A través de un comunicado, el Congreso de Morelos señaló que las y los diputados de la LIV Legislatura "lamentaron profundamente que mediante criterios de revancha y cerrazón política", un grupo de 19 alcaldes y sus respectivos cabildos rechazaran la reforma político electoral y de violencia política por condición de género.

Lo anterior, al anotar que dicha reforma permitiría garantizar la paridad entre hombres y mujeres en diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, además de que pondría freno a la violencia política de género y promovería la inclusión indígena y la gobernabilidad.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"El dictamen avalado por las y los legisladores de Morelos durante la sesión continuada el pasado primero de junio, actualizaba la normatividad en términos de lenguaje incluyente, al reformar diversos artículos de la Constitución Política y adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales, así como de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del estado de Morelos.

Pero fundamentalmente reivindicaba el mandato ciudadano de garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los procesos electorales; en cuanto a los municipios, también establecía que el Consejo Estatal Electoral debería garantizar la paridad de género en la integración de los cabildos.

Sin embargo, bajo el único argumento de oponerse al aumento de 20 a 24 diputaciones, los alcaldes y sus cabildos decidieron negarle a las y los morelenses la posibilidad de una ley electoral paritaria.

No tomaron en cuenta que el incremento de cuatro diputaciones no sería en el caso de los plurinominales, sino diputados de mayoría, es decir de elección, para garantizar la correcta atención y representación ciudadana, y hacer eficiente la redistritación, además que se dejó en claro que esto no significaría ningún aumento al presupuesto del Poder Legislativo, y que tampoco se incrementaría el número de regidores en el caso de los municipios.

Los alcaldes desdeñaron el espíritu democrático de esta reforma político electoral, que pretendía incrementar del tres al cuatro por ciento, el mínimo de la votación necesaria para que los partidos políticos locales pudieran conservar su registro y acceder a espacios plurinominales, endureciendo la norma para inhibir el surgimiento de partidos políticos que resultan un lastre presupuestal para los ciudadanos y que viven de los impuestos de los morelenses.

Pero más ilógico resultó que, sin mediar la discusión y análisis de su contenido, los representantes municipales pusieran un dique a su aprobación, sin tomar en cuenta que esta reforma político electoral actualizaba la ley en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

También lamentable fue que, en un afán revanchista, los alcaldes promovieran un rechazo en bloque, sin tomar en cuenta que la reforma político electoral sentaba las bases para que los partidos políticos garantizaran a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular de diputados y diputadas, y los ayuntamientos, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

La lista de los municipios que rechazaron la reforma está integrada por Yecapixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Atlatlahucan, Tetecala, Tlalnepantla, Jantetelco, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuautla, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas, Totolapan, Xochitepec, Ocuituco, Zapata, Cuernavaca, Yautepec y Hueyapan".