En sesión, los integrantes del Pleno del TSJ califican excusas presentadas por magistrados de la Tercera Sala.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gambo Olea, informó en sesión de Pleno que el Congreso no ha notificado al Poder Judicial de ninguna acción tendiente a incoar juicio político contra los integrantes de la Tercera Sala.

Luego de que el pasado 23 de agosto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó una solicitud de juicio político contra los magistrados Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde y María Idalia Franco Zavaleta, señaló que hasta ayer no existía alguna comunicación oficial por parte del Poder Legislativo en torno al tema.

“Hasta el día de hoy (miércoles) oficialmente no ha sido incoado ese juicio político, no hay notificaciones oficiales por parte del Congreso del Estado ni para los magistrados ni para este cuerpo Pleno, y también quiero hacerle de su conocimiento que por cuanto hace a la queja administrativa que fue presentada y que apenas está en trámite en la visitaduría, tampoco hay una manifestación o notificación a las señoras magistradas y señores magistrados”, explicó.

Durante la sesión, los integrantes del Pleno del TSJ debatieron las excusas presentadas por la magistrada María idalia Franco y el magistrado Manuel Díaz Carvajal, para conocer de un recurso de apelación presentado por Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, fiscal de delitos diversos recursos de la FECC, quien intervino como promovente en una queja administrativa en contra de los juzgadores de segunda instancia por una resolución que le fue adversa a la fiscalía.

Por mayoría de siete votos, el Pleno declaró injustificadas las excusas, por los que ambos magistrados podrán conocer y resolver el asunto en cuestión.
Según la FECC, hace más de un año un hombre identificado como Juan Armando “N”, abrió la cajuela de un vehículo de la fiscalía anticorrupción, en el centro de Cuernavaca, y sustrajo desde objetos personales de los tripulantes, hasta uniformes, memorias USB y computadoras que contenían información confidencial.

Tras el robo, se inició una denuncia y el responsable fue identificado y detenido tras un cateo a su domicilio, donde fueron encontrados solo algunos de los objetos robados, pero los equipos con información confidencial no fueron localizados.

El sujeto fue imputado por el delito de robo calificado y enfrentó su proceso penal en prisión preventiva; sin embargo, el 15 de julio de 2022, los magistrados de la Tercera Sala del TSJ resolvieron un recurso de apelación, en el que dictaron la inmediata libertad del imputado, declararon la suspensión condicional del proceso y autorizaron el otorgamiento de 8 mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias USB.

La fiscalía anticorrupción se inconformó con la resolución, por considerar que no fue ponderado que en estos dispositivos electrónicos no recobrados había información reservada y privilegiada, y que no se aplicaron medidas necesarias para su ubicación y recuperación.
Por esta razón, promovió una solicitud de juicio político ante el Congreso y quejas administrativas contra los juzgadores de la Tercera Sala del TSJ.