y una carta distribuida entre los representantes de medios informativos por el diputado perredista Fidel Demédicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, enviada al magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la cual exhibió a dicho funcionario judicial por su discrecionalidad y favoritismo aplicados en el procedimiento para la selección de 13 nuevos jueces de primera instancia de control, juicio oral y ejecución de sanciones. Simple y sencillamente, Demédicis Hidalgo evitó dejar “títere con huarache”.
En otro momento me ocuparé de la oriundez y residencia, según el nuevo texto constitucional, que no me sorprende porque desde hace varios lustros demostré la inconstitucionalidad del anterior artículo basándome en la supremacía constitucional y los conceptos que bajo el derecho identificamos como “jus soli”, “jus sanguini” y “jus domicili”. Defendiendo el “jus sanguini” fue como Maricela Sánchez Cortés, mediante una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo ser candidata priísta a la gubernatura en las elecciones de 2006.
La misiva enviada a Falcón Vega cuestiona las convocatorias contenidas en las circulares CJE/SG/011-11 y CJE/SG/012-11, de fecha 29 de marzo del 2011, “pues no precisan la fundamentación y motivación para que el Consejo de la Judicatura Estatal emitiera dos convocatorias, denominadas respectivamente ‘Concurso Interno’ y ‘Concurso Externo’, lo cual, en nuestro criterio, discrimina a los profesionistas que cumplen con los méritos y requisitos constitucionales y reglamentarios”. Efectivamente: el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 89 de la Constitución Local y el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos no determinan una calidad laboral específica para aspirar a Juez. “En todo caso la trayectoria y carrera judicial son elementos a valorarse dentro de las circunstancias de méritos a efecto de contar con los mejores jueces en cumplimiento a las garantías jurisdiccionales de los gobernados en términos del artículo 17 Constitucional Federal”. Primer golpe de Demédicis.
Y aún hay más tocante a las famosas convocatorias: “No se explica la razón, fundamentación y motivación por las cuales dichas circulares (…) determinan inequitativamente la designación de nueve y cuatro plazas para ocupar el cargo de juez de primera instancia de control, juicio oral y ejecución de sanciones, lo cual resulta notoriamente desproporcionado, inequitativo y en su caso discriminatorio”. Aquí la carta recuerda el favoritismo que ha imperado en el Poder Judicial para la designación de jueces, con hijos de quienes integran el Consejo de la Judicatura, amigos, amigas, amantes, novios, novias. O simplemente se trata de intereses fundamentados en la corrupción.
Se desglosa, por tanto, el aberrante caso de Nancy Aguilar Tovar, ex secretaria particular de Falcón Vega, a quien definitivamente favoreció con información privilegiada y algunos empujoncitos, dentro de un caso donde el presidente del TSJ buscó salvar las apariencias con argumentos poco creíbles. La tunda que le propina Demédicis con relación al tema es de antología.
Posteriormente, el documento describe otro patético caso de favoritismo hacia Arturo Ampudia Amaro, gran cuate de Miguel Angel Falcón Vega. Este personaje ya pasó la etapa de selección en el “concurso interno”, pero hasta el momento el presidente del TSJ no se ha excusado para intervenir en el asunto, como tampoco lo ha hecho con Nancy. ¿Desventaja para los demás aspirantes? Ni duda cabe. Esta parte del procedimiento, lo veremos más pronto de lo que imaginamos, le dará al traste, mediante amparos, a la elección de nuevos jueces.
Finalmente, el legislador solicita a los miembros del Consejo de la Judicatura actuar bajo “parámetros éticos, institucionales, profesionales, de servicio público, de alta trascendencia social”, y que abonen para recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones judiciales. ¿Es mucho pedir? A todo lo antes escrito debo agregar un dato ajeno al proceso de “designación” de nuevos jueces (a estas alturas bastante deslegitimado). Se trata de la inclinación de Falcón Vega hacia una cantante que, durante siete años, mediante argucias legaloides, con el apoyo del “círculo rojo” del Poder Judicial y recomendaciones desde Palacio de Gobierno, ha impedido que el señor Fernando Hidalgo conviva con su menor hijo, no obstante que se trata de un derecho constitucional avalado por la SCJN. En los meses recientes, a fin de sostener este vicio estructural, se ha tenido la participación directa de Raúl Soto Somera, secretario particular de Falcón, quien de múltiples formas ejerce presión sobre la jueza María Luisa Sánchez Osorio, titular del Juzgado Séptimo en Materia Familiar y de Sucesiones. En esa demarcación judicial solo “truenan los chicharrones” de la ex procuradora Claudia Aponte Maysse, aunque al margen de la ley.