Citaron a los medios para respaldar la negociación del Ayuntamiento cuernavaquense, encabezado por Manuel Martínez Garrigós, hacia la obtención de un crédito de 600 millones de pesos provenientes del Banco del Bajío, mismo que causó prurito entre distinguidos líderes del Partido Acción Nacional y, desde luego, agitación en el Cabildo Municipal a cargo de regidores blanquiazules, sin que hasta ayer hubiera prosperado. Asimismo, debo agregar el apoyo otorgado a Martínez Garrigós, en el Congreso local, por Jorge Arizmendi, miembro del grupo parlamentario tricolor, quien anunció la integración de un frente para blindar el empréstito. Yo escribí que la única defensa para el edil había provenido únicamente de Samuel Palma César, aspirante a la presidencia estatal del PRI, lo cual resultó inexacto.
El tema del crédito no es nuevo. El 11 de diciembre de 2009 escribí al respecto, después de que Martínez Garrigós anunciara el inicio de un riguroso procedimiento para conseguir los recursos, empezando con la aprobación del Cabildo y el Congreso del Estado. Indiqué: “Cada tres años revive la esperanza de los cuernavaquenses en torno a las nuevas autoridades municipales. El 5 de julio los electores hicieron valer su voto y determinaron la alternancia en el poder, lo cual se repetirá en los comicios gubernamentales y presidenciales de 2012. Fue así como el PRI regresó a la alcaldía y desplazó nueve años de administraciones panistas. Empero, es importante recordar que desde Sergio Estrada Cajigal (1997-2000) hasta nuestros días, la comuna de Cuernavaca ha enfrentado múltiples rezagos derivados de la inexistente planeación municipal y la visión cortoplacista de los alcaldes en turno, amén de que la mayoría se enriqueció al amparo del ayuntamiento y no consiguió la infraestructura básica que reposicionara a la capital morelense frente a la competitividad nacional. Fue así como llegamos a la lamentable mediocridad de la ciudad a nivel nacional”.
Y agregué: “El tema de la inversión en infraestructura no es nada nuevo. Aún conservo un ejemplar del Reporte Especial de la consultora Fitch Ratings, una reconocida empresa asesora y calificadora de deuda pública, correspondiente a agosto de 2005, cuyos datos siguen vigentes y acordes a las decisiones asumidas, no sólo por Martínez Garrigós, como ya lo indiqué, sino también por el gobernador Marco Adame Castillo, quien anunció ayer (el 10 de diciembre de 2009) la gestión de un fondo especial del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para traer recursos frescos orientados a la creación de nueva infraestructura en los 33 municipios morelenses. Para ello, Adame propone al Congreso del Estado una jornada legislativa, casi de manera emergente, a fin de reformar la Ley de Deuda Pública y terminar con el mito de que ‘es perjudicial endeudar a los ayuntamientos’”. Lo anterior contrasta con el desgarramiento de vestiduras de algunos líderes del PAN en el Estado.
En dicho reporte especial de Fitch Ratings, que me fue obsequiado por Claudia Mariscal Vega, entonces secretaria de Hacienda del Estado (mujer visionaria que desde el comienzo del régimen estradista, en el año 2001, consideraba indispensable recurrir a los empréstitos externos para generar progreso en Morelos), leemos lo siguiente: “La inversión en infraestructura es un objetivo de los gobiernos municipales. Considerando que el postergar a futuro los proyectos de inversión requeridos conlleva un alto costo económico y social, se puede optar por complementar los recursos generados internamente por el municipio, con recursos provenientes de fuentes externas de financiamiento, a fin de implementar los proyectos de inversión más apremiantes que requiere la comunidad”. De conformidad con lo establecido en la fracción VIII del artículo 117 constitucional, los estados y municipios pueden contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Empero, cuando los alcaldes en turno promueven la obtención de créditos para cristalizar proyectos de gran envergadura siempre se topan con grupos de presión que distorsionan la intencionalidad de fondo y argumentan que se trata de obras con fines electorales. Pura grilla.