Valdés Castellanos no tuvo empacho al reconocer cinco rezagos del gobierno federal en su esfuerzo por detener la espiral de violencia, disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales, así como profundizar las políticas sociales y generar mayor compromiso de Estados Unidos en materia de tráfico de armas o reducción de demanda.
El director general del CISEN analizó los resultados obtenidos en cinco aspectos y en el primer caso reconoció que “seguimos teniendo un nivel de violencia relativamente reducido, pero creciente desde 2006-2007”, y cuantificó en 28 mil el número de asesinatos. Sin embargo, apenas el 16 de julio de 2010, el entonces procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, había informado que la cifra de ejecuciones violentas había ascendido a 24 mil 826. Valdés añadió que por la mayor presencia de las fuerzas armadas y la policía en distintas partes del país hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre crimen organizado y fuerzas del Estado, es decir, casi un enfrentamiento al día.
“Este es un indicador de que han logrado el entorpecimiento de la actuación de las organizaciones criminales; sin embargo, todavía no se ha logrado el propósito de recuperar las condiciones de normalidad en regiones afectadas por la delincuencia organizada”, añadió Valdés Castellanos. Infortunadamente, el escenario casi sigue siendo el mismo.
Acotó que “si antes muchas policías locales estaban prácticamente tomadas por el crimen organizado, ahora hay un proceso de disputa y de lucha contra el Estado debido a la contrarreacción de los delincuentes. Para justificar la lucha contra la criminalidad emprendida por el presidente Felipe Calderón señaló que en 2006 ya había una presencia generalizada de organizaciones delictivas en el país: los cárteles del Pacífico, Golfo-Zetas, antes de su división, así como los Arellano Félix y La Familia, y ya existían conflictos entre ellos.
Además, 71 por ciento de los mexicanos se sentían inseguros en la entidad donde vivían, pero no había recursos suficientes para la seguridad; el funcionario puso de ejemplo que el salario promedio de un policía era de 250 dólares al mes.
En el segundo punto evaluado aseguró que “hemos logrado la división de los cárteles, una merma de las capacidades operativas por las detenciones de líderes y, sobre todo, de estructuras de mando intermedias operativas importantes”. Al desglosar los números señaló que se había aprehendido a 20 mil integrantes del Cártel Golfo-Zetas; 18 mil del Pacífico, 12 mil de Juárez y 9 mil de los hermanos Beltrán Leyva. Mencionó que llevaban decomisados 34 mil 699 vehículos, 157 por ciento más que en el gobierno anterior, así como 84 mil armas, por lo que consideró “claramente irrefutable” que ha disminuido sustancialmente la operación de esas bandas.
Los avances “incontrovertibles”, según Valdés allá y entonces, eran que las organizaciones criminales tenían menos espacios de impunidad en el territorio nacional, enfrentaban división y debilitamiento, el Estado contaba con mejores instrumentos jurídicos, operativos y tecnológicos para combatir la delincuencia. Parte de ello es verdad, pero como el propio Valdés Castellanos afirmó: aún hay rezagos.
Ayer mismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, el panista Ramón Galindo Noriega, habló respecto de la realidad y los rezagos aún prevalecientes. Indicó que entre siete y ocho de cada 10 municipios están infiltrados por el narcotráfico. De acuerdo con datos proporcionados por el legislador federal, los cárteles controlan ya 8 por ciento de las más de 2 mil 500 alcaldías que existen en el país.
“El 73 por ciento de las más de 2 mil 500 alcaldías están infiltradas por células operativas, y de éstas, 8 por ciento está totalmente bajo el control del narcotráfico”, señaló Galindo Noriega.
Para desgracia de los municipalistas y vergüenza de la clase política, los cárteles son los únicos que han entendido que los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la gente, por lo que era necesario “echárselos a la bolsa”, agregó. Sopas.
Y puso el dedo en la llaga: “Una y otra vez hemos afirmado que nuestro país vive al revés: el nivel de gobierno más lejano de la población, el federal, es el que tiene más recursos y más atribuciones. En contrapartida, el nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, es el que tiene menos recursos y menos atribuciones”. Así las cosas, estimados lectores, lo que ocurría en agosto de 2010 no ha cambiado sustancialmente al día de hoy.