Fue un ejercicio colectivo para definir el país que queremos con perspectiva de futuro. En este proyecto quedó plasmado un compromiso común para aprovechar todo nuestro potencial de desarrollo”. Y agregó: “El Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 (PNSP) que aquí se presenta, ha sido elaborado tomando como punto de partida la Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (PSSP), los cuales han aportado elementos fundamentales para su integración”. Hasta aquí la referencia al PNSP, un catálogo de magníficos deseos.
Empero, varios diarios capitalinos publicaron el 9 de julio pasado un diagnóstico elaborado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para medir sus resultados de 1997, año de su creación, a la fecha. Ahí se indica que el Gobierno de México ha gastado en seguridad pública más de 83 mil millones de pesos durante los pasados 13 años (de fondos federales), a pesar de lo cual los delitos denunciados crecieron 16 por ciento y la percepción de inseguridad persiste. El documento, avalado por la Secretaría de Gobernación, añade que en 1997 se denunciaron ante el Ministerio Público (federal y del fuero común) un millón 544 mil 856 delitos. Para 2009, el año con más ilícitos en los últimos tres lustros, la cifra creció a un millón 797 mil 81.
El documento señala que en 15 años se incrementó la incidencia delictiva en 19 de las 32 entidades. Los estados donde más se disparó la delincuencia fueron Yucatán, con 210 por ciento de aumento; Aguascalientes, con 116.8; Guanajuato, con 114.7; Tabasco, con 90.9; y Quintana Roo, con 80.3 por ciento. También creció el delito en Morelos, ubicándose en el sexto lugar de actos ilegales cometidos, con un aumento de 83.3 por ciento.
Todo lo anterior tiene plena correspondencia con otras estadísticas. Mezclando datos del INEGI y la Procuraduría General de Justicia de Morelos se confirma que la entidad permaneció, de 2005 a 2009, entre las primeras diez entidades federativas que presentan tasas de delitos por cada 100 mil habitantes encima de la tasa nacional: 2588 delitos cometidos en 2005; 2722 en 2006; 2748 en 2007; 2774 en 2008; y 1470 entre enero y junio de 2009, aunque el total, a diciembre, rebasó la estadística del año anterior (Fuente: IV Informe del Presidente Felipe Calderón Hinojosa). La tasa por cada 100 mil habitantes permite la comparación entre jurisdicciones de diferente tamaño de población.
Dentro de las estadísticas del INEGI, Morelos registró en 2005, 41 mil 951 delitos denunciados, cifra que aumentó a 44 mil 506 delitos. La cantidad disminuyó subió en 2007 a 45 mil 312 delitos denunciados. Hasta aquí los datos del INEGI que, sin embargo, se complementaron en los Anexos Estadísticos del IV Informe Presidencial donde se plasman las cifras de años subsecuentes: en 2008 se cometieron y denunciaron 46 mil 104 delitos; y hasta junio de 2009 se llevaban contabilizados 24 mil 781 actos ilegales. El dato exacto sobre la criminalidad general del año pasado lo contiene la Carpeta de Incidencia Delictiva 2009, difundida por la Procuraduría General de Justicia en su portal de internet: 46 mil 591 delitos. La tendencia criminal siempre fue hacia arriba.
Los delitos patrimoniales, que más generan la mayor percepción de inseguridad, ocupan un lugar relevante. El robo genérico es el delito que más se comete en Morelos, según la PGJ: 6 mil 79 casos denunciados. Tocante al robo a casa habitación con violencia se denunciaron 502 casos; robo a casa habitación sin violencia, 2 mil 225; robo a negocio con violencia, 1 mil 359; robo a negocio sin violencia, 825; robo a transeúnte, 1 mil 955; robo a transporte público de pasajeros, 407; robo a vehículo repartidor, 1 mil 416. La cifra de vehículos robados (delito de alto impacto) en 2009 fue de casi 3 mil 400, lo cual es alarmante frente al bajo nivel de automotores recuperados, muchos de los cuales se comercializaron en el extranjero, fueron desmantelados para el tráfico de autopartes o se destinaron al servicio del crimen organizado. Asimismo, cabe subrayar los robos a casas-habitación, relacionados con la falta de eficiencia en las policías municipales y su escasa o nula vigilancia.