El “Caso Bosco” me impidió transcribir oportunamente el correo electrónico enviado por una lectora -cuyo nombre omito por razones de seguridad- que coincide con nosotros. A continuación sus comentarios, donde suma otros factores criminógenos, de alta escuela y cuello blanco.
“Señor Guillermo Cinta. Leí su artículo sobre la desforestación de las áreas protegidas, como lo es Huitzilac, Morelos, y lo que comenta acerca de las bandas delincuenciales que operan en la zona. Es una vergüenza enterarme de que dicha región es un fraude absoluto, solapado por inmobiliarias, el gobierno del estado, el ayuntamiento de Huitzilac y las notarías. En fin: por la gente que se dedica a cometer fraudes en perjuicio de la gente de buena fe que ha invertido en Morelos. Muchos vemos que nuestro patrimonio está en riesgo, pues nadie nos advirtió que no valían las escrituras en los fraccionamientos de Huitzilac y que pagamos impuestos prediales y escrituración a notarios fraudulentos, inmobiliarias cómplices y asociaciones de condóminos que tampoco dicen la verdad”.
Añade la lectora: “Sobre la carretera federal puede observarse a quienes venden los terrenos y casas robadas a la gente que ha comprado una y otra vez (existen casos en que se ha vendido y revendido hasta diez veces, sin exageración), y nadie dice nada, ni tampoco los señala. Están protegidos y son intocables. En esta ocasión le comento a usted sobre el caso del (presunto) delincuente llamado Rafael García, quien encabeza una larga cadena de fraudes, pues embauca a quienes le venden lo que ha sido comprado por otros, los despoja, y así sigue y sigue. Pero estos delincuentes no son peores que los notarios que nos escrituraron sin ninguna advertencia, ni señalamiento. Mi pregunta, pues, es la siguiente: ¿Hay alguien que se digne a voltear a nosotros y contribuya a que se nos haga justicia, en este Morelos de robo en despoblado y al abrigo y silencio cómplice de todos?”. Hasta aquí el correo electrónico que, como pueden ustedes apreciar, plasma uno de varios factores que contribuyen a asustar a los inversionistas privados debido a la inseguridad en la tenencia de la tierra. No traen sus capitales a Morelos y no generan nuevos empleos por temor a los problemas posteriores. Ello a pesar de que existe una supuesta Comisión de Reservas Territoriales adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, que sirve para maldita la cosa, pues los fraccionamientos ilegales siguen creciendo sin control. ¿Y las centenas de expedientes abiertos por despojo en ámbitos del Ministerio Público y el Poder Judicial? ¡Bien, gracias!
Cambiando de tema volveré a referirme al caso del comandante Juan Bosco Castañeda Macías, director operativo de la Policía Preventiva Metropolitana de Cuernavaca, quien no fue consignado ante un juez federal el sábado -al mediodía- debido a que se le amplió el término constitucional hasta las 14:15 horas de hoy, tras haberse conjuntado dos averiguaciones previas en su contra: una por el señalamiento de delincuencia organizada que le hizo el hampón Víctor Manuel Valdez Arteaga (alias El Gordo Varilla), presunto cabecilla del cártel del Pacífico Sur (CPS), y otra por la presunta posesión de un rifle de uso exclusivo del Ejército (un R-15). Según me comentó ayer Enrique Paredes Sotelo, su abogado defensor, Bosco Castañeda podría ser arraigado este día debido a las endebles acusaciones que pesan en su contra. “Las autoridades federales están ávidas de ‘cuadrarle’ los delitos que le imputan”, dijo. Por eso volverán a aplicar la figura del arraigo, pues en las primeras etapas de las indagatorias no encontraron los suficientes elementos para mantener preso al citado jefe policíaco y consignarlo a la autoridad jurisdiccional competente.
¿Nos encontramos ante un asunto estrictamente político? Infinidad de comunicadores sociales de Morelos hemos sacado nuestras propias conclusiones al respecto, en sentido afirmativo. Los antecedentes respecto a infinidad de operativos llevados a cabo en nuestra entidad por corporaciones federales (en el ánimo de ofrecer una “política de resultados”) nos hacen pensar así. Lo mismo sucedió con la famosa “narco-libreta” hallada por fuerzas federales durante un operativo efectuado el 19 de enero del presente año en la zona sur, donde aparecían los nombres de cinco presidentes municipales priístas a quienes, según se informó allá y entonces, se pagaban diversas cantidades de dinero a cambio de su encubrimiento a células criminales, lo cual nunca se probó. Inclusive, el gobernador Marco Adame Castillo se vio obligado a trasladarse a la sede nacional de la PGR, acompañado por varios de los alcaldes aludidos, a fin de que se desvirtuasen todavía más aquellas perniciosas acusaciones. Hoy, por lo tanto, será interesante conocer el contexto de una conferencia de prensa que ofrecerá el presidente estatal del PRI, Amado Orihuela Trejo, quien de plano hará una “declaratoria de guerra” (como la de enero de 2007) contra quienes se pongan enfrente del partido tricolor.