Y pronostiqué que, a más tardar en noviembre, “comenzará una intensa actividad dentro de los partidos políticos hacia la designación de sus candidatos a los cargos de representación popular que habrán de disputarse el primero de julio de 2012”.
Y líneas después indiqué lo siguiente: “A reserva de consolidar la legitimidad de su régimen y los elementos de la gobernabilidad, el gobernador Marco Adame deberá estrechar su coordinación con el gobierno federal y los 33 presidentes municipales para evitar el descontrol de la violencia, aunque todos los ámbitos oficiales tienen la obligación de conseguir una alta eficacia en contra de las bandas criminales. Asimismo, se acortará el tiempo para abatir la cultura de la ilegalidad aún prevaleciente en ámbitos de procuración y administración de justicia. Al respecto debemos recordar que la crisis de seguridad pública es una expresión de la no vigencia del estado de derecho. Por otra parte, la autoridad estatal se encuentra obligada a impedir la erosión sexenal de la figura gubernamental. Para ello se requerirá una gran pericia política, a fin de extender hasta el final del mandato un clima de coexistencia pacífica. Lamentablemente, no observo en el escenario de corto y mediano plazo la posibilidad de pactos fundamentales hacia reformas constitucionales trascendentes. La mesa para la reforma del estado, si acaso, solo conseguirá una nueva reforma electoral, la cual dependerá del proceso de reformas federales en la materia”. A juzgar por las apariencias, estimados lectores, no fallaron nuestros vaticinios.
Empero, me falta recordar otra vulnerabilidad: La desigualdad y la inequitativa distribución del ingreso en todas las regiones morelenses. Hacia donde volteemos hay pobreza, proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, al caldo de cultivo se añade otro factor de precariedad: la parálisis de todos los municipios, cuya principal característica es la dependencia absoluta del gobierno federal y el estatal, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina “la célula básica del sistema político mexicano”.
En este contexto, el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés Castellanos, aseguró anteayer que las amenazas a la seguridad nacional son el crimen organizado, el terrorismo, grupos armados como el EPR y el tema de la ciberseguridad, la pobreza y la desigualdad. Dicho funcionario, según vemos, no descubrió el agua tibia, pero llamó la atención al participar en un foro “sobre la importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática”. Ahí comentó que el gobierno federal tiene clasificadas en seis ámbitos las diversas amenazas a la seguridad nacional. Otra amenaza es la corrupción en instituciones estratégicas como el Ejército, las Policías y Petróleos Mexicanos (Pemex); y añadimos los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración y la cultura de la ilegalidad. Nada nuevo, pues.
Por su parte, en diferente foro, el subsecretario de la Defensa Nacional, Demetrio Gaytán Ochoa, afirmó que México carece de una política formal de seguridad nacional que dificulta una planeación de Estado, por lo que llamó a construirla de manera impostergable para conseguir los objetivos de estabilidad y desarrollo del país. ¡Sopas! ¿Dónde, amables lectores, quedó la conducción social de este país? ¿Qué calidad de líderes hemos tenido los mexicanos durante infinidad de sexenios?
Así las cosas, los comités nacionales del PRI y el PAN, a través de Humberto Moreira y Gustavo Madero Muñoz, ya abrieron fuego con respecto a los tiempos y movimientos que sus respectivos partidos aplicarán hacia la elección de sus candidatos a la presidencia de la República que, desde mi particular punto de vista, impactarán en las fechas para hacer lo mismo en Morelos. El PRI tendrá candidato en febrero de 2012, mientras Acción Nacional fijará las reglas del juego a finales de octubre o mediados de noviembre. Me parece que primero habrá abanderados hacia la primera magistratura nacional y luego los tendremos aquí. Recuerden ustedes que la campaña durará tres meses (de mayo a junio) en el caso federal y el estatal. El primero de julio serán las elecciones concurrentes. Y el tema de la seguridad nacional y pública seguirá ocupando el primer sitio en los tópicos del proselitismo partidista. El PRI, por lo pronto, ya reveló sus primeras propuestas: desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal y transferir sus funciones a la Secretaría de Gobernación; extinguir la PGR para darle paso a una Fiscalía Nacional, y la creación de una Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, amén de que el Ejército deberá regresar paulatinamente a sus cuarteles. Lo anterior, independientemente de una reforma fiscal que, entre otras cosas, contemplará la eliminación del Impuesto Especial a Tasa Única. Y como los priistas morelenses están a la deriva, urge cambiar al delegado general del CEN del PRI. Tantísimo pleito se debe a la orfandad política.