El Colegio Don Bosco anuncia la creación de una comisión independiente para investigar los casos denunciados por estudiantes que exhiben indiferencia o complicidad de directivos.
Este lunes hubo varias protestas por casos de presunto abuso sexual en contra de menores. Las víctimas exigen justicia.
Estudiantes de la escuela particular de la Fundación Don Bosco ubicada en la colonia Carolina de Cuernavaca protestaron para exigir que cese el acoso sexual por parte de dos maestros y el acoso escolar (o bullying) que habría ejercido una profesora.
Los jóvenes -acompañados por algunas madres- colocaron un “tendedero” en la escalinata del plantel. En el lazo se colocaron cartas, pancartas y mensajes con narraciones anónimas de los casos en que las víctimas (hombres y mujeres) exponen las agresiones y los nombres de los acosadores.
Explicaron que han recibido mensajes por teléfono celular donde les han pedido fotografías de sus genitales; en otros letreros denuncian que ha habido tocamientos indebidos, ofrecimientos de regalos o calificaciones a cambio de que realicen actos de connotación sexual, entre otras conductas.
En entrevista, una de las estudiantes -que pidió reservar su identidad- informó que hay cuando menos dos maestros señalados y una docente que se burla de los estudiantes, de los que se burla porque no tienen padres o porque son de escasos recursos económicos.
Además, señaló que una de las empleadas administrativas les amenazó con darles de baja si no suspendían la protesta a la que habían invitado a los medios de comunicación desde el domingo pasado.
Por su lado, la escuela emitió un comunicado mediante el cual sostiene que no se tolerarán actos que agravien la integridad de las y los alumnos y se comprometen a conformar una comisión independiente para los hechos y deslindar responsabilidades.
Tras años de buscar justicia, no ha encontrado respuesta
Por otro lado, María Félix Ansaldo González denunció que su hijo con discapacidad fue víctima de abuso sexual por parte del padre biológico del joven, quien cometió este delito reiteradamente durante varios años. Exclamó que a pesar de haber buscado ayuda en diferentes instituciones y de haber iniciado la demanda formal ante la Fiscalía General del Estado, no ha encontrado justicia.
En conferencia de prensa realizada en la ofrenda a las víctimas que se encuentra a las puertas del palacio de gobierno -en el centro de Cuernavaca- la mujer pidió la ayuda de las autoridades, pues teme por su integridad y la de su hijo.
Explicó que la víctima, de nombre Andrés, sufrió hipoxia perinatal, lo que le causó una discapacidad neurológica.
De acuerdo con lo narrado por la madre, desde que él tenía siete años su entonces esposo y padre biológico del niño abusó de él. Ella había sospechado lo que había sucedido, al notar secreciones irregulares en el cuerpo del chico. Comentó que en esa ocasión tuvo un grave conflicto con el marido, pero por ignorancia aceptó lo que el agresor le decía.
Años después María Félix se separó del hombre y éste se llevó a su hijo y fue hasta que Andrés tenía 17 años cuando ella lo rescató, porque “lo tenía encerrado con candado, amarrado, y logré sacarlo y llevarlo conmigo que soy su madre… entonces, hace años fue cuando acudí con personal del DIF y me dijeron que ahí no me podían ayudar en nada, que eran conflictos familiares, que no había nada que hacer porque era el padre”.
Hace poco tiempo se enteró de que el delito de abuso sexual contra menores no prescribe, por lo que nuevamente habló con su hijo, quien le contó todo lo sucedido. Por lo tanto, en abril pasado inició la denuncia formal ante la Fiscalía.
Andrés, que tiene 30 años de edad, pero mentalmente “es como si tuviera cuatro o algo así”, fue sometido a exámenes de médicos legistas.
Después de todo lo vivido, la madre, clama por justicia porque a casi un año de la denuncia no hay avances en la investigación. Y lo peor es que el padre del joven cada vez que los encuentra los agrede física y verbalmente con amenazas.
Por lo anterior, la señora Ansaldo González pidió a las autoridades estatales que se le brinden medidas de protección y se le apoye para que se agilice la denuncia presentada por la vía penal.