En un acuerdo histórico, las naciones más prominentes económicamente han acordado que las empresas tecnológicas deben pagar impuestos no solo en donde radican oficialmente, sino en los países donde generan sus ingresos. Bajo ese principio, 125,000 millones de dólares serán recolocados en los países de menos ingresos que forman parte del acuerdo.

El acuerdo viene en construcción desde hace años ya, pero ahora es cuando se oficializa en la Cumbre de Líderes G20.

El nuevo reto: que cada país haga lo propio

El acuerdo se compone de dos apartados: el primero involucra una comunicación constante entre países para identificar cuando una empresa tecnológica acuda a paraísos fiscales para evadir impuestos, y el segundo es un impuesto general mínimo del 15%, aunque el porcentaje podría incrementar dependiendo de los ingresos de una empresa. El 15% comenzará a aplicar para empresas que tengan 750 millones de euros en ingresos.

El truco está en que si una de las grandes empresas intenta cambiar de lugar de origen sus ganancias, entonces los países en colaboración donde la empresa opera podrán incrementar la tasa del 15%.

Previamente México ha manifestado su interés en el acuerdo e incluso hubo quien dijo que el impuesto podría ser aplicado para 2022, pero un acuerdo de tales magnitudes necesitará tiempo. El propósito es que el impuesto general aplique para 2023, pero para ello cada país debe hacer reformas al interior. Todos los países involucrados ahora están en una carrera de tiempo para ceñirse rápidamente a lo acordado porque si algunos países no adecuan sus normas, entonces empresas tecnológicas podrían encontrar formas de evadir el impuesto global.

Además, está el asunto del impuesto específico a tecnológicas que se ha impuesto en países como España, Francia e Italia. Todos esos países ahora tendrán ahora que adecuar sus leyes conforme a lo acordado.

En México el presupuesto para 2022 acaba de ser aprobado, así que es muy probable que las reformas que se requieren se concreten hasta el paquete fiscal del 2023 que se discutirá entre septiembre y octubre del 2022.