Ante las acusaciones sobre los paraísos fiscales revelados en los “Pandora Papers”, que involucran entre otras personalidades, a Shakira, la cantante negó la irregularidad de sus negocios.

Y es que según los “Pandora Papers”, una investigación periodística dada a conocer recientemente, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la cantante colombiana Shakira se encuentra involucrada con tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio caribeño señalado a menudo como paraíso fiscal por su régimen de impuestos preferente y la confidencialidad que ofrece.

De acuerdo con los datos revelados, las compañías de Shakira son Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc, las cuales  abrieron en abril de 2019 a través del despacho panameño OMC, cuando la prensa ya había dado a conocer que el fisco español estaba investigando las finanzas de la artista. 

Sin embargo, después de la publicación de los “Papeles de Pandora”, el equipo de asesores legales y tributarios de la artista se puso en contacto con el diario español El País, el cual formó parte de la investigación, para desmentir lo referente a las sociedades.

Asegurando que todas han sido declaradas a las autoridades tributarias españolas, y que además se encuentran en proceso de liquidación.

“El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno”.

Shakira y la hacienda pública de España

Este lunes, un tribunal administrativo español ha ordenado a las autoridades fiscales que realicen un reembolso a la cantante colombiana, según informaron el lunes autoridades judiciales y abogados, mientras continúa abierta otra querella penal en relación con una disputa fiscal de casi 350 millones de pesos.

Sin embargo, el equipo legal de Shakira no especificó cuánto dinero le será devuelto, ni cuándo se tomó la decisión.

A través de un comunicado, informaron que “[esto] es una muestra de que, de forma más habitual de lo que pudiera parecer, los tribunales se muestran contrarios al criterio de la Administración, llegando incluso a anular liquidaciones realizadas de forma incorrecta por parte de Hacienda”.