y el segundo, el asesinato del empresario Eligio Ibarra Amador, quien en días posteriores estaba citado a comparecer en torno a su denuncia por tortura, secuestro y extorsión, por parte de por lo menos 10 policías federales.
En el primer caso, la instrucción ha sido clara y precisa: descargar la investigación en la Policía Ministerial de Guerrero, en aquel entonces encabezada la Procuraduría por Alberto López Rosas; desde el mismo momento de los lamentables hechos, en los que la Policía Federal confrontó a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la confrontación entre el titular de la dependencia nacional, Genaro García Luna y el ex procurador.
En el segundo Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del empresario, y criticó que después de la denuncia no se le haya brindado protección ni a la víctima ni a su familia.
"No debería ser sorpresa, que los ciudadanos mexicanos estén reticentes a actuar y denunciar violaciones a derechos humanos cometidos por oficiales públicos, cuando hay poca o ninguna disposición para garantizar su seguridad", enfatizó Amnistía Internacional. A través de un comunicado, la organización dijo que el crimen del empresario "debe ser investigado de forma efectiva e imparcial".
Apenas esta mañana se conoció la decisión del titular del Juzgado 1 de Distrito, de girar 11 órdenes de aprehensión, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), contra igual número de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, según informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", Vidulfo Rosales Sierra.
Los delitos que se persiguen –detalló el abogado- son ataques a las vías generales de comunicación, relacionadas con los enfrentamientos del 12 de diciembre entre elementos policíacos y normalistas de Ayotzinapa.
Rosales Sierra, señaló que se conoce que la Procuraduría General de la República solicitó la acción penal contra los normalistas, por el bloqueo del 12 de diciembre.
En sesión- comida de trabajo con el club Primera Plana, este miércoles conocimos de los videos íntegros, del día de los hechos; lo que la autoridad federal ha dado a conocer son fragmentos –esperemos que no ediciones- del día de los acontecimientos. Es claro lo que sucedió: la autoridad nacional actuó sola hasta después de los trágicos sucesos.
Alberto López Rosas, frente a los periodistas asistentes, dijo su verdad y se manifestó confiado de las instituciones, en última instancia del poder Judicial. “No creo ni busco la victimización –dijo- pero tampoco permitiré la impunidad que hoy mantiene encarcelados a dos inocentes”. Y va más allá: “no puedo permitir que la vida de los estados se someta a un poder arbitrario”.
La paradoja: si hubo un error fue haber atendido la solicitud de apoyo de la Policía Federal, cuando los elementos ministeriales están facultados para investigar y perseguir delincuentes, no para la prevención –nos dijo el invitado- sin embargo, razonó, de no haber atendido la petición, tal vez hoy estaríamos siendo juzgados por omisos ante la falta de apoyo.
López Rosas no mete las manos al fuego por ninguno de sus elementos, pero en este caso advierte que además de ello, los defenderá hasta las últimas consecuencias. Se dice hostigado y nos detalla que hoy se encuentra en libertad bajo fianza, ante el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de encubrimiento en contra de la administración de la justicia.
