El daño al erario es superior a los 700 millones de pesos.

El ex director de Administración de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Mario Alberto Oliva Ruiz, fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) y recluido en el Penal de Atlacholoaya para enfrentar un proceso penal por el presunto delito de peculado, por un monto superior a los 700 millones de pesos.

A través de un comunicado, la FGR detalló que un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplió la orden de aprehensión en contra de un ex funcionario, quien fue localizado en un domicilio de la colonia Delicias, en Cuernavaca.

“El mandamiento judicial, otorgado por un Juez de Distrito en el Estado de Morelos, se ejecutó luego de que se inició (una) investigación en contra de esta persona y otros, por el supuesto desvío de recursos federales en el sector salud de dicha entidad”. Precisó e informó que Oliva Ruiz fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos” (en Atlacholoaya) donde quedó interno y a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica.

El caso tiene su origen en la denuncia que en mayo de 2013 inició la administración estatal encabezada por el entonces mandatario perredista Graco Ramírez ante la PGR, por el delito de peculado presuntamente cometido por varios ex funcionarios de los SSM durante la administración del otrora gobernador panista Marco Adame Castillo.

Según la averiguación previa PGR/MOR/CV/412/2013-II, durante la gestión de María Luisa Gontes Ballesteros al frente de los SSM, la empresa NADRO S.A. de C.V. fue favorecida con un contrato millonario para el abastecimiento de insumos médicos, los cuales habrían sido adquiridos por el sector salud estatal a un sobreprecio.

Dicha empresa habría obtenido un contrato por más de 745 millones de pesos para surtir de medicamentos y materiales de curación a las clínicas y hospitales de los SSM. Sin embargo, presuntamente NADRO incumplió con el abasto.

Apenas el pasado 16 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) absolvió a Mario Alberto Oliva Ruiz de la sanción impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 148 millones de pesos, debido a la prescripción de la responsabilidad que le fue atribuida.

De acuerdo con la resolución, el ex funcionario fue acusado de omitir la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los asuntos de su competencia y de no resguardar los registros e información comprobatoria de operaciones financieras del organismo, ya que autorizó el pago a los proveedores NADRO S.A. de C.V. y Carlos Arnoldo Rodríguez Navarro con recursos del Seguro Popular, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos sin contar con documentación comprobatoria y justificadora del gasto por más de 148 millones de pesos cuando fungió como director de administración de los SSM, del 10 de julio al 1 de octubre de 2012.

En la resolución se estableció que el plazo de prescripción corrió del 2 de octubre de 2012 (fecha en que Oliva Ruiz dejó de ejercer el cargo) y expiró el 2 de octubre de 2017, cuando culminó el plazo máximo de cinco años previsto en la legislación entonces vigente para imponer la sanción.

Y es que si bien, el 19 de febrero de 2020 se emitió el citatorio al ex funcionario para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Redición de Cuentas de la Federación, vigente en ese momento, fue notificado por edictos el 24 de febrero de 2020 y para entonces ya habían transcurrido los cinco años que tenía la autoridad para fincar responsabilidad resarcitoria.