La comisión de transición del gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio a conocer que el proceso de entrega recepción no ha sido transparente, pese a lo que señala la ley en la materia.

El coordinador de dicha comisión, José Manuel Sanz Rivera, expuso que a la par de las mesas de trabajo, el actual gobierno junto con la legislatura han realizado "acciones engañosas que dañan al estado".

De igual modo, advirtió que no tolerarán que funcionarios de la administración saliente queden impunes.

Aseveró que si no hay un cambio de actitud, esperarán hasta el primero de octubre para comenzar con la revisión del estado en el que se encuentra la administración.

También reiteró que no es necesario que el próximo gobierno nombre al gabinete, al tiempo de considerar que las declaraciones de Ángel Colín López, actual secretario de Gobierno, son una injerencia y "le decimos que no presione al gobernador electo ni al equipo" ya que la ley no lo establece de manera obligatoria.

Sanz Rivera pidió al funcionario local que no presione ni intervenga.

Denunció que hay focos rojos que se están dejando como "verdaderas bombas" para que estallen al próximo gobernador, como la falta de recursos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pago de aguinaldos a maestros y el conflicto de transportistas, entre otros.

Por su parte, el contador Alejandro Villarreal Gasca expuso que por información bancaria saben que la deuda con instituciones financieras es de más de cinco mil millones de pesos, pero les preocupa más que no les informan si habrá recursos para cumplir con compromisos de pagos, ya que dichos datos no se los han querido dar.

Además, Cipriano Sotelo Salgado dijo que sólo acudirán a la siguiente reunión de las comisiones de transición programada, siempre y cuando haya una verdadera muestra de intención de darles la información requerida.

Se ubica al actual titular del Poder Ejecutivo estatal con aumento del 445 por ciento de la deuda pública en su gestión, incluso antes de Chiapas, que tuvo un 55 por ciento de aumento de la deuda en su entidad, además de que la deuda no bancaria que calcula la comisión de transición es de más de doce mil 300 millones de pesos.

Lo anterior, porque hay adeudos de servicios y obras que no han sido pagadas al 100 por ciento, como la sede del Congreso y adeudos a proveedores, entre otros; sin embargo, podría ser mucho mayor y eso es lo que no les informan, según anotaron.

Finalmente, comentaron que podría haber responsabilidad de tipo penal si se comprueba, en su momento, que hubo desvío de recursos.