En un comunicado con relación a los hechos ocurridos el pasado jueves cinco de agosto en la autopista México-Acapulco, a la altura de la colonia Polvorín del municipio de Cuernavaca, así como a los diversos pronunciamientos emitidos por el fiscal general y el jefe de escoltas del titular de la representación social, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó lo siguiente:

"Este ente disciplinario del organismo constitucional autónomo inició con las indagatorias correspondientes, con la finalidad de determinar si la conducta desplegada por los servidores públicos que participaron en los hechos se encuentran tipificadas como faltas administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, así como establecer si se aplicaron correctamente los protocolos de actuación tratándose de la protección de la persona que se custodia.

Respetuoso de los principios del derecho penal que prevalecen en el derecho administrativo sancionador, como es el de presunción de inocencia, este órgano garante de la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y de los servidores públicos; en caso de encontrar elementos probatorios bastantes y suficientes, substanciará el procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionará a los servidores públicos implicados en la violación a garantías fundamentales de los ciudadanos.

Los morelenses y cualquier persona que se encuentre dentro del territorio de este estado debe confiar de manera plena en las instituciones públicas, por ello no se permitirá que se actúe con opacidad en el ejercicio público; en ese entendido, los servidores públicos en el cumplimiento de su encargo deben conducirse con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, principios que rigen el servicio público.

El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, refrenda su compromiso con la sociedad, para llevar hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad de los servidores públicos de la representación social, sancionando a quien se tenga que sancionar".