El TSJ demanda para el 2022 el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, emprenderá el cabildeo legislativo para exhortar a los diputados a que se respete la autonomía financiera del Poder Judicial y se le otorgue para el ejercicio fiscal 2022 el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable.

Indicó que, previo a la discusión y aprobación de las leyes de egresos e ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, se reunirá con las y los legisladores para abordar el tema del presupuesto para el próximo año.

El Poder Judicial, que en los últimos años no recibió aumento y su presupuesto anual fue de poco más de 500 millones de pesos,  busca triplicar el monto de sus recursos y en su proyecto presupuestal 2022 solicitó cerca de mil 500 millones para atender las necesidades de la administración de justicia y hacer frente a sus obligaciones laborales tanto con los trabajadores activos como jubilados.

Jasso Díaz afirmó que insistirá ante el Congreso  sobre la necesidad de cumplir con la autonomía financiera del Poder Judicial - en vigor desde julio 2018- y que el próximo año otorgue el porcentaje previsto en el texto constitucional local.

También confió en que en breve la Suprema Corte de Justicia de la Nación  resolverá la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial a principios de 2021, en la que justamente se reclamó la asignación del 4.7 por ciento de presupuesto estatal programable.  

Y es que la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado de Morelos tiene un espinoso camino de casi una década y, hasta hoy, es letra muerta.  

La iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía financiera a la administración de justicia fue propuesta por ex gobernador panista, Marco Adame Castillo, y en el 2012 fue aprobada por la Quincuagésima Primera Legislatura que, tras conseguir la aprobación del Constituyente, congeló la declaratoria por razones políticas y con el argumento de que la fragilidad financiera del estado no permitiría cumplir con la reforma, que proyectaba otorgar al Poder Judicial el 4.7% del presupuesto estatal total programable.  

Después de un sexenio, en julio de 2018 y en el ocaso de la Quincuagésima Segunda Legislatura, finalmente los diputados decidieron emitir la declaratoria para validar la reforma constitucional, que permitiría programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019, pero nuevamente la anhelada autonomía quedó en papel.
En febrero pasado, el Poder Judicial promovió la controversia constitucional 15/2021, en la que alegó que el presupuesto que le fue asignado para el 2021 (549 millones 34 mil pesos, equivalente al dos por ciento del presupuesto estatal) no era suficiente y que el monto no correspondió al 4.7 por ciento del presupuesto estatal que prevé la Constitución local.