El 20 de abril, en Cuernavaca, algunos parientes cercanos de Olivier rompieron el silencio establecido por las autoridades federales y estatales, amén de que Frédérique Santal (hermana de la víctima), simultáneamente y en Suiza, abordó el tema ante la prensa de aquel país solicitando la intervención de la presidenta Micheline Calmy-Rey y la participación de la FBI norteamericana. La protesta hizo reaccionar a la Procuraduría General de la República, la cual reveló que había atraído las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia local al denunciarse la desaparición del empresario, otrora dedicado a la fabricación de relojes.
El 26 de enero del presente año, policías federales y ministeriales protagonizaron una espectacular persecución por la avenida Heroico Colegio Militar, al norte de Cuernavaca. Tras varios minutos y, apoyados por el Ejército, detuvieron a Juan Mendoza Montes de Oca y Juan José Aguilar Cavaría, elementos adscritos a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca. La acción produjo roces entre esta dependencia y la 24ª. Zona Militar.
Mediante un boletín, la Sedena informó que Mendoza Montes de Oca conducía una camioneta tipo Voyager, color rojo, placas de circulación HFA-4628, del Estado de Guerrero, en cuyo interior se localizaron 13 cartuchos calibre .223 (para arma R-15) y tres cartuchos calibre 9 mm. Y añadió: “Juan Mendoza Montes de Oca declaró que, además de ser responsable del secuestro de una persona de origen suizo, participó en el asesinato del subprocurador de Asuntos contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis Juárez, y sus escoltas Mario Ovalle Contreras y Jaime Guzmán Navarro, suscitado el 23 de octubre de 2008”.
Sin embargo, fue necesario que (hasta el 20 de abril) transcurrieran 85 días desde la detención de Mendoza Montes de Oca y de que la familia Tschumi pidiera la intervención de las autoridades suizas para que la PGR emitiera un comunicado en el que solo detalló que por el caso habían sido detenidas tres personas: Juan Arreola Franco, Juan Mendoza Montes de Oca y María José Flores Pérez. Sin ofrecer más detalles, la dependencia precisó: “Los inculpados de referencia se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo y se ejercitará acción penal en su contra al ser considerados partícipes en el secuestro de Olivier Tschumi”.
Lamentablemente para la PGR y las autoridades locales el escenario cambió anteayer de manera dramática, pues dicha institución no pudo acreditar responsabilidad alguna a los tres arraigados, quienes recuperaron su libertad. La Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR no encontró elementos suficientes para ejercitar la acción penal una vez concluido el arraigo de 40 días. Tras la liberación de María José Flores Ramírez, tercera implicada en el caso, la SIEDO se quedó sin detenidos por el plagio del ciudadano suizo, ya que el pasado viernes fueron puestos en libertad el taxista Juan Arreola Franco y el ex policía Juan Mendoza Montes de Oca.
Hasta el momento de redactar la presente columna no habíamos sido informados respecto a alguna reacción de los familiares de Olivier, lo cual sucederá de un momento de otro. Sin embargo, la embajada suiza confirmó el aviso de seguridad sobre México, emitido por la cancillería de esa nación desde octubre de 2010. Sigue vigente, aunque podría ser modificado si las condiciones de seguridad en diversas regiones mexicanas boletinadas satisfacen al cuerpo diplomático suizo.
El aviso, publicado en el sitio electrónico de la representación, señala que los suizos que viajen a México deben extremar precauciones por la lucha de las autoridades (policía y Ejército) contra la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico. “Puede darse eventualmente un conflicto afectando a personas inocentes, por lo cual se sugiere tener extremada cautela, especialmente en Baja California, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas que ‘están particularmente tocados’”.
Hace hincapié en la situación de violencia que enfrentan la ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez. Y aquí lo que nos interesa. En particular se habla sobre el delito de secuestro: “Dicha actividad criminal se registra sobre todo en el Distrito Federal, pero más en Morelos donde es necesario extremar las precauciones”. Detalla que suele ser frecuente el delito de plagio en su modalidad “express”, consistente en que la persona es sometida en la calle y obligada a sacar dinero de su tarjeta de crédito, por lo que recomienda no llevar consigo el plástico. Etcétera.
Asuntos de alto impacto y aberraciones procesales mantienen a Morelos ante los ojos de la comunidad internacional y nuevamente tensionada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde el priísta Jorge Arizmendi pretende una audiencia con el presidente de la República para tratar con él asuntos de la seguridad pública, convertidos ya en tópicos de campaña. ¿Se abrirá ese espacio en la agenda presidencial? A ver.