Se agotarán todas las hipótesis para esclarecer el asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez, anuncia el fiscal estatal.

La disputa legal y política por la diputación plurinominal es una de  las principales  líneas de investigación que seguirá la Fiscalía General del Estado por el homicidio de la legisladora del extinto partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez, perpetrado la tarde de ayer en Cuernavaca.

De acuerdo con información preliminar de la FGE, después de concluir una sesión en el Congreso de Morelos, la diputada, acompañada por un escolta identificado como Lucas “N”, alrededor de las 18: 00 horas se dirigió a realizar algunas compras a una farmacia ubicada entre las avenidas Poder Legislativo y Domingo Diez en la colonia El Empleado.

Ahí, afuera del establecimiento, un par de sujetos a bordo de una motocicleta se acercó a la víctima y le dispararon con un arma nueve milímetros. La legisladora perdió la vida en el lugar, mientras que su escolta resultó gravemente herido y los agresores lograron huir.

Tras el atentado, se desplegó por la zona un fuerte operativo policiaco terrestre y aéreo para intentar ubicar, sin éxito, a los agresores.  

Hasta el lugar del homicidio, llegaron varios diputados y el propio fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y la fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidios de Morelos, Fabiola García Betanzos, para encabezar las primeras pesquisas.

En entrevista con los medios de comunicación, el fiscal estatal dijo que tuvo contacto con la familia de la víctima, que solicitó agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el feminicidio, incluyendo como principal hipótesis la disputa legal y política por la curul.

-¿Se tiene indicios del móvil fiscal?- se le preguntó.
- Todos sabemos que la diputada estaba inmersa en un tema político, yo tuve la oportunidad de platicar con familiares de la fallecida y bueno, la inquietud es esa, que agotemos todas las líneas de investigación.-respondió el fiscal.

-¿Pero esa es la principal (el móvil político asociado a la pelea por el escaño legislativo)?- se le insistió-
-Sí. No vamos a descartar nada, vamos a agotar todo lo que esté a nuestro alcance y si esto tiene un origen político vamos a dar con los responsables, vamos a trabajar con todo lo que tenemos- dijo.
Confirmó que fue un ataque directo a la legisladora, ya que “no tenemos indicios hasta este momento que indiquen que se trató de un asalto o que se intentó despojarla de su vehículo o de pertenencias”.
Comentó que, hasta antes del ataque no había denuncia o precedente sobre una posible amenaza contra la diputada Gabriela Marín, pero insistió en que no se descartará ningún indicio.

“Yo tuve la oportunidad de platicar con ella de estos temas, porque sí hay una confrontación en el ámbito de lo jurídico por su designación, pero jamás dijo que hubiera una amenaza en su contra y menos que fuera en peligro su vida de ella o sus familiares”.

Corroboró también que el arma homicida fue calibre nueve milímetros, que los agresores fueron dos hombres a bordo de una motocicleta y que se recabó suficiente material de cámaras de seguridad que permitirán avanzar en las indagatorias y establecer si hay más personas implicadas y si usaron otros vehículos en el escape.

Cuestionado sobre si será llamado a declarar Roberto Yáñez Moreno, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) le retiró la curul y se la asignó a Gabriela Marín, el fiscal estatal sostuvo que él y otras personas serán llamadas comparecer inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Todas las personas que tengan que ver con una posible línea de investigación que tiene que ver con actividades en el campo de lo político van a ser requeridas ante la justicia y vamos a llegar al fondo de esto”, dijo, al señalar que se respetará el principio de presunción de inocencia y “que quede muy claro, que no estoy haciendo ningún señalamiento ni adelantando nada, simplemente está consciente el Congreso que esto pudo haber tenido un origen en el campo de lo político y es lo que vamos a investigar como una de las líneas más importantes”.

Otra línea de investigación que seguirá la FGE es sobre una posible venganza.
En junio de 2021, los tribunales electorales retiraron la candidatura plurinominal al otrora diputado Julio César Yáñez Moreno, por no acreditar su autoadscripción indígena por el partido Morelos Progresa.
Tras la jornada electoral, en la distribución de diputaciones plurinominales a este partido le tocó un escaño y fue el suplente, Juan José Vázquez Yáñez, tío de Julio y Roberto Yáñez, quien asumió la diputación por el extinto partido político, que no alcanzó la votación mínima para mantener el registro.

En abril de 2022, falleció Vázquez Yáñez –hombre de la tercera edad con una salud mermada- y sobrevino un debate sobre quién debía cubrir la vacante legislativa, si Gabriela Marín, que estaba registrada en el segundo lugar de la lista de candidatos plurinominales del partido Morelos Progresa como representante indígena, o Roberto Yáñez Moreno, quien estaba registrado en el tercer lugar como representante de la comunidad de la diversidad sexual. Incluso, el partido Movimiento Alternativa Social (MAS) reclamó la vacante

Tras el cabildeo político, el 6 de mayo pasado el Congreso le tomó protesta Roberto Yáñez y comenzó la disputa legal por la curul. El 13 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó que era Gabriela Marín Sánchez y no Roberto Yáñez Moreno quien debía ocupar lugar vacante. Dos días después, la legisladora tomó protesta al cargo.
El 23 de septiembre pasado, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que fue correcta la asignación de la curul a Gabriela Marín. Sin embargo, Roberto Yáñez recurrió ante la Sala Superior y estaba pendiente la sentencia.

Tras el asesinato de la legisladora, asumiría la curul la diputada suplente Marguis Soraya del Rayo Salcedo, esposa de Roberto Yáñez y quien enfrentó un proceso penal por presuntamente obtener de manera irregular una pensión como trabajadora al servicio del estado.