de estos, el 11.9 por ciento de las víctimas tenían entre 21 y 30 años de edad, y el 7.1 por ciento eran adolescentes de entre 16 y 20 años.
Cabe subrayar que de 314 ejecuciones ligadas con el crimen organizado por la Procuraduría General de Justicia de Morelos, el 95 por ciento fueron con arma de fuego. Acertó usted: el 100 por ciento con artefactos de uso exclusivo del Ejército. De 76 ejecuciones registradas en lo que va de 2011, casi todas las muertes han sido mediante arma de fuego. Y todos los casos tuvieron relación con delitos federales.
El multihomicidio de Temixco, por haberse encontrado el joven Juan Francisco Sicilia Ortega entre las víctimas, propició un impresionante despliegue de instituciones encargadas de la seguridad pública y la seguridad nacional (incluida la Secretaría de la Defensa Nacional), a fin de dar con los responsables. Pero casi el ciento por ciento de las ejecuciones ha quedado sin resolverse.
Y es que las autoridades federales, tanto las radicadas en nuestra entidad, como las del sector central de la PGR, no han cumplido lo que plasma el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: “Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”. ¿Cuántos delitos se han cometido en Morelos, al principio contextualizados dentro del fuero común, pero cuyas principales características los debieron transferir al MP federal? Casi el ciento por ciento.
Hasta donde estamos informados, la PGJ se ha manejado en concordancia con dicho precepto del Código Penal de Procedimientos Penales, e incluso ha solicitado oficialmente la competencia de la autoridad federal. Sin embargo, solo la fiscalía morelense conoce los asuntos en que recibió respuestas, también de manera oficial.
Tocante a los presuntos asesinos de Juan Francisco y seis personas más, el abogado Hernández Barros reveló ayer datos de dos: Jesús Hernández Radilla, alias “El Negro”, supuesto jefe del Cártel del Pacífico Sur, y José Luis Luquín, de quien no se tienen mayores datos. Previamente, el abogado explicó que la PGR, a través del Sistema Nacional de Recompensas, daría a conocer por la tarde los montos ofrecidos a quien proporcione información que facilite la captura de los delincuentes (se habla de cinco millones de pesos). Saldrán chispas de cuerpos policiacos locales e instituciones federales. Y puede que hasta el asesinato de Tito Barrera, líder de la CTM-Morelos, también se resuelva.
Y en el plantón, concluido ayer y que desde hace una semana se mantenía en el Zócalo de Cuernavaca, Javier Sicilia exigió las renuncias del gobernador Marco Antonio Adame; de los alcaldes de Jiutepec y Temixco, Miguel Rabadán Calderón y Nereo Bandera Zavaleta, respectivamente, y de buena parte de quienes integran el Poder Legislativo local “debido a sus múltiples omisiones, entre las que se cuentan las sucedidas con el toque de queda decretado por los criminales el 19 de abril de 2010, cuando las instituciones públicas obedientes al llamado de la delincuencia cerraron sus puertas y dejaron a la ciudadanía a merced del crimen, así como a los más de mil crímenes sin resolver”. MAC se anticipó por la mañana en el nuevo Senado: “No renunciaré”. A ver.