Me parece que el ex procurador general de Justicia y ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, unidad académica donde aún imparte cátedra, empieza a cerrar un círculo, tal como le sucedió cuando encabezó la institución del Ministerio Público en una época diametralmente opuesta a la actual. Lo ocurrido ayer, es decir el artero asesinato de los elementos Elías Rea Avilés y Víctor Diego Navarrete –caídos en el cumplimiento de su deber, mientras acudían a un auxilio en la colonia Acapantzingo-, lejos de provocar el desgarramiento oportunista de vestiduras entre los detractores de Martínez Garrigós, debe reorientar todas las políticas públicas en materia de seguridad. De las crisis hay que sacar provecho.
Martínez Garrigós acudió ayer a un homenaje de cuerpo presente a los policías acribillados este martes, con la presencia de sus familiares. Todo iba bien, dentro del protocolo que se sigue en estos casos. “Deseo expresar a nombre de la institución mi más sentido pésame a la familia de los oficiales Elías Rea Avilés y Víctor Diego Navarrete, y ratificar el compromiso que tenemos como autoridad con ustedes, pero sobre todo señalar que dos patriotas, atendiendo el marco legal, atendiendo sus responsabilidades políticas y morales, hayan sido víctimas de un ataque artero de la delincuencia”, dijo el edil. Y apuntó que hoy más que nunca, quienes día a día arriesgan sus vidas para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, cuentan con todo el apoyo de la institución.
Empero, Martínez Garrigós fue interceptado al final de la ceremonia por un grupo de policías preventivos, interesados en entregarle un pliego petitorio con siete puntos relacionados con la necesidad de mejorar las condiciones laborales, el equipamiento, lo tocante a seguros de vida y mayores prestaciones económicas. Mismas demandas que aún subsisten y son “normales” en las 33 corporaciones municipales de Morelos, abandonadas al garete durante varias décadas.
Lamentablemente nunca falta un tonto con iniciativa. Algunos agentes de Tránsito, quizás acatando órdenes de empleados cercanos al alcalde, quisieron sabotear el pretendido encuentro y causaron el enojo de los uniformados, de por sí lastimados y temerosos frente a los hechos de anteayer. Todos los efectivos policíacos estaban armados y varios de ellos estuvieron a punto de llegar a los golpes, ante lo cual fue necesaria la rápida intervención de Manuel Martínez Garrigós, quien se colocó en medio del forcejeo hasta calmar los ánimos. Después, en el auditorio de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano inició una reunión de trabajo, donde el edil anunció varios cambios a corto, mediano y largo plazo.
Entre otras cosas, anunció que en el caso de los agentes asesinados sus deudos tendrán el pago oportuno de los seguros, el Fondo de Marcha gestionado por la actual administración y becas de estudio para los hijos de los oficiales, provenientes de recursos del Subsemun que no fueron ejercidos por las anteriores autoridades y que se lograron rescatar. Asimismo, con relación a las pólizas de seguro de vida, se entregaron copias a los elementos. Y finalmente informó que el jueves próximo entregará nueve patrullas a la corporación, parque vehicular que se incrementará en los meses subsecuentes, al igual que uniformes, armas, cartuchos y chalecos antibalas, entre otros implementos.
Por lo demás, trascendió que el alcalde cuernavaquense ordenó una rigurosa investigación en torno al funcionamiento del sistema de video-vigilancia de Cuernavaca, pues de 54 cámaras sólo funcionan 16 equipos, sin que puedan incorporarse a la red metropolitana operada por el gobierno estatal. El Ayuntamiento irá tras la empresa E-Security, a cargo de Óscar Carrasco Robles, quien está demandado por incumplimiento de contrato. Este empresario y varios funcionarios de las administraciones de Adrián Rivera Pérez, Jesús Giles y Roque González se enriquecieron con el pago anticipado de un equipo a todas luces obsoleto. A ver.