La impartición de justicia es una actividad esencial y que no puede ser paralizada, argumenta grupo.

Un grupo de abogados protestó contra la suspensión de labores presenciales en el Poder Judicial del Estado de Morelos, argumentando que la impartición de justicia es una actividad esencial y que no puede ser paralizada.

A las afueras de la sede del Tribunal Superior de Justicia, los litigantes fustigaron que el Pleno del TSJ aprobara la suspensión de actividades presenciales administrativas y jurisdiccionales, cuando funcionarios judiciales acaban de retornar del periodo vacacional decembrino  y existen muchos asuntos pendientes por desahogar en los juzgados.

La abogada María Elena Medina Vargas sostuvo que el acceso a la justicia es un derecho humano y que por ningún motivo debe suspenderse porque es una actividad esencial, de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación el 31 marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia por covid-19 e implementó las medidas de prevención.

Consideró que el brote de contagios de coronavirus en el del Poder Judicial no solo puso en riesgo la salud de los litigantes y el público usuario sino que dejó en evidencia el relajamiento de las medidas sanitarias de los funcionarios judiciales durante la temporada decembrina.

Exigió la reanudación de labores jurisdiccionales bajo un esquema y aforo adecuado a las circunstancias, porque la suspensión no solo afecta económicamente al gremio litigante sino que paraliza la impartición de justicia.

“La impartición de justicia es una actividad esencial, la cual no tiene porqué suspenderse  y menos si no estamos en semáforo rojo, estamos en semáforo amarillo. Entonces tiene que seguir trabajándose de una forma escalonada y con un porcentaje de acuerdo a la carga de trabajo.

“Estamos en total desacuerdo de suspender las labores, porque afecta a los justiciables y se paraliza la justicia. A nosotros como abogados nos cortan nuestro medio de vida porque no podemos tener ingresos para poder sobrevivir”, dijo al cuestionar que los funcionarios y trabajadores judiciales  han tenido periodos de inactividad durante la pandemia sin dejar de cobrar sus salarios, mientras que los abogados y los justiciables han sufrido el impacto económico y la violación del derecho humano a la justicia.

Conforme al acuerdo aprobado por el Pleno del TSJ, el Poder Judicial suspendió actividades del 20 al 28 de enero, debido a que el 15 por ciento de su personal se encuentra en aislamiento por contagio de covid-19 o bajo sospecha de estar enfermo, lo cual provocó el colapso en la actividad de varios juzgados.

Con el fin de cortar la cadena de contagio, dar tiempo para la recuperación del personal enfermo y evitar que se agrave la operatividad jurisdiccional, el Pleno determinó la suspensión de actividades presenciales, pero el personal judicial habilitado estará laborando desde sus domicilios, bajo la advertencia de que deberán atender todas sus labores y las medidas de prevención sanitarias o de los contrario podrían ser sujetos a sanciones.