La organización estudiantil inicia amparo ante la justicia federal.
“El papel de Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos debe ser velar por los derechos de los estudiantes por sobre todas las cosas”, afirmó César Alejandro González Mejía, presidente de la organización estudiantil, al presentar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación en el que solicitan se respete el derecho a la educación de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y se permita el uso de las aulas que fueron cerradas por la huelga el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM).
“Hace unos días el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM, en pleno uso de sus derechos decidió estallar una huelga”, dijo el presidente de la FEUM, quien consideró justo el paro de labores para conseguir un incremento al salario.
Sin embargo, dijo, al cerrar las instalaciones “están agravando aún más la crisis educativa que tenemos desde hace dos años; los administrativos están peleando por sus derechos y eso lo celebramos que quede muy claro, los universitarios estaremos siempre a favor de la justicia”, afirmó al subrayar que, por justicia, presentaron el amparo que busca proteger a los más de 42 mil estudiantes que con urgencia necesitan regresar a las aulas que abandonaron por la crisis sanitaria mundial.
“Los universitarios hemos estado atravesando por circunstancias que dificultan la transmisión de conocimientos; bajo estas condiciones hemos padecido ya dos años aprendiendo de una manera deficiente, con un desgaste mental y emocional cada vez mayor por la modalidad virtual en la que estudiamos”, afirmó el representante estudiantil.
González Mejía manifestó su deseo de que se respeten los derechos de los trabajadores, pero que no va a permitir que los derechos de los estudiantes sean violentados.
En entrevista, informó que la UAEM y la Junta de conciliación y Arbitraje sostuvieron un acuerdo en el que se dictamina que las tareas administrativas son las que deben de dejar de realizarse en el movimiento de huelga. “El problema es que la Junta de Conciliación y Arbitraje no nos ha garantizado el acceso a las aulas como parte de nuestro derecho fundamental a la educación, el derecho de los estudiantes a la educación es un derecho superior y debe ser salvaguardado por nuestras autoridades”, dijo, al subrayar que el amparo es interpuesto por las acciones de la autoridad laboral que debe dictaminar las aulas como áreas blancas por así establecerlo la ley, al afirmar que tienen derecho a tomar clases porque las aulas son espacios educativos y no administrativos.
Además, dijo que se venció el plazo de 72 horas que marca la ley Federal de Trabajo para que la junta de Conciliación y Arbitraje declárela legalidad o ilegalidad de la huelga.
César González, consideró justas a las demandas de incremento salarial de los trabajadores administrativos, y al mismo tiempo un agravio el que se hayan cerrado las aulas y desalojado a los estudiantes de sus espacios por el inicio de la huelga.