Confirman medida cautelar de prisión preventiva.

Un juez de control vinculó a proceso a el ex diputado, Marco Zapotitla Becerro, por el presunto delito de violación en agravio de una de sus ex colaboradoras, y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva, ya que el ex representante popular fue imputado por la probable comisión de una conducta tipificada como grave. 

El juez Edie Sandoval Lóme determinó que el agente del Ministerio Público presentó indicios suficientes para sujetar a proceso penal al ex legislador por la presunta agresión sexual perpetrada en contra de la mujer identificada como R.G.T., de 28 años de edad, el pasado 7 de julio de 2020 en un domicilio de Cuernavaca.

Fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo cual el imputado deberá permanecer privado de su libertad en el penal de Atlacholoaya hasta que se dicte sentencia.

Previo a la resolución del juez, un grupo de mujeres e integrantes de colectivos feministas realizaron una manifestación a las afueras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en apoyo de la víctima, debido a que durante más de un año enfrentó una lucha legal y diversos obstáculos políticos por la el tráfico de influencias de  Marco Zapotitla. 

Cuestionaron que bajo la medida de prisión preventiva el ex legislador haya obtenido el privilegio de salir del penal para acudir al velorio de un familiar, cuando estos “permisos humanitarios” le son negados a quienes se encuentran privados de su libertad en los penales estatales.

“No todas las personas que están detenidas, ninguna mujer en detención, ha podido salir a enterrar a sus hijas, a sus hijos, a sus madres o a sus padres. A ninguna persona se le da permiso de salir. Entonces vemos un gran tráfico de influencias en este proceso por los cargos que él ha tenido y por todas las relaciones que él tiene en el Tribunal Superior de Justicia”, advirtió el grupo de mujeres al resaltar la influencia que mantiene aún el ex legislador, y al recalcar las desventajas en las que la víctima enfrenta el proceso legal, además de las secuelas de la agresión sexual, los obstáculos y las amenazas a su integridad y la de su familia.